En el marco del debate generado tras las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias -PASO- en torno al sistema educativo nacional, Limay Ameztoy propone una mirada desde los derechos humanos y advierte sobre los límites que tanto la Constitución Nacional como las leyes nacionales y tratados internacionales imponen a cualquier proyecto de modificación.

Por Limay Ameztoy

En estos días en que el sistema de derechos que tanto costó pensar, construir y consolidar en la República Argentina parece susceptible de revisión, es importante recordar que el derecho a la educación es uno de los pilares del sistema jurídico, social y cultural nacional y que cualquier intento por modificarlo implicaría un proceso de modificación tan profundo que alcanzaría a la propia Constitución Nacional.

A continuación les proponemos un breve repaso por la historia de este derecho humano fundamental con plena vigencia en la Argentina como es el derecho a la educación:

Un derecho humano

En primer lugar es importante destacar que la educación es un derecho humano reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través del artículo 26, en el que además se establece que dicha educación deberá ser gratuita -al menos en la instrucción elemental y fundamental- y obligatoria.

Tras la aprobación del documento de París, en 1948, el derecho a la educación fue ratificado por un amplio abanico de tratados, tanto regionales como internacionales, a los que Argentina adhirió y que tienen rango constitucional.

Entre ellos cabe mencionar el Pacto Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (de 1966) o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (del mismo año. También los pensados para proteger a grupos más específicos en situación de vulnerabildiad, como la Convención sobre la eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

¿Por qué es un derecho humano? Tal como lo expresa la propia DUDH porqué a través de la educación se alcanza “el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”. También porque favorece la “comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos” y promueve “el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.

En otros tratados internacionales se destaca también que la educación es el derecho que permite el ejercicio del resto de los derechos, al tiempo que se torna fundamental para el desarrollo humano, social y económico, tanto a nivel individual como colectivo.

Un derecho con jerarquía constitucional en Argentina

Como país adherente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para Argentina el derecho a la educación es, también, un derecho humano fundamental.

Sin embargo, no se trata de una decisión aislada en el tiempo sino fundamentada en la historia del país. De hecho, la educación es reconocida como un derecho por la propia Constitución Nacional, sancionada en 1853.

En efecto, el artículo 14 reconoce el derecho de todas las personas a “enseñar y aprender” en tanto que el 75, inciso 19, establece que le corresponde al Congreso de la Nación “sancionar leyes de organización y de base de la educación”.

El mismo artículo establece, además, que dichas leyes deben consolidar “la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales”; asegurar “la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad”, promover “los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna” y garantizar “los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal” así como “la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.

Fue en ese marco que el 8 de julio de 1884 el Congreso Nacional aprobó la ley 1420 que estableció la educación común, obligatoria, gratuita, laica y gradual en la Argentina.

Ley Nacional de Educación

Sin olvidar las bases establecidas por la 1.420 sino ampliando sus alcances, el 14 de diciembre de 2006 el Congreso sancionó una nueva ley, la 26.206, a través de la cual se regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrados en el artículo ya mencionado de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados con posterioridad.

Dicha ley establece en su artículo 3 que la educación es “una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.

Por su parte en el artículo 4 establece que serán el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes tengan la “responsabilidad principal e indelegable” de “proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho”.

Por último cabe mencionar que el artículo 9 afirma que el Estado deberá garantizar “el financiamiento del Sistema Educativo” en tanto que en el 10 se prohíbe cualquier acto que implique “concebir la educación como un servicio lucrativo o aliente cualquier forma de mercantilización de la educación pública”.

Propuestas antidemocráticas

El sistema educativo argentino fue puesto en tela de juicio por algunos de los candidatos que compitieron en las últimas PASO -Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias-. Entre las propuestas que se escucharon figuran la creación de un sistema de vouchers que deberían utilizar las familias para financiar la educación de sus hijos e hijas.

Según distintos especialistas, entre ellos Mariano Narodowski -profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y académico asociado de la ONG Argentinos por la Educación- explicó que para poder implementar esta propuesta habría que modificar tanto la Constitución Nacional como la Ley Nacional de Educación y las distintas leyes provinciales que reglamentan el sistema educativo en el país.

En otras palabras: está claro que tanto desde lo legal como lo cultural y lo administrativo los Estados nacional y provinciales están obligados a garantizar una educación pública estatal gratuita, equitativa y libre de toda discriminación, por lo que cualquier propuesta de dejar la educación en manos del mercado s ería inconstitucional e impracticable, al menos en el corto plazo y hasta mediano plazo.

Este tipo de iniciativas debería ser considerada, como mínimo, un delirio propio de una persona irresponsable en sus estrategias comunicacionales y, como máximo, una iniciativa antidemocrática que pone en riesgo el acceso a un derecho humano fundamental a millones de argentinos.