Anunciada como una herramienta para “desmentir activamente la mentira”, la Oficina de Respuesta Oficial generó un inmediato rechazo de organizaciones periodísticas y reavivó el debate sobre libertad de expresión, acceso a la información y el rol del Estado en la construcción de la verdad pública.
Por Juan Manuel Salas
Por si hiciera falta una pelea más en Argentina, una nueva polémica se desató a partir de la aparición en la red social X de la cuenta @RespOficial_Arg, presentada como la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina. Según su descripción inicial, el espacio fue creado para “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.
En su primer mensaje público, la Oficina sostuvo que “solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta” y remarcó que su objetivo es combatirla “brindando más información”, diferenciándose —según plantea— de prácticas de censura atribuidas a otros gobiernos. En ese sentido, afirmó que la iniciativa no busca imponer una mirada ni convencer, sino permitir que “los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”.
El comunicado también remarca que la creación de esta cuenta se da en un contexto en el que el Gobierno decidió eliminar la pauta oficial, al considerar que durante años se “confundió periodismo con negocio político”, y sostiene que la democracia “no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”.
Hasta el momento, no se informó la creación de la Oficina mediante un decreto o resolución administrativa, ni se precisó si cuenta con estructura propia, presupuesto específico o personal asignado, más allá de su expresión pública en redes sociales.
El rechazo de FOPEA
La iniciativa motivó una rápida reacción del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que expresó su “profunda preocupación y rechazo” ante la creación de la Oficina, difundida desde canales oficiales de la Presidencia de la Nación.
En un extenso comunicado, FOPEA advirtió que la pretensión de establecer una “verdad oficial” indiscutible “choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre” y recordó que el periodismo tiene como compromiso primordial la búsqueda de la verdad a partir del rigor profesional, el chequeo de la información y la multiplicidad de fuentes, no desde una posición de poder.
La entidad alertó además sobre la “gravedad institucional” que implica montar desde el Estado un “tribunal de la verdad”, señalando que se estarían utilizando recursos públicos para vigilar, señalar o estigmatizar el disenso y la labor periodística crítica. En ese marco, FOPEA subrayó la contradicción entre esta iniciativa y otras decisiones oficiales, como las modificaciones por decreto a la Ley de Acceso a la Información Pública, la falta de conferencias de prensa regulares y la ausencia de una vocería presidencial estable.
“La función del Estado es garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no auditar el discurso público ni hostigar a quienes ejercen el oficio de informar”, concluye el comunicado.
La disputa por el relato
En diálogo con BACAP, especialistas y periodistas ofrecieron miradas diversas sobre el alcance, los riesgos y la pertinencia de la Oficina de Respuesta Oficial.
La periodista y abogada Irene Benito, especializada en casos de corrupción estatal y corporativa, cuestionó cualquier iniciativa gubernamental que se erija como dueña de la verdad. “La verdad es esa montaña que escalamos colectivamente, a partir del diálogo y de la expresión libre del disenso que caracteriza a las sociedades democráticas”, sostuvo. Y agregó que la historia demuestra “la inutilidad e intrascendencia” de los intentos de instalar un pensamiento único desde el poder.
«Ojalá el Gobierno dedicara sus esfuerzos a favorecer el acceso a la información pública y no a embarcarse en gestas autoritarias destinadas a estrellarse contra la realidad de que en democracia nadie es dueño de la narrativa pública ni puede cambiar el relato histórico por su solo designio. Como dice la antigua máxima latina, la verdad es hija del tiempo», finalizó Benito.
Por su parte, el analista político Carlos Fara reconoció que el Gobierno tiene «pleno derecho a expresar su opinión sobre lo que publican los medios y dicen los periodistas», en el marco de la libertad de expresión. Sin embargo, planteó reparos sobre la necesidad de crear una oficina específica para cumplir ese rol. “El Gobierno ya cuenta con múltiples canales de comunicación, empezando por el vocero y siguiendo por las redes sociales del Presidente y de los funcionarios, para dar su versión de los hechos”, explicó.
Para Fara, la creación de la Oficina de Respuesta Oficial introduce un elemento adicional que complejiza el escenario. “Me parece que al crear esta oficina se le quiso dar un realce al tema de que hay una verdad distinta a la que muchas veces publican los medios o sostienen los periodistas. Y ahí es donde empieza el engorro”, señaló. En ese sentido, advirtió que la iniciativa se inscribe en una puja más amplia por el control del relato, una dinámica que no es nueva ni exclusiva del actual gobierno.
“El Gobierno, como le pasó al kirchnerismo y como ocurre con muchos gobiernos en la política contemporánea a nivel global, está en una disputa permanente sobre quién tiene la verdad”, analizó. Y agregó que el problema aparece cuando desde el poder se instala la idea de que existe una única interpretación legítima de la realidad, con poco margen para miradas alternativas o críticas. “Ahí es donde hay que prestar atención”, concluyó.
Desde la experiencia cotidiana del periodismo acreditado en Casa Rosada, el periodista de CNN Radio Argentina Nicolás Gallardo relativizó el impacto inicial de la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, aunque remarcó la necesidad de observar con atención su funcionamiento concreto. “No es algo que me preocupe demasiado en sí mismo. Me inquietaban mucho más experiencias anteriores, como el programa Fake 7, 8 que impulsó Manuel Adorni, que terminó siendo un fracaso”, recordó.
Para Gallardo, la Oficina no deja de ser, en principio, “una cuenta más” dentro del ecosistema comunicacional del Gobierno. No obstante, subrayó que será clave investigar con qué recursos se sostiene y quiénes la administran. “El Gobierno dice que no hay gastos adicionales y que la van a manejar las mismas personas que ya gestionaban otras cuentas oficiales, pero eso hay que verificarlo”, advirtió.
El periodista también consideró que la iniciativa resulta innecesaria, dado el uso intensivo que ya hacen de las redes sociales el Presidente, el vocero y otros funcionarios para responder críticas o cuestionar informaciones periodísticas. “Evidentemente le quieren dar una vuelta de rosca más”, afirmó, y planteó que la principal preocupación no pasa tanto por la existencia de la cuenta sino por el modo en que se la utilice.
En ese marco, Gallardo señaló una contradicción de fondo: “El Gobierno dice que va a dar más respuestas, pero al mismo tiempo redujo los accesos al pedido de información pública”. Y agregó que le resultan más alarmantes otros aspectos de la relación entre el poder y la prensa, como la ausencia de conferencias de prensa de Javier Milei, las agresiones verbales a periodistas y el clima de hostilidad hacia quienes critican la gestión. “En ese contexto, esta Oficina no suma. A lo sumo será una cuenta más usada para atacar a periodistas o a cualquiera que cuestione al Gobierno”, concluyó.
El debate en redes y las reacciones públicas
La creación de la Oficina de Respuesta Oficial también generó un intenso intercambio en redes sociales, con posturas fuertemente enfrentadas.
El investigador y especialista en comunicación Martín Becerra fue uno de los más críticos y vinculó la iniciativa a una serie de decisiones que, a su entender, afectan la libertad de expresión, como el desmantelamiento de Télam, el manejo de los medios públicos y los cambios en la legislación vigente.
Desde el oficialismo, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al tema con ironía al definir la Oficina como “la evolución de Fake, 7, 8”, en alusión a experiencias comunicacionales de gobiernos anteriores.
Argentina real y distópica
“Quien controla el pasado controla el futuro; quien controla el presente controla el pasado”. En 1984, George Orwell utiliza un “Ministerio de la Verdad”, donde el Estado no se limita a informar sino que define qué es verdad y reescribe el pasado según sus intereses.
La Oficina de Respuesta Oficial no es eso, pero en esta distopía que parece volverse Argentina por momentos, se le parece bastante. Quien controla el relato controla el presente, podrían decirnos.
Más allá de los nombres y las cuentas, la discusión central no pasa por quién desmiente a quién en redes sociales, sino por la calidad de la información pública que el Estado está dispuesto a garantizar y por las preguntas que está dispuesto a responder. Sin acceso real a datos e información pública, sin conferencias de prensa y con un presidente que amplifica contenidos falsos, engañosos y violentos desde sus propias redes, la promesa de combatir la desinformación corre el riesgo de convertirse en un ejercicio retórico tribunero.
La verdad no se impone desde una cuenta oficial: se construye con información abierta, chequeable y disponible para todos.