Con varios cruces, el Concejo recordó el Día de la Memoria. Las compensaciones urbanísticas, en el debe de la política local. Montenegro destacó la concesión de Chapadmalal y recordó el conflicto en el predio de la zona sur del distrito.
El Concejo Deliberante conmemoró recién ayer, dos días después de la fecha original, el 50° aniversario del golpe militar.
Fue un cambio respecto a los usos y costumbres del cuerpo, que desde 2001 suele realizar una sesión especial los 24 de marzo y así reafirmar los valores democráticos. En la previa, esto generó el repudio de los organismos de derechos humanos locales y de la oposición.
Durante el plenario hubo varios momentos de tensión. Primero, con el discurso de las organizaciones de derechos humanos, que lanzaron fuertes críticas contra el oficialismo.
Los referentes Alberto Pelegrini y Pablo Mancini consideraron que el cambio de fecha implica “desdibujar su sentido histórico” y un intento de “relativizar la gravedad de los hechos” a conmemorar. “La memoria no se acomoda, se respeta”, resaltaron.
En otro pasaje del discurso, cuestionaron al Gobierno nacional, por lo cual el presidente del Concejo, Emiliano Recalt, y el resto del bloque de La Libertad Avanza abandonaron el recinto. “El país atraviesa una situación de alerta democrática: hay avances de discursos negacionistas y de odio que buscan justificar el terrorismo de Estado”, sostuvieron los organismos de derechos humanos.
Otro momento de cruces se vivió durante la intervención de Julián Bussetti, que recibió abucheos e insultos por parte de la barra.
El presidente del bloque Vamos juntos repudió la última dictadura militar, las torturas y los desaparecidos. Pero también apuntó contra el kirchnerismo, la Comisión Provincial por la Memoria.
“Usaron los derechos humanos para hacer negocios”, lanzó el concejal, en medio de muchos gritos y abucheos.
Compensaciones
Entre la gran cantidad de cuentas pendientes del Concejo Deliberante, se pueden enumerar la postergación de la licitación del servicio de colectivos, o la de la recolección de residuos, así como la regulación de las aplicaciones de transporte.
Pero hay un tema que se viene postergando hace ya largos años: la sanción de una ordenanza que establezca un sistema claro de compensaciones urbanísticas.
En 2021, el Concejo aprobó la conformación de una comisión con el propósito de analizar un régimen de compensaciones urbanísticas y avanzar así en la redacción de una norma para su implementación.
Esto se dio, y aún se mantiene, en medio del fuerte impulso que se le busca dar desde el gobierno local a la obra privada, con diversos incentivos.
El objetivo de las compensaciones es regular el incremento de los índices de construcción y el cambio de los usos autorizados por el Código de Ordenamiento Territorial (COT), modificaciones que el Concejo suele avalar para impulsar el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios.
En otras palabras, con las famosas “excepciones al COT”, se pueden construir más pisos de los permitidos por la normativa vigente.
A partir de la mayor rentabilidad que obtiene el privado por poder edificar a través de excepciones a la normativa, el municipio le encomienda obras que signifiquen una mejora para un determinado barrio o para el desarrollo general de Mar del Plata a modo de “compensación”.
Con una ordenanza que regule estas acciones, se busca establecer un criterio común ante cada emprendimiento inmobiliario de esta naturaleza.
Sin embargo, desde 2021, el Legislativo vive postergando la creación de un sistema integral por ordenanza. Se acordaron sucesivas prórrogas, la última vencía en febrero de este año, y por ahora el Concejo no da señales de avances.
El Marquesado
Tras haber quedado afuera del Ministerio de Justicia, el senador bonaerense e intendente en uso de licencia, Guillermo Montenegro, volvió a aparecer en escena para defender al Gobierno nacional.
Según anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la gestión de Javier Milei busca concesionar por 30 años la Unidad Turística de Chapadmalal para “atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo” y así reducir “la carga de su mantenimiento” para el Estado.
Montenegro utilizó la novedad para cuestionar al gobierno de Alberto Fernández a partir de un conflicto ocurrido a mediados de 2023. “Hoy (por ayer) se cumplen tres años del intento de toma en El Marquesado, comandado por Juan Grabois. Fue un antes y un después, no solo por la ocupación ilegal de 140 hectáreas frente al mar, sino por algo más grave: el uso del Estado para avalarla”, denunció.
Según el legislador, el expresidente “firmó papeles para tratar de cubrirla, además de alojar en los hoteles de Chapadmalal a los usurpadores”.
Y añadió: “Más tarde, ese mismo año, precisamente 16 días antes del cambio de gobierno, la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) firmó la cesión de esas tierras a la Provincia de Buenos Aires, dejándola como testaferro de la toma fallida y como reducto del kirchnerismo antes de perder la nación”.
Montenegro sugirió que con el recambio presidencial “hay una mirada distinta”, producto de una “sociedad que se hizo escuchar”.
Y le dio un guiño a la privatización del histórico complejo. “Los hoteles abandonados donde alojaron a los usurpadores ahora van a ser un lugar clave de inversión para nuestra ciudad y toda la región; noticia confirmada por el gobierno nacional”.