Un cliente baleó a la pareja de una trabajadora sexual que la «vigilaba y cuidaba» en la zona de Champagnat. La agresión exhibe una problemática que rara vez ocupa el centro del debate público: la violencia estructural a la que están expuestas las trabajadoras sexuales en un contexto de criminalización, persecución y creciente clandestinidad.
La madrugada estaba avanzada y la escena era mínima: un auto detenido, las luces apagadas y el encuentro sexual pactado a pocos metros de la avenida Champagnat. Dentro del vehículo, un hombre y una mujer. Afuera, la oscuridad.
El clima se cortó de golpe cuando alguien se asomó por la ventanilla. Miró. Interrumpió lo que pretendían que fuera íntimo. Hubo gritos, forcejeo y tensión en segundos. El conductor bajó del auto, sacó un arma de fuego y disparó.
El tiro impactó en la cadera del «curioso». Cayó herido y fue socorrido por la trabajadora sexual, quien resultó ser su pareja. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). El tirador escapó y, hasta ahora, no fue identificado.
El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo. Con el correr de las horas, las fuentes policiales destacaron que tanto la víctima como la trabajadora sexual tenían antecedentes penales. La mujer dijo que su pareja la protegía de los riesgos de la calle, de la noche. La causa quedó en manos del fiscal Alejandro Pelegrinelli, bajo la carátula de abuso de armas y lesiones, mientras los investigadores analizan cámaras de seguridad para dar con el agresor.
Pero la escena no se agota en el disparo.
La ordenanza y la criminalización
Lo ocurrido esa noche no fue solo un hecho policial: fue la expresión extrema de una violencia cotidiana que rara vez ocupa el centro del debate público, pero que atraviesa todos los días a quienes ejercen el trabajo sexual en Mar del Plata.
En Mar del Plata, el trabajo sexual en la vía pública está regulado desde 2022 por la ordenanza 25.590/22. La norma establece que la oferta sexual solo puede realizarse en un sector específico de la avenida 10 de Febrero, a metros de los cementerios Parque y Colinas de Paz, entre las 22 y las 6. Fuera de ese perímetro y ese horario, tanto las trabajadoras sexuales como los clientes pueden ser multados.
Lejos de erradicar la actividad, distintas organizaciones advierten que la ordenanza empujó el trabajo sexual a condiciones de mayor clandestinidad, fragmentación territorial y exposición al riesgo.
La calle como territorio hostil
“A nosotras nos persigue mucho la patrulla municipal. Hay una ordenanza que nos criminaliza y estamos todo el tiempo sorteando operativos”, explica Victoria Disalvo, referente del colectivo trans e integrante de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual.
Según relata, las llamadas “zonas rojas” dejaron de ser espacios fijos para convertirse en áreas itinerantes. “Nos tenemos que repartir en varias zonas para no llamar la atención. No es que una elige, se va cambiando según la necesidad del momento”, señala.
Esa lógica de desplazamiento permanente aumenta los riesgos. “Estamos expuestas a la policía, a la gente, a personas que buscan droga o cualquier otra cosa. Tenemos que correr de la policía”, resume.
Entre los episodios que menciona aparece el de una trabajadora sexual que, ante un operativo, se subió a un árbol para evitar ser detenida. “La policía la bajó con palos. Fue completamente denigrante”, recuerda.
En ese contexto, la situación es aún más compleja para las travestis y trans, sobre todo a las migrantes. La ordenanza, que surgió también entre discursos de odio cada vez más recurrentes, parece haber habilitado a diferentes sectores de la sociedad para violentar a las travestis y trans.
Más clandestinidad, más violencia
Para el sociólogo Cristian Darouiche, especialista en diversidad sexual, derechos humanos e investigador del Conicet, existe una violencia diferencial que recae especialmente sobre mujeres trans y travestis.
“Las principales áreas de intervención del municipio fueron las zonas donde trabajaban mujeres trans y travestis, no donde trabajaban mujeres cis”, explica. “Eso ya marca una selectividad en la aplicación de la norma”.
Darouiche advierte que la criminalización no elimina el trabajo sexual, sino que lo vuelve más peligroso. “Cuando hay una ordenanza punitiva, hay menos capacidad de negociación, más clandestinidad y más violencia. El principal peligro muchas veces es la policía misma”, sostiene.
En ese contexto, cuestiones básicas como la negociación del uso del preservativo se vuelven más complejas. “Los clientes se sienten con más poder de decisión, porque saben que del otro lado hay miedo a denunciar”, agrega Disalvo.
El silencio como regla
La violencia no proviene solo del Estado. En la calle conviven clientes, fuerzas de seguridad y otras personas que se aprovechan de la vulnerabilidad extrema de las trabajadoras sexuales. “Hay quienes roban a las compañeras, las someten, porque saben que no pueden hacer nada”, explica Darouiche. “Saben que no van a denunciar”.
Ese silenciamiento forzado tiene consecuencias directas. “Han dejado tranquilos a los vecinos, pero los peligros aumentaron para las compañeras y para sus vidas”, advierte el sociólogo.
En un clima de incremento de los discursos de odio y estigmatización, las personas trans y travestis quedan expuestas a una violencia direccionada y específica, que rara vez llega a convertirse en denuncia o estadística.
Más allá del disparo
El disparo ocurrido en Champagnat fue noticia. La violencia cotidiana que atraviesa a las trabajadoras sexuales no. Sin embargo, es esa trama, construida a base de persecución, odio, discriminación, vulnerabilidad, estigma y clandestinidad, la que crea las condiciones para que la violencia estalle. Para que un disparo pueda volver a repetirse.