Un fiscal vinculado a la CNU, jueces que rechazaban habeas corpus y expedientes que ocultaron crímenes. Cómo sectores del Poder Judicial en Mar del Plata garantizaron impunidad a la violencia paraestatal antes del golpe y facilitaron la maquinaria represiva de la dictadura, que tomó por asalto también a los tribunales.
Por Belén Cano
Tras el golpe de Estado, la Junta Militar también avanzó sobre el Poder Judicial. Numerosos jueces fueron desplazados, incluidos todos los miembros de la Corte Suprema; se impuso el estado de sitio y se suspendieron garantías constitucionales. Con el Estado de Derecho desmantelado, la Justicia dejó de ser un contrapeso y pasó a funcionar dentro del engranaje del régimen. En ese escenario se consolidó la impunidad para la represión ilegal. En Mar del Plata, como en otros puntos del país donde la Triple A secuestró y acribilló a centenares de personas antes del Golpe, esa forma de operar encontró continuidad: durante el gobierno democrático de Isabel Perón hubo sectores judiciales que no sólo miraban hacia otro lado ante los homicidios, sino que también integraron ese entramado criminal. En algunos casos, la militancia de la derecha también se expresó desde los tribunales.
“El terrorismo de Estado no empezó el 24 de marzo de 1976”, sostuvo Roberto Falcone en una charla de café, pocos días después de despedirse de su despacho del Tribunal Oral, donde cumplió funciones desde que se fundó, hace 32 años. Falcone escribió gran parte de la historia de la Justicia Federal en Mar del Plata a través de sus sentencias. Y además de ser un destacado docente y uno de los referentes del derecho procesal penal del país, fue quien –junto a sus colegas Mario Portela y Néstor Parra- echaron luz donde durante años solo hubo dolor y oscuridad. En el año 2000 regían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y ellos tomaron la responsabilidad de escuchar decenas de testimonios, desempolvar viejos expedientes, de leer informes de inteligencia de la época, de reunir y analizar pruebas de todo tipo, en busca de la Verdad.
En una ciudad que en los años 70 tenía 350 mil habitantes, unas 400 personas fueron desaparecidas. Las motivaciones fueron variadas: militar en agrupaciones políticas y universitarias, dar apoyo escolar en los barrios, pelear por la gratuidad universitaria, defender derechos laborales, predicar el Evangelio, dar clases o simplemente compartir casa con alguien considerado “subversivo”. A veces bastaba con aparecer en una agenda telefónica. Las vidas rotas, las vidas truncas, encontraron en ese Tribunal Oral una esperanza al amparo de la Constitución Nacional y la normativa internacional.
La impunidad que reinó durante décadas dejó a cientos de familias sin la posibilidad de saber qué les había pasado a sus seres queridos. Los desplazamientos en la Justicia no fueron azarosos: entre los magistrados cesanteados en la ciudad se destaca el nombre del juez Adolfo Martijena, quien había intervenido para la investigación y esclarecimiento del asesinato de la estudiante Silvia Filler, el 6 de diciembre de 1971 y en medio de una asamblea universitaria, a manos de una patota de la agrupación de ultraderecha CNU, la Concentración Nacional Universitaria. El abogado defensor de algunos de ellos fue Eduardo Hooft, hermano de Pedro Federico Cornelio, quien -con las vueltas que da la vida- sería designado por la dictadura en 1976 en el cargo de Martijena.
Ya caídas las leyes del Olvido, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata presentó una denuncia para que se investiguen los crímenes previos al Golpe cometidos bajo el amparo estatal, por entenderlos de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptibles. La impunidad de esos hechos no era casual: quien tenía el deber de investigarlos entonces, fue quien lideró la asociación ilícita que ocho años más tarde fue condenada. El entonces fiscal Gustavo Modesto Demarchi (ligado a la CNU y fallecido en arresto domiciliario a causa del Covid) recibió la pena a prisión perpetua, por ser responsable también de los ocho asesinatos llevados a juicio: los casos de Enrique “Pacho” Elizagaray, su tío Jorge Enrique Videla Yanzi y sus primos Jorge Lisandro y Guillermo Enrique; el médico cirujano Bernardo Goldemberg; Daniel Gasparri, Jorge Alberto Stoppani y María del Carmen Maggi. (link Fiscales – condena y resolución Casación)
Esa Justicia cuanto menos cómplice –a pesar de que hubo actores que siguieron en funciones solo algunos meses más- no fue interpelada por el Golpe. Por el contrario, allanó el camino para la represión sangrienta que instauró la última dictadura cívico militar.
“Con pleno funcionamiento de la represión ilegal a cargo del Estado, la Triple A (NdR que actuó en sintonía con la CNU en Mar del Plata y otras ciudades) se fue diluyendo como organización criminal. Ya no tenía razón de ser. Las Fuerzas Armadas profesionalizaron el terror”. Así lo escribió Marcelo Larraquy en su ensayo “López Rega. El peronismo y la Triple A”.
La Justicia se mantuvo alineada al poder de turno.
Un Golpe a la democracia
Ese 24 de marzo Roberto Falcone tenía que rendir el parcial de derecho internacional público. Pero cuando acudieron junto a un compañero de estudio se encontraron con la Facultad cerrada. Abrió un par de semanas después, aunque la dictadura se sintió puertas adentro. Pudo recibirse en 1977, cuando conjugaba sus estudios con la responsabilidad del gol en las canchas de fútbol marplatense. Tuvieron que pasar 23 años –con el impulso del Juicio por la Verdad- para visualizar y entender acabadamente lo que pasaba en aquellos tiempos en la Justicia.
Gloria León había decidido dejar sus estudios como abogada unos meses antes. “Ya había habido desapariciones, secuestros de personas y asesinatos”, apuntó sentada en su oficina del centro marplatense, el mismo estudio jurídico que supo pertenecer a Roberto Centeno, uno de los abogados laboralistas desaparecido en la denominada “Noche de las Corbatas”. Lo sabía casi de primera mano porque hacía poco tiempo se había acercado a la militancia de la Juventud Universitaria Peronista. Gloria recuerda la música militar sonar en la radio portátil que tenía en su casa. Los negocios ese 24 de marzo permanecieron cerrados y los militares ya patrullaban las calles de la ciudad. “Era un clima intimidante”, rememoró.
Para ninguno de los dos el Golpe fue una sorpresa.
Una Justicia sin cambio de dirección
La ley 20.840, sancionada en 1974 por el gobierno peronista y vigente durante la última dictadura cívico militar, castigaba las llamadas “actividades subversivas” y sirvió como cobertura legal para persecuciones arbitrarias, detenciones en centros clandestinos y confesiones obtenidas bajo tortura. Vino a sancionar actos de propaganda o la distribución de folletos con postulados ideológicos contrarios al poder de turno. De esta manera se detuvo a personas en movilizaciones o en el interior de fábricas.
En ese mismo año -1974- se creó en Mar del Plata la Justicia Federal, y el primer abogado a cargo de la Fiscalía fue Demarchi, condenado a prisión perpetua 22 años después por liderar una asociación ilícita, enmascarada en la agrupación de ultraderecha CNU (Concentración Nacional Universitaria), que se organizó para cometer numerosos crímenes. Como empleado de la misma fiscalía se había designado a Eduardo Salvador Ullúa, también condenado a prisión perpetua luego de permanecer prófugo link fiscales, y quien luego del Golpe se incorporó a los servicios de inteligencia del Ejército. Aunque no fue el único espacio estatal que ocupó la banda, ese rol resultó clave para garantizar impunidad durante décadas.
“Los crímenes que llegaron a juicio 41 años después de cometidos, no tuvieron justicia porque fueron ocultados por la Justicia”, sostuvo el fiscal general Daniel Adler al momento del alegato de cierre del juicio, quien también señaló: “No se acusa a una organización política -ni se trata de castigar a nadie por su pensamiento- sino a la asociación ilícita que conformaron bajo la máscara del sello CNU, para cometer delitos”.
“Los crímenes que llegaron a juicio 41 años después de cometidos, no tuvieron justicia porque fueron ocultados por la Justicia”
Y más adelante sostuvo: “Las agencias que debían aplicar el derecho penal a través del debido proceso se transformaron en agencias del terror; en vez de brindar garantías salían a cazar subversivos, marxistas e izquierdistas. El Estado atendía de los dos lados del mostrador: de día en la Fiscalía, de noche en las calles gobernadas por el terror”.
A pocos días de cumplirse 50 años del Golpe, Gloria León –quien fue abogada querellante en numerosos debates por delitos de lesa humanidad- reflexiona: “Nadie le pide a ningún juez ni a nadie que tenga una actitud de héroe. La ley no te pide que seas un héroe, te pide que cumplas con la ley”.
La no-Justicia
Rodolfo Díaz era presidente del Colegio de Abogados cuando brindó testimonio en el Juicio por la Verdad, el 19 de marzo de 2001.
Unos cuantos años antes, en el transcurrir del segundo año de dictadura, un grupo de hombres armados irrumpió el 6 de julio de 1977 en el estudio jurídico que Camilo Ricci y Hugo Alais compartían en Falucho 2026, justo detrás de los Tribunales marplatenses. Se los llevaron atados con alambres y encapuchados hasta el centro clandestino de detención y torturas que funcionó debajo de un viejo radar de la Base Aérea de Mar del Plata, ubicada sobre la Autovía 2, a pocos kilómetros del ingreso a la ciudad.
Por pedido de la esposa de Ricci, Díaz presentó un habeas corpus tanto en la Justicia provincial como federal para conocer el destino de su colega. No todos los abogados se animaban entonces a presentar habeas corpus, incluso antes del Golpe. En ese primer momento no había certeza de que también se habían llevado a Alais.
El juez de turno en la Justicia provincial era Pedro Cornelio Federico Hooft, quien –según relató Díaz- se comprometió a actuar en forma personal y directa. Supo luego por Ricci, quien apareció con vida, que el magistrado nombrado por la Junta Militar había ido hasta el GADA 601 a pedir por él. El lugar ya funcionaba como centro clandestino de detención.
En el fuero federal fue recibido por la jueza subrogante Ana María Teodoris, a quien le pidió librar los oficios correspondientes. “Me manifiesta que ninguno de esos oficios los iba a librar y dicho con textuales palabras ‘porque ella como juez no podía quedar pagando y sabía que los entes oficiales no le respondían los oficios a los jueces’”, relató Díaz. La desprotección era evidente y el enojo fue instantáneo.
Para Díaz, de acuerdo reflexionó al momento de prestar declaración testimonial, no sólo el accionar de la Justicia se redujo a la falta de respuestas ante los habeas corpus presentados. “Hay algo que no se ha hecho notar mucho y es la verdadera falta que cometieron muchos jueces que lamentablemente después recibieron el acuerdo en la época constitucional. Es la inobservancia de los deberes de funcionario público cuando tenían conocimiento de hechos que configuraban delitos y no hicieron absolutamente nada, ni siquiera los denunciaron. (…) A nadie se le puede pedir que sea valiente en extremo pero sí se le puede exigir que estando en una función por lo menos la cumpla”, analizó el abogado fallecido algunos años atrás.
A Díaz le llegó en 1976 una propuesta para ser juez: “Nosotros podíamos hacer muy poco cuando había golpes militares, una de las cosas que sí podíamos hacer era no participar, no colaborar”.
Alais sigue desaparecido, al igual que sus colegas Norberto Centeno, Jorge Candeloro, Tomás Fresneda -junto a su mujer embarazada, Mercedes Algarañaz-, y Salvador Arestín. Profesionales que no tenían vinculación con la lucha armada, que defendían desde sus estudios de abogacía los derechos de los trabajadores y compartían un código de ética inquebrantable. Testimonios de sobrevivientes los ubicaron en La Cueva, hablaron de la crueldad hecha golpes y picana, y de las muertes en la mesa de tortura. “No podemos decir que esta gente no hacía otra cosa que utilizar el arma que utilizamos los abogados y que a lo mejor era una de las que más molestaban, que era el derecho, la justicia. Era lo que había que debilitar para que un sistema funcionara”, sostuvo Díaz.
Al analizar el devenir de la Justicia en esos tiempo, Falcone sostuvo: “La Justicia funcionaba formalmente respecto a los crímenes comunes, y todo lo que tenía que ver con el alegado propósito de combatir la subversión, ya sea habeas corpus, denuncias que presentaban los padres de las personas secuestradas en sus domicilios, todo eso exhibía una inactividad total. No se hacía absolutamente nada”.
Y ahondó: “Se libraban oficios formales, se rechazaban los habeas corpus, en algunos casos se imponían las costas y las denuncias que hacían de los secuestros terminaban prácticamente sin ninguna diligencia probatoria, todas archivadas”.
Parte de esta operatoria fue reconstruida por el Ministerio Público Fiscal al elevar a juicio la causa conocida como el quinto tramo de “Base Naval”, que tenía entre sus imputados a la ex defensora oficial y jueza subrogante, Ana María Teodori.
La jueza que no quiso ver los tormentos que debía evitar
Sobre Teodori se reunieron testimonios y pruebas suficientes para requerir su juzgamiento. Sin embargo su fallecimiento la alejó del banquillo de los acusados. Personas detenidas por supuesta infracción a la ley 20.840 dijeron de ella que “tenía la actitud de un militar interrogando”, y que “más que jueza fue una inquisidora”, con el agravante de que además de ser jueza subrogante, era defensora oficial de esas mismas personas.
Teodori, al tramitar habeas corpus –según se probó en instancia de instrucción- no libró oficios a las dependencias militares, desestimó esas presentaciones y las tuvo por desistidas con costas, es decir, con costo económico para los familiares de las víctimas. Para el Ministerio Público Fiscal se encontraba “en una situación de colaboradora relevante con aquellos que, de mano propia, ejecutaban las detenciones y consumaban los tormentos”. Y que esto no cesó con el Golpe, sino que por el contrario, “se profundizó”.
De esta manera, se tuvo por cierto en etapa de instrucción que Teodori “ha colaborado con las detenciones ilegales, el posterior alojamiento en el centro clandestino de detención asentado en la Base Naval y en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, ubicada en inmediaciones al Faro, y los tormentos sufridos (por cuatro hombres y dos mujeres). Y esa colaboración consistió, precisamente, en intervenir en una causa judicial armada solo con confesiones extraídas bajo torturas con el objetivo de ‘blanquear’ el estado ilegal absoluto en que se encontraban las víctimas”.
La militancia de la derecha
“La Justicia estaba derechizada”, fue una suerte de hecho notorio de quienes vivieron los últimos años de democracia antes del Golpe. Con la llegada de los militares al Poder no hubo lugar a la duda. Las Fuerzas Armadas no necesitaron de los tribunales, porque ellos mismos fueron jueces y verdugos, dueños de la vida y de la muerte. El Poder Judicial abandonó su obligación constitucional de proteger los derechos de la ciudadanía y pasó a ser un engranaje de control y disciplina social de la dictadura.
“Los militares tenían en el Poder Judicial a gente que le era fiable».
Roberto Falcone analiza aquello que pudo ver a través de la reconstrucción de los hechos en una sala de audiencias. “Los militares tenían en el Poder Judicial a gente que le era fiable. Y por supuesto que ninguno se salía del molde. Muchos hacían las cosas formalmente, pero se presentaron casos en la República Argentina de personajes que militaron en contra de las personas a quienes se alegaba que pertenecían a la subversión. Y militaron desde distintos lugares. La administración de Justicia también fue un lugar en el cual se militó”, asegura.
E interpeló: “Se rechazaban habeas corpus y se recogía información. Y la información que se recogía era sensible. ¿Y a dónde iba esa información? A los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para seguir recrudeciendo la represión”.
En medio de las picanas y los golpes en el viejo radar de la Base Aérea, la patota que se creía poderosa delante de hombres y mujeres del derecho maniatados y encapuchados, les decía: “La Justicia somos nosotros”. Lo fueron esos años. Con la democracia llegó también el tiempo de juzgar, a pesar de las vicisitudes y de los silencios cómplices que permanecieron. La determinación y la valentía de los operadores judiciales que investigaron y que condenaron, con la fuerza de la ley, los ubicó en el lugar de los verdugos –y en la cárcel- a la mayoría de ellos.