La organización que nuclea a periodistas argentinos alertó sobre una “grave afectación institucional” tras la suspensión generalizada de acreditaciones para cronistas que cubren la actividad del Poder Ejecutivo. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión pidió revisar la medida.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó el pasado 23 de abril una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la decisión del Gobierno nacional de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada.
El planteo tomó mayor relevancia este lunes 27 de abril, cuando la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), organismo dependiente de la CIDH, expresó públicamente su preocupación por el caso e instó al Estado argentino a revisar la restricción para que se ajuste a los estándares internacionales en materia de libertad de prensa.
La presentación de FOPEA, dirigida al presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, sostiene que la decisión oficial de inhabilitar de forma generalizada a los trabajadores de prensa que cubren habitualmente la actividad del Poder Ejecutivo constituye un hecho de “extrema gravedad institucional”.
Según el documento, por primera vez en décadas los pasillos de la sede del gobierno nacional se encuentran sin presencia periodística permanente, lo que —advirtieron— impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a controlar los actos de gobierno.
Antecedentes del reclamo
La denuncia presentada ante la CIDH da continuidad a planteos que FOPEA ya había realizado en noviembre de 2025 durante una audiencia pública del 194° período de sesiones de la comisión, realizada en Miami. En ese ámbito, la entidad había advertido a los comisionados sobre lo que consideraba señales de deterioro en las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país.
En el nuevo escrito, FOPEA reforzó además el pedido para que la CIDH evalúe el envío de una misión especial a la Argentina para analizar la situación de la libertad de expresión.
El origen de la restricción
La restricción al ingreso de periodistas se produjo luego de un registro de imágenes realizado dentro de la Casa Rosada por un equipo del canal Todo Noticias (TN). A partir de ese episodio, el Gobierno nacional impulsó una denuncia penal contra los trabajadores involucrados y dispuso la suspensión de las acreditaciones de los cronistas que cubren de manera habitual la actividad en la sede del Poder Ejecutivo.
Desde FOPEA remarcaron que el libre acceso de la prensa a la Casa Rosada —bajo normas de seguridad razonables— es fundamental debido a su condición de espacio público y centro de la actividad política nacional.
“Impedir que los periodistas desarrollen su trabajo en ese ámbito limita la posibilidad de que la sociedad conozca y comprenda la actividad de sus gobernantes”, señalaron desde la entidad.
Posibles nuevas acciones
La organización anticipó que analiza nuevas acciones institucionales si la situación no se revierte en el corto plazo y reiteró su pedido al Gobierno nacional para que restablezca el sistema de acreditaciones.
FOPEA sostuvo que garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo constituye un pilar central de cualquier sistema democrático y advirtió que las restricciones al acceso a fuentes oficiales afectan tanto a los trabajadores de prensa como al derecho de la ciudadanía a la información.
