Los cambios previstos en el proyecto pusieron en alerta a sectores empresariales, sindicales e industriales. Los cambios en el Régimen Federal de Pesca y las posibles consecuencias.
Por Thomas Lahitte
La “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, más conocida como “Ley Ómnibus”, no dejó sectores indiferentes. Dentro de las amplias modificaciones que propone, una tocó de forma particular a Mar del Plata: la pesca. En la Sección III de la norma se establecen modificaciones a la 24.922, el Régimen Federal de Pesca.
A poco de conocerse el contenido del escrito, sectores empresariales y sindicales de la pesca y de la industria naval se expidieron en rechazo a la iniciativa. Los motivos van desde cuestiones de forma a contenido. Respecto a lo primero, todos aseveran no haber sido consultados. A su vez, destacan que a la fecha, no hay subsecretario de Pesca designado, un área que ahora estará bajo la órbita de Bioeconomía a cargo de Fernando Vilella. En cuanto a los efectos aseguran que podría perderse miles de puestos de trabajo así como ponerse en cuestión la soberanía del Mar Argentino, entre otros.
Mar del Plata, principal puerto pesquero del país y sede de muchos de los astilleros más relevantes de la Provincia, podría recibir el impacto directo. ¿Qué podría ocurrir de avanzar la Ley?
Los cambios en la normativa pesquera
Las partes hacen hincapié en la modificación o supresión de varios artículos. Por ejemplo el 24° determina el fin de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), es decir, la porción de mar restringida sólo para buques de bandera nacional y pertenecientes a empresas radicadas en el país.
En la misma línea, en el artículo 40°, se suprime el porcentaje de trabajadores embarcados argentinos que, hasta ahora, debía ser del 75%. De este modo, las empresas podrán contratar personal extranjero, quienes no están alcanzados por los convenios colectivos de trabajo vigentes.
A su vez, se suprime el artículo 25 que establece la “obligación de desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos”. De este modo, los recursos capturados en aguas nacionales podrán bajarse en cualquier otro puerto del mundo afectando actividades como la estiba.
Además, los cambios en el artículo 27° dejarían las cuotas de captura abiertas a una licitación entre empresas argentinas y extranjeras que muchos sectores entienden como desigual y perjudicial para el país.
El proyecto de resolución del Concejo Deliberante
La política local recogió el guante y, en una foto poco frecuente, se encontró en el marco de la comisión de Industria, Comercio, Pesca e Investigación donde fueron convocadas las cámaras empresarias, los sindicatos y legisladores marplatenses. El expediente fue presentado por Juan Manuel Cheppi (FR) y Miguel Ángel Gulgilemotti (UP) consiguiendo el apoyo de otros bloques del Legislativo.
En un recinto colmado hablaron los representantes gremiales de SIMAPE, SOMU, SOIP y guincheros; la titular de SPI y de ABIN, Sandra Cipolla; Fernando Rivera presidente de CAIPA; Mariano Retrivi conductor de ALFA; Diego García Luchetti titular de la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABA) y el empresario Antonio Solimeno así como los diputados provinciales Gustavo Pulti (Acción Marplatense) y Diego Garciarena (UCR). En los últimos días ya se habían expedido el intendente Guillermo Montenegro así como el senador nacional Maximiliano Abad.
El proyecto de resolución establece que el “Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon manifiesta su rechazo ante las modificaciones al Régimen Federal de Pesca propuestas por el proyecto “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” presentado por el Poder Ejecutivo Nacional ante el Congreso de la Nación Argentina”. Por otra parte, indica que dicha resolución se envíe a “ambas Cámaras del Congreso de la Nación, al Señor Ministro de Economía de la Nación y al Señor Presidente de la Nación”.