El asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe reactivó el debate por la baja de la edad de imputabilidad. Con datos oficiales, voces del Gobierno, la Justicia, la educación, la Iglesia, el territorio y familiares de víctimas, un recorrido por un debate complejo que enfrenta castigo, prevención y la ausencia del Estado.
Por Juan Manuel Salas
El asesinato del adolescente Jeremías Monzón en Santa Fe, en un hecho en el que participaron otros tres pibes menores de 15 años, volvió a poner en el centro del debate la baja de la edad de imputabilidad en la Argentina. La conmoción social, el reclamo de justicia y la participación de adolescentes inimputables reactivaron una discusión que atraviesa al país desde hace décadas.
En ese contexto, el Gobierno nacional incorporó al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso los proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil, entre ellos la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Desde el oficialismo, la respuesta volvió a ordenarse bajo una consigna conocida: tolerancia cero.
Las preguntas, sin embargo, son las mismas de siempre. ¿Alcanza con castigar antes a un pibe? ¿Qué muestran los datos? ¿Qué pasa antes de que un chico llegue al delito? ¿Y qué respuestas tiene hoy el Estado cuando ese recorrido ya está en marcha?
Tolerancia cero: la respuesta del Gobierno
Desde el Ejecutivo nacional, la baja de la edad de imputabilidad forma parte de una política de seguridad más amplia. La exministra de Seguridad, y actual senadora Patricia Bullrich, es una de las voces más enfáticas al justificar la necesidad de endurecer la respuesta penal frente a delitos graves cometidos por adolescentes.
“Hoy vemos cómo utilizan a soldaditos los narcos. Vemos cómo jóvenes de 14 o 15 años asesinan y vuelven a su casa como si nada hubiera pasado. Por eso estamos planteando la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años”, sostuvo al presentar el paquete de reformas en materia de seguridad.
Bullrich remarcó que se trata de una discusión postergada durante décadas. “El tema de la edad de imputabilidad hace más de 30 años que se discute”, afirmó, y defendió la necesidad de dar una señal clara frente a los delitos violentos. En la misma línea, sintetizó el espíritu del proyecto con una consigna directa: “Tenés 13 años: si las hacés, las pagás”.
El presidente Javier Milei respaldó públicamente esa postura y la inscribió dentro de su concepción general del orden. “Necesitamos tolerancia cero, porque el que las hace las paga”, expresó al referirse a la inseguridad y a lo que considera un esquema de impunidad.
Para el Gobierno, la edad no puede funcionar como un límite cuando se trata de crímenes extremos. En ese marco, la baja de la imputabilidad aparece como una herramienta central para reforzar el castigo, disuadir futuras conductas delictivas y responder a la demanda social de justicia frente a hechos que generan conmoción pública.
Qué muestran los datos oficiales
Más allá del impacto y la amplificación en redes sociales, las estadísticas oficiales permiten dimensionar el fenómeno de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal en la Provincia de Buenos Aires, donde rige el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil establecido por la Ley 13.634.
Los datos del sistema penal juvenil bonaerense muestran que más del 94% de las causas penales con adolescentes involucran a jóvenes de 16 y 17 años, es decir, chicos que ya son imputables según la legislación vigente. Los menores de 15 años —hoy inimputables— representan una proporción reducida del total de intervenciones judiciales.
En cuanto al tipo de delitos, cerca del 70% de las causas del sistema penal juvenil corresponden a delitos contra la propiedad, principalmente robos y hurtos. Muy por detrás aparecen los delitos contra las personas y, dentro de ese universo, los homicidios representan menos del 1% del total de los hechos atribuidos a niños y adolescentes.
Los datos oficiales muestran así que los casos de violencia extrema protagonizados por menores existen y generan una fuerte conmoción social, pero constituyen una porción mínima del conjunto de intervenciones judiciales, muy lejos de describir el funcionamiento general del delito juvenil.
La ley actual también desmiente la idea de que los niños inimputables no reciben ninguna respuesta del Estado. La Ley 13.634 establece mecanismos específicos para intervenir en casos graves, aun cuando el menor no pueda ser juzgado penalmente.
El artículo 64 del régimen provincial lo establece de forma expresa:
“En casos de extrema gravedad en los que las características del hecho objeto de intervención del sistema penal aconsejen la restricción de la libertad ambulatoria del niño inimputable, el Fiscal podrá requerir al Juez de Garantías el dictado de una medida de seguridad restrictiva de libertad ambulatoria, en los términos previstos por la legislación de fondo”.
Esto implica que, ante hechos de extrema gravedad, el sistema judicial puede disponer la restricción de la libertad de un menor inimputable, aunque no bajo la figura de una condena penal. Se trata de medidas de seguridad que buscan responder al hecho sin aplicar una pena criminal.
Las cifras oficiales muestran, además, que la cantidad total de causas con menores no presenta un crecimiento explosivo en los últimos años. Esto no relativiza la gravedad de los casos extremos, pero permite ubicar el fenómeno en su dimensión real y entender que el debate no se da en un vacío normativo, sino dentro de un sistema que ya prevé intervenciones específicas.
El crimen de Mora Negretti
Mora Negretti fue asesinado en la madrugada del 19 de junio de 2022 en la intersección de Sarmiento y Rawson, en Mar del Plata. El joven, que no residía en la ciudad y había llegado para celebrar su cumpleaños, se encontraba junto a su amigo y las parejas de ambos en una parada de colectivos.
La agresión se produjo tras una discusión con un grupo de personas que arrojaban bolsas con hielo desde el séptimo piso de un edificio. En el departamento se encontraban Bibbó, Marilyn Brisa Vera González y dos menores de edad inimputables.
Tras el enfrentamiento, Mora Negretti fue atacado con un arma blanca y recibió al menos seis puñaladas por la espalda. Fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde falleció. Su amigo sufrió lesiones leves.
El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad. En un primer momento fueron aprehendidos dos menores de 13 y 14 años, pero quedaron liberados de responsabilidad penal por su edad. Al día siguiente fueron detenidos Bibbó y Vera González, entonces pareja, imputados por el crimen en distintos roles.
El proceso judicial atravesó una extensa serie de planteos procesales vinculados al tipo de juicio, con apelaciones, conflictos de competencia y la intervención de distintos tribunales. Finalmente, la causa llegará a juicio en marzo, a cuatro años de ocurrido el crimen, lo que profundizó el reclamo de justicia por parte de la familia de la víctima.
“Ningún menor tiene derecho a quitar una vida”
Luis Mora, padre de Mora Negretti, habla desde un lugar donde no hay estadísticas ni tecnicismos posibles. “Es un dolor inconmensurable”, dice. Desde el velatorio de su hijo comenzó a impulsar un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. Reunió más de 80 mil firmas, se reunió con legisladores y logró que su propuesta llegara al Congreso.
“No me importa con qué nombre salga la ley. Me importa que salga”, insiste. Sabe que la reforma no será retroactiva y que los menores involucrados en el crimen de su hijo no serán juzgados penalmente, pero afirma que su lucha apunta al futuro. “Quisiera que otros padres no tengan que pasar por lo que pasé yo”.
Su discurso combina dolor, bronca y una demanda concreta de responsabilidad. “Hay mucha gente siendo dañada por menores que están en la calle por falta de contención, por falta de educación, por falta de un montón de cosas”, enumera. En su proyecto, incluso, propone que los padres de los menores que delinquen asuman responsabilidades cuando no se cumplen las pautas fijadas por la Justicia.
Mora reconoce que el problema excede lo penal, pero cree que sin castigo no hay límite. “Hoy los agarran y al otro día están otra vez en la calle. Eso genera impotencia”, resume. Su voz introduce una tensión inevitable en el debate: el choque entre el dolor irreparable y las limitaciones del sistema penal.
El miedo cotidiano
Desde el centro de Mar del Plata, el comerciante Iván del Palacio describe una escena que, asegura, se repite todos los días. “En el centro se ven banditas de chicos de no más de 14 años que recorren las calles”, afirma. A eso se suman los llamados “rompe portones”, grupos que durante la madrugada intentan forzar ingresos a garajes de edificios.
En los barrios, agrega, la situación adopta otras formas. “Hay pibes que roban motos casi como si fuera un deporte”, dice. Del Palacio aclara que no se trata de estadísticas oficiales sino de una percepción construida a partir del contacto diario con robos, intentos de robo y denuncias informales.
“Vos abrís el local con miedo. Ves que los agarran y al otro día están de nuevo en la calle. Y la bronca crece”, resume. En ese clima, explica, la baja de la edad de imputabilidad aparece para muchos comerciantes como una respuesta inmediata, aun cuando no resuelva el problema de fondo.
Los límites del castigo
Los fiscales Marcelo Yáñez Urrutia y Walter Martínez Soto, del fuero penal juvenil de Mar del Plata, coinciden en un punto central: bajar la edad de imputabilidad, por sí sola, no resuelve la inseguridad y puede incluso generar efectos contrarios si no va acompañada de políticas públicas sostenidas.
Para Yáñez Urrutia, el problema empieza mucho antes del delito. “Si bajar la edad apunta a resolver la inseguridad, no es el mecanismo”, sostiene. Educación, familia, escuela, clubes y dispositivos territoriales aparecen como factores clave, hoy debilitados. El fiscal remarca además el peso del consumo problemático de drogas, que atraviesa a muchos de los chicos que llegan al sistema penal juvenil. “Muchas veces el pibe llega a la Justicia cuando ya pasó por todos lados y nadie logró sostenerlo”, explica.
Desde su experiencia cotidiana, advierte que el sistema judicial termina absorbiendo una demanda social que no le corresponde en exclusiva. “Los fiscales podemos investigar, pedir detenciones, llevar a juicio y solicitar condenas. Pero si no hay recursos humanos y económicos para trabajar con esos chicos antes y después, vamos a estar exactamente en la misma situación”, afirma.
El fiscal reconoce la bronca social frente a los casos extremos. “Da bronca que un chico de 14 o 15 años mate a alguien. Eso es innegable”, admite. Pero advierte que el castigo sin dispositivos adecuados se vuelve simbólico. “Si no hay institutos especializados, equipos interdisciplinarios y seguimiento real, la privación de libertad termina siendo solo una respuesta política”, resume.
Por su parte, Martínez Soto aporta una mirada más estructural y de largo plazo. Para él, el derecho penal juvenil suele usarse como una forma de “calmar las aguas” frente a una problemática compleja. “Se recurre al derecho penal como estocada final”, explica, “cuando en realidad es un proceso cuyos resultados no se ven en un gobierno, sino en dos o tres generaciones”.
Martínez Soto pone el foco en las condiciones reales de encierro juvenil. “Las cárceles de jóvenes no resocializan”, afirma. Describe contextos de aislamiento, falta de educación y escasas oportunidades de formación laboral. “Cuando salen, no solo no están mejor: salen peor”, advierte. En ese escenario, endurecer penas sin modificar el contexto implica repetir errores conocidos.
“El problema es pensar que bajando la edad se soluciona algo”, reflexiona. “Hoy bajás la edad, metés una pena y decís ‘vieron lo que pasa’. ¿Y cuando sale? ¿Qué hacemos?”. Para el fiscal, legislar sin recursos ni planificación es correr el problema un casillero más adelante, sin resolverlo.
El encierro, el final del camino
Desde la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García cuestiona la baja de la edad de imputabilidad desde una perspectiva sostenida en datos y monitoreos permanentes del sistema penal. “No estamos frente a una epidemia de delito juvenil”, afirma. Incluso en el caso de los delitos más graves, como el homicidio, señala que los episodios protagonizados por niños y adolescentes son excepcionales.
Cipriano García advierte que el discurso público suele sobredimensionar el rol de los menores en el delito. “Un solo caso es tremendo y conmociona, pero no puede convertirse en el parámetro para diseñar políticas públicas”, explica. Según los registros de la CPM, la mayoría de los chicos que entran en contacto con el sistema penal lo hacen por delitos contra la propiedad.
El referente del organismo también cuestiona una idea muy instalada: que los menores inimputables quedan fuera de toda intervención estatal. “Eso es falso”, sostiene. “Hoy ya hay chicos privados de libertad bajo lo que la ley llama medidas de seguridad”. En la práctica, explica, se trata de encierros efectivos, aunque no se los nombre como penas.
El problema, para la CPM, es qué ocurre dentro de esos dispositivos. “Son lugares de encierro violentos, con aislamiento prolongado, enormes dificultades para acceder a la educación y sin formación laboral real”, describe. “No hay resocialización posible en esas condiciones: lo que se hace es profundizar el camino del delito”.
Cipriano García también advierte sobre prácticas ilegales o irregulares, como internaciones compulsivas sin control judicial suficiente o derivaciones a comunidades terapéuticas sin habilitación. “Cuando no hay políticas públicas de niñez, todo se resuelve con policía y justicia”, señala.
Para la CPM, la discusión sobre la imputabilidad mira solo el final del recorrido. “El Estado aparece para sancionar cuando todo lo demás ya falló: la escuela, la salud, la familia, el territorio”, resume.
La necesidad de una reforma ética
La postura de la Iglesia también fue expresada públicamente por comunidades y espacios pastorales que se alinearon con el documento de la Conferencia Episcopal Argentina, que cuestionó la baja de la edad de imputabilidad y reclamó “más educación, más comunidad” para niños y jóvenes.
En uno de los pronunciamientos difundido el 31 de enero, se advierte que el proyecto oficial “busca acusar a la víctima y no tocar al verdadero victimario”, al que identifican como “el abandono del Estado, el avance del hambre y la pobreza, el crecimiento del narcotráfico y los mercaderes de muerte”.
El texto agrega una definición que resume la posición eclesial frente al enfoque punitivo: “Siempre dijimos que ningún niño nace chorro”, y sostiene que bajar la edad de imputabilidad implica “crear una nueva estructura de injusticia social”, al responder con castigo a situaciones de exclusión estructural.
Desde la pastoral social, Ana Laura Vulcano plantea una posición que intenta correrse de los extremos. “El régimen penal juvenil necesita una reforma, de eso no hay dudas”, afirma. “Pero no puede pensarse solo desde el castigo”.
Vulcano reconoce que este planteo suele generar rechazo en quienes atravesaron una experiencia de victimización. “Decir esto a una víctima suena casi ofensivo”, admite. “El dolor es real, legítimo y no admite relativizaciones”. Sin embargo, advierte que una ley no puede pensarse solo desde el impacto emocional del caso inmediato.
La referente de la pastoral señala un abandono estructural que atraviesa distintas áreas del Estado. “Hay chicos de 12 o 13 años que no van a la escuela, que no tienen seguimiento de salud, que viven situaciones de violencia o consumo problemático”, describe. “Eso no es solo responsabilidad de las familias. Hay un Estado que no llega o llega mal”.
El narcotráfico aparece como un punto ciego del debate. “Se habla poco y nada de drogas, de salud mental, de prevención”, señala. “Sin discutir eso, bajar la edad de imputabilidad es una respuesta incompleta”. Vulcano plantea una pregunta concreta: “Si mañana baja la edad, ¿dónde van esos chicos? ¿A qué instituciones? ¿Con qué equipos?”.
Desde su experiencia en dispositivos de acompañamiento, asegura que la posibilidad de transformación existe. “Son niños y adolescentes. Si no creemos que hay posibilidad de cambio, entonces cerramos la escuela, cerramos la política pública y dejamos solo el castigo”, afirma.
Para la Iglesia, el debate no es entre castigo sí o no, sino qué tipo de sociedad se construye cuando la cárcel aparece como la única respuesta estatal frente a la exclusión.
Pibes solos en los barrios
En los barrios populares la desigualdad golpea distinto. Y también los pibes reciben golpes diferentes. Emilce Rodríguez, referente de Barrios de Pie, baja el debate a la experiencia cotidiana. “La discusión sobre la edad de imputabilidad también existe en los barrios”, aclara. “No es que ahí todos piensan igual. Hay bronca, miedo y cansancio”.
Rodríguez describe una inseguridad que golpea de manera desigual. “No es lo mismo que te roben el auto que tener una sola moto para laburar y perderla”, explica. En los barrios populares, dice, el delito impacta sobre lo poco que hay y genera un malestar profundo entre vecinos.
Sin embargo, cuestiona la generalización que pone el foco exclusivamente en los menores. “¿Quién está detrás del narcotráfico, del negocio de las autopartes, de la droga?”, se pregunta. Para Rodríguez, los pibes no son los jefes del delito, sino la cara más visible y descartable.
El problema central, insiste, es la soledad. “Los pibes están solos”, repite. “El Estado se fue retirando, primero con políticas a medias y después con parches”. En ese vacío, explica, el narcotráfico organiza el territorio, ofrece pertenencia y reglas, y termina captando a chicos cada vez más jóvenes.
Rodríguez también pone en discusión la idea de que la inseguridad sea igual para todos. “Golpea distinto según el lugar social”, afirma. Y advierte sobre un “caos organizado” que justifica políticas punitivas sin planificación a largo plazo.
Para la referente territorial, bajar la edad de imputabilidad no ataca el problema de fondo. “Ese pibe de 12 o 13 años pasó por el jardín, por la primaria, por el sistema de salud. En algún momento el Estado lo vio —o eligió no verlo—”, concluye. “Eso no se arregla con una ley penal”.
La impunidad no educa
La expresidenta del Consejo Escolar, profesora en Educación Especial, acompañante terapéutica y licenciada en Educación, Mónica Lence, plantea una postura que rompe con el consenso predominante entre fiscales, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Está a favor de la baja de la edad de imputabilidad.
“Estoy a favor porque el que comete un delito sabe lo que hace, tenga 15 o tenga 30 años”, afirma. Para Lence, el problema no es solo social o económico, sino también pedagógico. “La impunidad no educa. Al contrario”, sostiene, y aclara que su mirada no surge de una posición teórica sino de la experiencia directa en escuelas públicas.
“He visto escuelas destruidas por chicos que sabían perfectamente lo que hacían y sabían también que no iba a haber consecuencias”, relata. En ese sentido, considera que la ausencia de sanciones claras también es una forma de abandono del Estado. “No poner límites es tan dañino como no garantizar derechos”, advierte.
Lence no niega el peso del contexto social. Reconoce que la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades explican gran parte de las trayectorias de exclusión. Sin embargo, marca un límite: “El contexto explica, pero no puede anular la responsabilidad”. Para ella, desligar completamente a los adolescentes de sus actos termina siendo una forma de desresponsabilización que perjudica tanto a la comunidad educativa como a los propios chicos.
Desde su mirada, sin límites claros no hay educación posible, ni dentro de la escuela ni fuera de ella. “La escuela también enseña normas, convivencia y consecuencias. Cuando eso desaparece, lo que queda es el caos”, resume. Y advierte que ese vacío no solo impacta en los procesos educativos, sino que termina expulsando a docentes y estudiantes de instituciones que quedan sin herramientas para sostener la convivencia.
Su testimonio introduce un contrapunto central en el debate: la idea de que educar también implica sancionar, y que la falta de respuestas frente a la violencia escolar y social no siempre protege a los más vulnerables, sino que muchas veces los deja aún más expuestos.
Sedronar y la débil responsabilidad del Estado
Desde el trabajo territorial en barrios populares de Mar del Plata, Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación aporta una mirada clave sobre el vínculo entre consumo problemático, exclusión social y conflicto con la ley penal. Soledad Elizalde, coordinadora del Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) del barrio El Martillo, advierte que bajar la edad de imputabilidad no solo no resuelve el problema, sino que debilita aún más la responsabilidad del Estado sobre niños y adolescentes.
“Cuando baja la edad de imputabilidad, también baja la responsabilidad del Estado respecto del acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes”, sostiene. Y recuerda que existen leyes específicas que obligan al Estado a garantizar derechos básicos antes de cualquier respuesta penal. “Esa responsabilidad está legislada, no es opcional”, remarca.
Elizalde pone el foco en los datos locales, que contradicen el discurso de una supuesta ola de delitos graves cometidos por menores inimputables. Según explicó en base a registros judiciales, entre agosto de 2024 y agosto de 2025 se tomaron apenas 40 medidas de seguridad con menores inimputables en Mar del Plata, en todos los juzgados de la ciudad. En el período siguiente, entre agosto y diciembre, hubo un solo caso, y en enero tres más. En lo que va de febrero, ninguno.
“No estamos hablando de delitos graves como homicidios o robos con armas de fuego”, aclara. “En todos esos casos se trató de delitos donde el juez entendió que correspondía una medida de resguardo”. Para Elizalde, en una ciudad del tamaño de Mar del Plata, esas cifras muestran que el fenómeno es absolutamente marginal.
Desde su experiencia en los DTC de El Martillo, Casa Caracol (barrio Malvinas Argentinas) y Bosque Grande, cuestiona el sentido mismo de la reforma. “¿Qué esperamos que genere bajar la edad de imputabilidad?”, se pregunta. “¿Que tres o cuatro chicos modifiquen algo porque ahora son imputables?”. Y plantea una pregunta clave: “Si un chico de 13 años comete un delito, ¿qué tenemos para ofrecerle después?”.
Elizalde también cuestiona la idea de que el castigo funcione como disuasión. “Un chico de 13 o 14 años no lee la ley penal”, explica. “Y muchos ni siquiera están escolarizados, que es donde se conocen los derechos”. Desde esa lógica, sostiene que el miedo al castigo no modifica conductas, y que el encierro temprano solo refuerza trayectorias de exclusión.
Otro dato que aporta es la dimensión de género del problema. “No hay niñas menores de 15 años imputadas por delitos graves”, señala. “El problema está fuertemente concentrado en varones”, lo que obliga, según ella, a preguntarse qué modelos, expectativas y salidas ofrece la sociedad a esos jóvenes en los barrios.
Para Elizalde, la discusión sobre imputabilidad esquiva el núcleo del problema porque castigar es más sencillo que invertir. “Es más fácil bajar la edad que pensar cómo garantizar escuela, salud, urbanización, trabajo para las familias y alternativas reales”, resume. Y concluye: “No es un debate de derecha o izquierda. Estamos hablando de niños y adolescentes que son responsabilidad de toda la sociedad. Darle más poder a la policía no es una solución humana”.
La necesidad de un debate serio
Un solo homicidio cometido por un pibe alcanza para obligar a repensar el sistema penal y, sobre todo, qué tipo de sociedad queremos. Negarlo sería irresponsable. Pero también lo es creer que el castigo temprano, por sí solo, puede resolver problemas más complejos, más profundos, que se gestan mucho antes.
Entre la necesidad de una respuesta a la víctimas, la urgencia de un castigo y la ausencia de políticas sostenidas, el debate sobre la edad de imputabilidad vuelve a mostrar una deuda estructural de la sociedad: muchos chicos solo conocen al Estado cuando ya es demasiado tarde, cuando la única respuesta es el castigo y el encierro.