Por la Dra. Ana María Hermosilla

Decana Facultad de Psicología UNMDP

 El tan resonado caso “Chano” refleja una situación que se repite diariamente y que no es algo que desde la Salud Mental se desconoce, las escenas que describen la fuerzas de seguridad frente a casos de padecimientos mentales y/o adicciones,  podrían ocupar todos los días varias páginas en cualquier medio de comunicación.

La Ley Nacional de Salud Mental 26,557, sancionada en 2010, ha constituido una norma de avanzada en la región, que incorpora los postulados de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y los estándares internacionales más modernos en el área; y que  a su vez,  es determinante  al establecer  que “las adicciones deben ser abordadas como parte integral de las políticas de salud mental”, y reconoce que todas las personas con consumo problemático de drogas, legal e ilegal, son sujetos de  derechos con  las garantías que la ley brinda.

Lineamientos

Desde 2013 se encuentra en vigencia en el país un protocolo elaborado por el Ministerio de Seguridad Nacional que define los lineamientos para todas las fuerzas de seguridad, en línea con la Ley de Salud Mental.

La realidad es que toda la formación policial y de todas las fuerzas de seguridad está pensada desde el eje de prevención y acción contra el delito. Su protocolo indica que los agentes deben llamar al equipo de salud y evitar la violencia.

Es importante resaltar que la ley prevé “internaciones involuntarias “ en casos de peligro cierto e inminente y que las mismas deben ser indicadas en forma interdisciplinaria por el equipo de salud mental.

Estas situaciones ponen en evidencia que es necesario seguir trabajando desde la Academia y desde las distintas Instituciones de Salud Mental a favor de la  implementación plena de la Ley,  a fin de contar con todos los recursos que necesitan las personas con padecimiento mental y sus familiares para recibir la atención adecuada y evitar que situaciones como esta continúen sucediendo.

En la provincia de Buenos Aires se está llevando a cabo, en plena pandemia, un enorme esfuerzo en reconvertir  los llamados neuropsiquiatricos.  Esto se haciendo a través de la atención de éstas patologías en todos los hospitales públicos, en  equipos móviles sanitarios y centros comunitarios.

Es necesario como sociedad y profesionales de la salud hacer un cambio cultural,  libre de discriminación y prejuicio, poniendo el foco en prácticas de cuidado en clave de derechos.

Desde la Facultad de Psicología UNMDP entendemos que el cuidado es un eje central de las políticas públicas, se vuelve urgente seguir trabajando en la inclusión y los derechos para todxs las personas.

Garantizar la seguridad de lxs ciudadanxs, en especial aquellas personas que  se encuentran en una situación de padecimiento mental, o atravesados por una situación de consumo problemático;  es un compromiso de las distintas Instituciones del Estado, entendiendo la seguridad como un instrumento para alcanzar la plena vigencia de los Derechos Humanos.