A 50 años del golpe de Estado de 1976, los juicios por el terrorismo de Estado siguen activos en Argentina. Qué significa que un delito sea considerado de lesa humanidad, por qué estos crímenes no prescriben con el paso del tiempo y cómo los interpreta hoy la Justicia.
A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los juicios por crímenes de lesa humanidad son una de las herramientas más importantes para reconstruir lo ocurrido durante la última dictadura militar y juzgar a sus responsables.
Pero, ¿qué significa exactamente que un delito sea considerado de lesa humanidad? ¿Por qué esos crímenes no prescriben con el paso del tiempo? ¿Y por qué la Justicia argentina ha diferenciado esas violaciones del accionar de organizaciones armadas como Montoneros?
Los crímenes de lesa humanidad son una categoría jurídica del derecho internacional que se aplica a delitos extremadamente graves cometidos de manera organizada y sistemática contra poblaciones civiles.
Se trata de crímenes que exceden a las víctimas directas y afectan a la humanidad en su conjunto.
“Son delitos gravísimos, de una gran crueldad, que por su gravedad trascienden a la persona que los sufre. Dañan a la conciencia de toda la humanidad”, explicó Eugenia Montero, auxiliar fiscal especializada en causas de lesa humanidad.
Esta categoría comenzó a desarrollarse en el derecho internacional tras la Segunda Guerra Mundial y quedó plasmada en normas posteriores como el Estatuto de Roma, que regula el funcionamiento de la Corte Penal Internacional.
Entre los delitos que pueden encuadrarse en esta categoría figuran:
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- Desapariciones forzadas
- Torturas
- Asesinatos sistemáticos
- Persecuciones políticas
- Secuestros y detenciones ilegales
- Apropiación de menores
La característica central es que no se trata de hechos aislados sino de ataques sistemáticos o generalizados contra la población civil.
El rol del Estado en estos crímenes
Uno de los elementos clave para que un delito sea considerado de lesa humanidad es el contexto en el que se comete.
Según explicó Montero, estos crímenes suelen estar vinculados al poder estatal o a organizaciones que actúan con un nivel de control similar al del Estado.
“El autor de estos delitos tiene que ser el Estado o una organización que haya reemplazado al Estado en un territorio determinado”, señaló.
Esto permite diferenciar estas violaciones extremas de otros delitos graves cometidos por organizaciones criminales o grupos armados.
En el caso argentino, los juicios se centran en el plan represivo y sistemático implementado por la dictadura militar, que incluyó centros clandestinos de detención, secuestros, torturas y desapariciones forzadas.
Por qué estos delitos no prescriben
Una de las particularidades más importantes de los delitos de lesa humanidad es que no prescriben.
Esto significa que pueden ser investigados y juzgados incluso décadas después de haber sido cometidos.
“La importancia de definir un delito como de lesa humanidad es que permite investigarlo y juzgarlo muchos años después”, explicó Montero.
Ese principio se basa en la idea de que estos crímenes son tan graves que la sociedad internacional considera inaceptable que queden impunes por el paso del tiempo.
Por eso, en Argentina todavía se realizan juicios por hechos ocurridos hace casi medio siglo.
La diferencia con los crímenes de las organizaciones armadas
Una de las discusiones más recurrentes en torno a la historia reciente argentina es la comparación entre los delitos cometidos por el terrorismo de Estado y los perpetrados por organizaciones armadas como Montoneros o el ERP.
La jurisprudencia argentina, hasta ahora, ha sostenido que esos crímenes no se encuadran dentro de la categoría de lesa humanidad.
El motivo principal es que esas organizaciones no contaban con apoyo ni tolerancia estatal.
“Los crímenes atribuidos a las organizaciones armadas han sido excluidos de la categoría de lesa humanidad porque no se los considera un ataque generalizado contra la población civil con apoyo estatal”, explicó Montero.
Esto no significa que esos hechos no puedan investigarse o juzgarse, sino que jurídicamente se encuadran en otras figuras penales.
Un debate que todavía sigue abierto
En los últimos años algunos tribunales han comenzado a explorar nuevas interpretaciones jurídicas para investigar ciertos hechos cometidos por organizaciones armadas.
En particular, algunos fallos han utilizado la categoría de “graves violaciones a los derechos humanos”, lo que permitiría avanzar con investigaciones aun cuando no se trate estrictamente de delitos de lesa humanidad.
“La jurisprudencia no está cerrada en esta materia y hay causas en las que todavía se discute cómo encuadrar esos hechos”, señaló Montero.
Por qué los juicios siguen siendo importantes hoy
Para Montero, los procesos judiciales por crímenes de la dictadura no sólo tienen un objetivo punitivo, sino también un valor social y democrático.
“Los juicios tienen que ver con la garantía de no repetición. Revisar lo que pasó y hacerlo visible es una forma de evitar que vuelva a suceder”, explicó.
Además, las audiencias permiten reconstruir la historia a partir de los testimonios de las víctimas y sus familias.
Muchas veces, incluso décadas después de los hechos, ese proceso judicial funciona como una forma de reparación.
Los juicios de lesa humanidad en Mar del Plata
Desde 2009, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata realizó 19 juicios por crímenes de lesa humanidad, que también incluyeron los casos del circuito represivo Tandil–Azul–Olavarría.
En esos procesos fueron juzgados 137 imputados (contados una sola vez). Hasta el momento, 87 fueron condenados, de los cuales 61 recibieron prisión perpetua. Varios de los acusados acumulan más de una condena por distintos hechos.
Las causas abordaron delitos cometidos contra más de 300 víctimas del terrorismo de Estado.
Actualmente se desarrolla el juicio conocido como Subzona 3, el único proceso en curso en la jurisdicción. En este debate oral están imputadas 16 personas, todas con condenas previas en otras causas de lesa humanidad.
El proceso busca esclarecer los crímenes cometidos contra 123 víctimas. Los casos de 88 de ellas nunca habían sido abordados anteriormente en un juicio.
Entre los hechos investigados se incluyen 44 desapariciones forzadas, 31 homicidios y 43 privaciones ilegítimas de la libertad con tormentos.
Un debate que interpela a las nuevas generaciones
A 50 años del golpe, el desafío parece ser más social que judicial.
Para Montero, la continuidad de los juicios también cumple una función pedagógica.
“Mostrar lo que ocurrió y seguir contándolo ayuda a que estas prácticas del Estado terrorista no vuelvan a repetirse”, sostuvo.
En un contexto en el que las nuevas generaciones tienen cada vez más distancia temporal con esos hechos, en que desde las redes sociales se amplifican mensajes cada vez más extremistas, la memoria, la justicia y la reconstrucción histórica son herramientas centrales para sostener la democracia.