El oficialismo busca un debate exprés y ningún funcionario asistirá al Concejo para contestar preguntas. La Justicia Federal llamó a declaración testimonial a dos miembros claves del Gobierno local. La Comisión Por la Memoria volvió a denunciar abusos por parte de la Patrulla Municipal y Neme salió al cruce.
Presupuesto 2026
El oficialismo busca no solo hacer valer su mayoría para aprobar el paquete de ordenanzas que integran el Presupuesto 2026, sino también avanzar con un debate legislativo exprés.
Así se dejó entrever en el primer tratamiento que se le dio a la proyección de gastos y recursos para este año. Marcelo Cardoso, presidente de la comisión de Hacienda, anunció esta semana que cada bloque tendrá cinco días (hasta el lunes 9 de febrero) para presentar sus preguntas al Ejecutivo Municipal.
Además, ningún funcionario asistirá a la comisión para defender el Presupuesto 2026, sino que las consultas se contestarán por escrito. Esto va en contra de los usos y costumbres del Concejo Deliberante, y contradice la metodología de trabajo que se venía desarrollando.
Por caso, en los últimos dos años, asistió a la comisión de Hacienda el secretario de Hacienda, Mauro Martinelli, así como la conducción de Obras Sanitarias (OSSE). Durante el primer Gobierno de Guillermo Montenegro incluso fueron convocados todos los secretarios y los cuatro presidentes de los entes descentralizados.
Una dinámica casi idéntica se decidió con OSSE ayer. Tomás Amato, presidente de la empresa, no asistirá al Concejo y solo contestará preguntas por escrito, que también podrán ser formuladas hasta el lunes.
“No se animan a dar la cara. Los funcionarios de Montenegro y Neme decidieron no presentarse. ¿Tanta vergüenza les da?”, disparó el bloque de Unión por la Patria.
Concesión
La Justicia Federal puso los ojos en la concesión del Estadio José María Minella, hoy en manos de la firma Minella Stadium S.A.
El Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora citó a declaración testimonial a dos funcionarios de peso: Mauro Martinelli, titular de Hacienda, y Sebastián D’Andrea, presidente del Emder (Ente Municipal de Deportes y Recreación). Deberán presentarse el próximo 24 de febrero.
Esto se da en el marco de la causa por presunto lavado de activos de Sur Finanzas, que podría tener una vinculación con la licitación que ganó Minella Stadium.
La financiera fue años atrás sponsor de Banfield durante la segunda presidencia de Eduardo Spinosa (estuvo en funciones entre 2021 y 2024). El dirigente, a su vez, tiene una relación cercana con los popes de la AFA: Claudio “Chiqui” Tapia (presidente) y Pablo Toviggino (tesorero).
De hecho, Spinosa asistió a la primera apertura de sobres de la licitación del Estadio Mundialista, el 29 de abril pasado, junto con el presidente de Minella Stadium, Rafael Trevisán, entre otros. El exdirigente se presentó a modo de “nexo” entre la firma y AFA, uno de los requisitos del pliego licitatorio para la concesión del Minella.
Cabe recordar que, a mediados de diciembre, la Justicia había llevado a cabo diversos allanamientos en el país por esta causa, y uno de los lugares elegidos fue Mar del Plata.
CPM y Patrulla
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus por la denuncia de un cuidacoches que aseguró haber sido golpeado por efectivos de la Patrulla Municipal en el marco de un operativo en el Paseo Dávila.
Si bien el recurso tiene alcance individual, el juez Gabriel Bombini le ordenó al gobierno local acatar una sentencia dictada en julio del año pasado. En aquel entonces, el Juzgado de Garantías Nº4 ordenó evitar “todo despliegue de operativos por parte de la Patrulla Municipal sobre personas en situación de calle que impliquen violencia física o verbal”.
“Nos están denunciando por cuidar a los vecinos de los violentos extorsionadores que amenazan y se adueñan del espacio público”, retrucó el intendente Agustín Neme a través de sus redes oficiales.
Según el jefe comunal, este nuevo fallo no es contra él, sino contra “los marplatenses a quienes la Patrulla Municipal protege”.
En un tono confrontativo, Neme se refirió a la CPM como un “organismo provincial, financiado con los impuestos de todos los bonaerenses”.
“Los empleados estatales no pueden destinar el tiempo, recursos y dinero público a perseguirnos a quienes estamos del lado del vecino”, cuestionó.
De cara al futuro, sostuvo la postura oficial más allá de los planteos de la Justicia. “Los trapitos que están en la calle extorsionando y los ocupas de terrenos y casas son delincuentes. Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que empezamos hace seis años: defender al vecino, sostener el orden y hacernos cargo”, sentenció.