Con varias críticas, el Concejo aprobó la construcción de un edificio de 35 pisos en Alem y Falucho. Organismos de derechos humanos demandaron a legisladores por el proyecto que habilita a instalar un bar de gin en un predio cercano al Faro de la Memoria. Agustín Neme, a cargo del Ejecutivo por unos días.

La torre de la polémica

Por mayoría, el Concejo Deliberante aprobó ayer la habilitación para construir una torre de 35 pisos en Alem y Falucho, lo que implica una excepción al Código de Ordenamiento Territorial (COT), además de otro edificio de 3 niveles.

El proyecto contó con el apoyo del interbloque de Juntos por el Cambio (Vamos Juntos, Coalición Cívica y UCR) y los libertarios (Crear Más Libertad). Mientras que Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense se pronunciaron en contra.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, despertó polémica por llevarse a cabo en cercanías a otras propiedades de valor patrimonial, y por el aval para construir varios metros más de los permitidos en una zona residencial. La normativa autoriza hasta 7 metros, pero el edificio medirá 125.

En el oficialismo se remarcó la creación de puestos laborales con esta obra privada, algo que contó con el acompañamiento de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción). Mientras que vecinos de la zona se acercaron al recinto de sesiones y se opusieron. Incluso no se descarta una presentación judicial a futuro.

“Vamos a apoyar siempre el crecimiento, el desarrollo y el trabajo genuino”, sostuvo Angélica González (Coalición Cívica).

En la misma línea se refirió Florencia Ranellucci (Vamos Juntos) que habló de “la ciudad del sí”, y destacó a la obra privada como “un gran motor, que fomenta el empleo”.

Por Unión por la Patria, Valeria Crespo remarcó que la discusión “no es la generación de trabajo”, sino la construcción de un edificio que representa un “dislate urbanístico”, con 118 metros de altura “más de los permitidos”.

A su vez, sostuvo que al proyecto le falta un informe preliminar de Obras Sanitarias y de impacto ambiental.

En tanto, Horacio Taccone (AM) indicó que se trata de “una de las torres más altas de las construidas desde la vuelta de la democracia”. Y que pocas veces se vieron “tantas opiniones negativas en un mismo proyecto”.

Otro ítem que generó cruces en las últimas semanas son las compensaciones que se propusieron por los metros de más que el privado construirá. 

Por pedido del oficialismo, se estableció que deberán dirigirse a la puesta en valor de la Rambla. Sin embargo, el proyecto sería retomado próximamente por la Gobernación, ya que el sitio está bajo jurisdicción provincial.

En caso de que no se pueda concretar esto, el Ejecutivo determinará la compensación que “entienda necesaria en obras de infraestructura” para el municipio.

Denuncia penal

Previamente, el martes se dio a conocer una demanda penal contra 15 concejales por un proyecto aprobado el 8 de agosto pasado. Y que incluso generó más polémica que el de la torre en el barrio Stella Maris.

Se trata de la autorización que otorgó el Concejo para la instalación de un bar de gin en un predio lindero al Faro de la Memoria.

La ordenanza aprobada otorga a la sociedad de fomento Faro Norte el uso y explotación por 5 años de un terreno lindero al mencionado espacio de la memoria, donde funcionó la Escuela de Suboficiales de Infantería Marina (ESIM), un ex centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar. 

A su vez, habilita a la organización a “ceder total o parcialmente” el lugar a terceros (privados). Y se permite la instalación de locales gastronómicos con “elaboración artesanal de bebidas espirituosas por destilación”. Esto abre la posibilidad para que pueda abrir allí un bar de gin.

A raíz de ello, organismos de derechos humanos y ONGs, con el patrocinio del abogado César Sivo, denunciaron penalmente a los 15 concejales que aprobaron el proyecto (Agustín Neme, Cristian Beneito, Julián Bussetti, Mercedes Morro, Florencia Ranellucci y Guillermo Volponi, por Vamos Juntos; Marianela Romero, Daniel Núñez, Marina Sánchez Herrero, Gustavo Pujato y Ricardo Liceaga Viñas, por la UCR; Angélica González y Guido García, por la Coalición Cívica; y Cecilia Martínez y Emiliano Recalt, de Crear Más Libertad), además de la mencionada sociedad de fomento y la empresa de gin La Restinga, que estaría interesada en el predio en cuestión.

Los presuntos delitos son los de abuso de autoridad, administración fraudulenta y defraudación a la administración pública.

Al día siguiente, el intendente Guillermo Montenegro lanzó duras críticas a la presentación. “¿Desde cuándo el ámbito legislativo, representante de la población por elecciones democráticas, da una discusión y como no les gusta el resultado a unos pocos eligen denunciar?”, disparó.

Y fue más allá, vinculando a la oposición con la iniciativa en la Justicia:  “Basta de usar a los derechos humanos para sus propios intereses. El kirchnerismo perdió hace rato. Acéptenlo”.

Licencia

Luego de sus dichos sobre la denuncia, el miércoles se dio a conocer que Montenegro se tomó licencia por 4 días “por motivos personales”.

De esta manera, desde el miércoles y hasta mañana, el Ejecutivo Municipal queda a cargo de Agustín Neme, presidente del bloque de Vamos Juntos y primer concejal electo en la lista que tuvo al intendente en las elecciones del año pasado, donde se alzó con el triunfo.

Por su parte, la vacante que deja Neme en el Legislativo fue ocupada por Liliana Piccolo, quien se desempeña en la Dirección General de la Secretaría Privada del intendente.