La concesión del Estadio Minella y el Polideportivo volvió al centro del debate político. En el Concejo Deliberante, la oposición pidió inspeccionar las obras realizadas por la empresa concesionaria, mientras que en paralelo avanza una causa judicial que investiga posibles vínculos con la financiera Sur Finanzas.
Por Juma Lamacchia
Concluida la temporada de verano, el Estadio Minella y el Polideportivo registraron actividad con eventos musicales y deportivos bajo la gestión de Minella Stadium S.A., la empresa concesionaria desde fines de 2025 y por los próximos 30 años. Sin embargo, en paralelo, no se registran avances visibles en las obras comprometidas en el pliego y desde el gobierno municipal no se difundieron informes oficiales sobre su estado, lo que motivó nuevos pedidos de explicaciones por parte de la oposición.
En este marco, luego de pedir el contrato de concesión con Minella Stadium S.A., la oposición en el Concejo Deliberante presentó la semana pasada un proyecto para que se realicen inspecciones en el estadio y el polideportivo, y otro para citar a las autoridades de la empresa a dar explicaciones sobre el trabajo de obras y despejar dudas con respecto a los cumplimientos contractuales.
Estos pedidos surgen a partir del silencio por parte del gobierno municipal a las consultas sobre los allanamientos en el marco de la causa Sur Finanzas, el tiempo tardío para el comienzo de las obras y la no presentación del plan de ejecución por parte de la empresa a cargo de los estadios.
Al tratar ambos proyectos en la Comisión de Deportes y Recreación, la mayoría oficialista decidió rechazarlos y esperar los informes de la Secretaría Legal y Técnica. Precisamente Mauro Martinelli, secretario de Legal y Técnica, fue uno de los dos funcionarios municipales citados a declarar por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora – el otro fue el presidente del EMDER, Sebastián D’Andrea -, el pasado 24 de febrero. Ante la consulta de BACAP, desde el gobierno aclararon que ambos funcionarios fueron convocados únicamente para aportar información administrativa.
Desde el oficialismo, el concejal Fernando Muro cuestionó el pedido de inspección impulsado por la oposición y consideró que responde más a una estrategia política que a una necesidad concreta en esta etapa del proceso. En ese sentido, planteó que la concesión fue adjudicada recientemente – hace poco más de tres meses – y que, por tratarse de obras de gran envergadura, aún no corresponde evaluar avances en los términos que propone la oposición.
Quién debe controlar el estadio
El control formal del contrato está en manos del Ejecutivo municipal, a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), que actúa como autoridad de aplicación. Esto implica que el organismo es responsable de aprobar el proyecto de obra, supervisar su ejecución, controlar el mantenimiento y aplicar sanciones en caso de incumplimientos.
Por encima del EMDER, la Secretaría Legal y Técnica interviene en la validación jurídica del contrato, su interpretación y eventuales decisiones de fondo.
La fiscalización existe pero está centrada en el mismo poder que impulsó y aprobó la concesión. Esto abre el debate (y es el centro de las exigencias de la oposición) sobre qué tanta transparencia y qué tan independiente es el control de este contrato tratándose, además, de información pública.
La fiscalización del contrato existe, pero está concentrada en el mismo ámbito que impulsó y ejecuta la concesión. Ese esquema es el que hoy está en discusión: qué grado de control externo y de acceso a la información pública existe sobre un contrato de largo plazo, con compromisos de inversión millonarios y un período inicial sin pago de canon.