El Gobierno consiguió dos importantes victorias en el Congreso. La sesión estuvo marcada por un fuerte debate político y protestas con incidentes en las inmediaciones.
El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aprobó también la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en una jornada marcada por protestas y disturbios en las inmediaciones del Congreso. La reforma del régimen laboral fue el eje central del debate y se sancionó con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, mientras que el nuevo régimen penal juvenil obtuvo 44 votos positivos y 27 negativos.
La votación por la reforma laboral reflejó un desenlace bastante holgado en favor del Gobierno, en línea con las estimaciones previas: 42 votos a favor, 28 negativos y dos abstenciones (Natalia Gadano y José Carambia)
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien participó de forma protagónica en las negociaciones para destrabar los consensos con sectores dialoguistas, se mostró eufórica tras el resultado y se llevó todas las miradas.
Al final de la sesión, la ex ministra de Seguridad arengó a su tropa y juntó al resto de los senadores libertarios para una foto que registrara el momento de pleno júbilo, que se convierte en un hito en la gestión de Javier Milei.
De esta manera, la Cámara alta convalidó la modificación aplicada en Diputados, que eliminó el polémico artículo 44 que proponía reducir hasta un 50% el sueldo a personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.
La norma aprobada incluyó artículos cuestionados por la oposición como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.
El debate
El senador nacional de La Libertad Avanza por Chaco, Juan Cruz Godoy, defendió la iniciativa y sostuvo que “esta ley es producto de un profundo proceso democrático de debate y negociación”.
El legislador destacó que la norma incorpora nuevas definiciones sobre el salario y los beneficios laborales con el objetivo de reducir la litigiosidad y generar mayor previsibilidad en las relaciones laborales.
También remarcó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado como una herramienta para brindar mayor certeza a empleadores y trabajadores ante eventuales despidos.
Según Godoy, la ley busca incentivar el empleo privado con medidas específicas para pequeñas y medianas empresas, responsables de más del 70% del trabajo en el país. En ese marco, subrayó la incorporación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) como complemento del esquema de promoción de grandes inversiones.
Desde la oposición, el senador camporista Mariano Recalde cuestionó con dureza el proyecto y lo calificó como “una ley monstruosa” por su alcance y contenido.
El legislador advirtió que la norma “contiene muchísimas inconstitucionalidades” y anticipó que será judicializada.
Recalde sostuvo que la reforma “empieza a expulsar por fuera del derecho laboral a cada vez más trabajadores” y cuestionó especialmente el sistema de banco de horas, que según su interpretación permitiría jornadas laborales de hasta 12 horas sin pago de horas extras.
También criticó el Fondo de Asistencia Laboral, al que definió como un mecanismo que “subsidia despidos en lugar de evitarlos”.
Según el senador opositor, la reforma generará mayor incertidumbre jurídica y no garantiza la creación de empleo.
La senadora Ana Marks (Justicialista) afirmó que desde el peronismo rechazan “esta ley de reforma laboral porque es esclavista , porque es flexibilizadora, porque lejos de modernizar nos devuelve al 1800”.
También justificó su rechazo al denunciar que la reforma “destruye los derechos laborales e intenta destruir la dignidad del pueblo trabajador en cada uno de los artículos en los cuales no hemos encontrado nada a favor de los trabajadores”.
“La rechazamos porque es inconstituconal y porque es absolutamente mentira que vaya a generar empleo”, sumó la camporista rionegrina.
A su turno, la pampeana Victoria Huala (PRO) valoró la eliminación del polémico artículo 44, y señaló la importancia de tener aprobada la reforma laboral.
“Apoyar esta ley no es apoyar a las grandes empresas o a ‘patrones malos’, como algunos nos quieren hacer creer. Apoyar esta reforma laboral es apoyar a las pymes, al empleo real”, subrayó.
La senadora Cristina López (Justicialista) anticipó que su voto sería “en defensa de su provincia, en defensa de cada trabajador fueguino que hoy vive con miedo y con angustia”.
“No vamos a mirar para otro lado mientras la industria fueguina se apaga y no soy cómplice del apagón de la industria nacional”, manifestó la fueguina.
El santafesino Marcelo Lewandowski (Justicialista) aseguró que “esta ley de reforma laboral no moderniza, precariza”.
“No vamos a acompañar una ley que lo único que hace es perjudicar a trabajadores. Y venimos de una fuerza política donde capital y trabajo van de la mano, porque no estamos en contra de los empresarios”, sostuvo.
A continuación le tocó tomar la palabra a su compañero de bancada Daniel Pablo Bensusán, quien subrayó que “los derechos del trabajador deben respetarse y no pueden eliminarse reformando la ley laboral”.
“La progresividad y la no regresividad no es una cuestión ideológica, es una cuestión de respeto de la Constitución y del sistema democrático”, enfatizó el senador peronista pampeano.
Andrea Cristina, del PRO, instó a “actualizar la legislación laboral” ya que “es importante que Argentina sea competitiva, previsible y responda a las necesidades del mercado laboral actual”.
“Este proyecto lo hace manteniendo los derechos del trabajador previstos en la ley laboral vigente”, opinó la legisladora chubutense.
El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cargó fuertemente contra el proyecto de reforma laboral al que calificó como “una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino”.
En su discurso de cierre, el formoseño denunció un “tratamiento exprés de una ley que afecta a 20 millones de personas”, y vaticinó que “va derecho al conflicto judicial”.
“Es una ley anti trabajador. ¡Que dejen de mentir! ¡Perjudica terriblemente al trabajador!, protestó.
Baja de la edad de imputabilidad
En la misma sesión, el Senado aprobó la reforma del régimen penal juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa fue aprobada por 44 votos a favor y 27 en contra.
El oficialismo argumentó que la medida responde al aumento de delitos cometidos por menores de entre 12 y 15 años y a la necesidad de reducir situaciones de impunidad.
Además, sostuvo que muchas organizaciones delictivas utilizan menores porque no pueden ser procesados penalmente y que la reforma apunta a desalentar esa práctica.
El proyecto original establecía la imputabilidad desde los 13 años, pero durante el tratamiento parlamentario el oficialismo aceptó elevar el límite a 14 para asegurar el acompañamiento de bloques aliados.
Desde el Gobierno también señalaron que el nuevo esquema busca actualizar una legislación vigente desde 1980 y adecuarla a la realidad actual.
Según datos comparativos mencionados durante el debate, países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú fijan la imputabilidad en 14 años, mientras que otros países de la región la establecen en 12.
Disturbios y tensión en el Congreso
Mientras se desarrollaba la sesión, se registraron momentos de tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso.
Efectivos policiales aplicaron el protocolo antipiquetes y cortaron el tránsito en la zona, mientras grupos de manifestantes se concentraban en Plaza Congreso y en distintos puntos del centro porteño.
La Policía de la Ciudad detuvo a cinco personas en las inmediaciones del Congreso. Uno de los arrestados fue identificado como participante de los incidentes ocurridos durante las protestas del 11 de febrero, cuando se arrojaron bombas molotov.
A otros cuatro detenidos se les secuestraron piedras, pirotecnia, tijeras, manoplas metálicas, gomeras y municiones de acero.
También se registraron enfrentamientos en la zona del Obelisco, donde manifestantes cortaron avenidas principales y tres policías resultaron agredidos.
La jornada legislativa concluyó así con dos leyes centrales para la agenda del Gobierno aprobadas en el Senado y un clima de fuerte tensión política tanto dentro como fuera del Congreso.