La decisión se tomó en una causa por narcotráfico en Mar del Plata. Según la investigación, dos jóvenes fueron captados con una falsa oferta laboral y obligados a vender cocaína bajo vigilancia permanente, sin posibilidad de abandonar el lugar. El caso introduce un enfoque novedoso: considerar la utilización de personas en actividades delictivas como una forma de trabajo forzoso y reducción a la servidumbre.
Un hombre acusado de liderar una organización dedicada al narcotráfico fue procesado también por trata de personas luego de que la Justicia Federal considerara que dos jóvenes que participaban en la venta de droga en realidad se encontraban en una situación de explotación bajo trabajo forzoso.
La decisión fue adoptada por el juez federal Santiago Inchausti, quien amplió el procesamiento del principal acusado tras una investigación impulsada por el fiscal Santiago Eyherabide, a cargo de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata. Además, el magistrado dispuso un embargo por 100 millones de pesos.
Según la investigación judicial, el imputado habría captado a una joven y a su pareja mediante una propuesta engañosa: les ofrecieron trabajo, alojamiento y manutención si se trasladaban a Mar del Plata. Ambos atravesaban una situación económica complicada y aceptaron la oferta.
Sin embargo, al llegar a la ciudad, el escenario fue muy distinto al prometido. De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, los jóvenes fueron obligados a permanecer en una vivienda y dedicarse exclusivamente a la venta de cocaína al menudeo, con disponibilidad permanente.
Control absoluto y amenazas
Durante los allanamientos realizados en la causa, los investigadores encontraron a la pareja en el interior de la vivienda junto a una balanza y 15 gramos de cocaína, elementos vinculados con el punto de venta que funcionaba en el lugar.
La fiscalía sostuvo que existía un control absoluto sobre las víctimas, quienes debían permanecer en el domicilio y estar disponibles para la venta durante las 24 horas. Según la investigación, recibían una retribución mínima o inexistente, mientras que el dinero obtenido era retenido por los organizadores.
Las víctimas debían permanecer en la vivienda y estar disponibles las 24 horas para la venta de cocaína.
El cuadro incluía vigilancia constante, restricciones a la libertad de movimiento, control de la vida cotidiana y amenazas permanentes. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, estas condiciones configuraban una situación de trabajo forzoso y reducción a la servidumbre.
Cómo surgió la línea de trata
El caso comenzó a investigarse a fines de marzo de 2025, cuando una serie de allanamientos permitió desarticular una organización dedicada a la venta de estupefacientes en la ciudad.
En un primer momento, la participación de los jóvenes había quedado encuadrada como parte de la logística del narcomenudeo. Sin embargo, al analizar las comunicaciones telefónicas y otros elementos de prueba, el fiscal Eyherabide detectó indicios de que podían estar siendo instrumentalizados por la organización.
A partir de esa sospecha se abrió un legajo separado en el que intervino la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). También se dispusieron entrevistas a las víctimas a través de la Coordinación Nacional de Rescate, que permitieron profundizar la hipótesis de explotación.
Finalmente, ante la sospecha de que estaban siendo utilizados por la organización, se dispuso su liberación en abril de 2025.
Un enfoque jurídico novedoso
Uno de los aspectos centrales del caso es el enfoque adoptado por la fiscalía para encuadrar los hechos dentro del delito de trata.
El fiscal Eyherabide sostuvo que la explotación de personas no se limita a actividades lícitas, sino que también puede configurarse cuando alguien es obligado a realizar actividades delictivas bajo amenaza o sin posibilidad real de negarse.
Reconocer estas situaciones permite identificar víctimas dentro de las organizaciones criminales y no solo eslabones del narcotráfico
En su dictamen citó la legislación argentina contra la trata de personas y definiciones de la Organización Internacional del Trabajo, que consideran trabajo forzoso a cualquier actividad realizada bajo amenaza de una sanción y sin consentimiento voluntario.
Desde la fiscalía señalaron que visibilizar este tipo de situaciones permite identificar a las verdaderas víctimas dentro de las estructuras criminales y diferenciar su rol del de quienes organizan y se benefician del narcotráfico.
Según el Ministerio Público Fiscal, reconocer estas conductas como explotación resulta clave para romper la lógica de las organizaciones que utilizan a personas vulnerables como eslabones inferiores del delito, exponiéndolas a los riesgos penales mientras los verdaderos responsables permanecen ocultos.