Desde el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros estiman que la actividad reúne a unos 2.500 trabajadores en la ciudad. Tras un encuentro realizado en la Facultad de Humanidades, denunciaron precarización, falta de espacios de descanso y ausencia de controles sobre las plataformas digitales.
Trabajadores nucleados en el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros de Mar del Plata (SICAMM) reclamaron que el Municipio avance con una regulación de la actividad de reparto mediante plataformas digitales y establezca condiciones mínimas de protección para un sector que, según estimaron, concentra a unas 2.500 personas en la ciudad.
El planteo surgió de un encuentro realizado en la Facultad de Humanidades, donde trabajadores, representantes sindicales y participantes vinculados con la problemática debatieron sobre las condiciones laborales del sector y las posibles respuestas legislativas y judiciales.
Durante la jornada se conformaron dos comisiones, una enfocada en las condiciones de trabajo y otra dedicada a la reglamentación municipal. Como conclusión general, los participantes reclamaron una mayor intervención del Estado local, el cobro de tasas a las empresas de plataformas y la creación de un marco normativo que establezca derechos y obligaciones.
Trabajadores considerados “socios” y sin protección laboral
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la modalidad mediante la cual operan las plataformas, que suelen considerar a los repartidores como trabajadores independientes o “socios”.
Según el diagnóstico elaborado durante el encuentro, ese encuadre permite que las empresas y los negocios que concentran la distribución se desentiendan de cuestiones relacionadas con la seguridad, las condiciones laborales, la fijación de tarifas y la asignación de pedidos.
Los trabajadores advirtieron que deben afrontar de manera individual prácticamente todos los riesgos y costos de la actividad. Entre otras dificultades, señalaron que no acceden a créditos para renovar o reparar las motocicletas, bicicletas o vehículos que utilizan para trabajar.
También indicaron que quienes realizan repartos para comercios gastronómicos no reciben alimentos ni vouchers durante sus jornadas laborales.
A esto se suma la falta de espacios donde descansar, utilizar un baño o cargar los teléfonos celulares, herramientas indispensables para continuar recibiendo y entregando pedidos.
Las cancelaciones también fueron mencionadas como uno de los problemas habituales. De acuerdo con el documento, cuando un cliente cancela una compra, los repartidores deben regresar personalmente al comercio para devolver el pedido y gestionar el reintegro, con la consecuente pérdida de tiempo de trabajo e ingresos.
Jornadas más largas y el riesgo de trabajar para un algoritmo
Durante el encuentro también se debatió sobre la extensión de las jornadas laborales y los sistemas de premios utilizados por las aplicaciones.
Los participantes cuestionaron que las plataformas incentiven la rapidez en las entregas sin evaluar de qué manera se cumplen los recorridos ni si los repartidores respetan las normas de tránsito.
En ese contexto, señalaron que los trabajadores se encuentran expuestos a accidentes, robos y situaciones de inseguridad, especialmente durante la noche.
El diagnóstico plantea que el funcionamiento de algoritmos poco transparentes puede empujar a los repartidores a tomar mayores riesgos para completar más viajes, mantener determinadas puntuaciones o acceder a mejores pagos.
También se cuestionó la dificultad para conocer los criterios que utilizan las empresas al momento de asignar pedidos, aplicar sanciones o suspender las cuentas de los trabajadores.
El reclamo al Municipio
El documento elaborado tras el encuentro dedica fuertes críticas a la postura del Municipio de General Pueyrredon.
Los participantes sostuvieron que las plataformas desarrollan una actividad económica en la ciudad sin tributar tasas como Seguridad e Higiene, situación que, a su entender, las coloca en un lugar de privilegio frente a otros sectores comerciales.
Desde el SICAMM reclamaron que la actividad sea incorporada a las ordenanzas fiscal e impositiva y que las plataformas tengan las mismas obligaciones tributarias que el resto de las empresas que operan en Mar del Plata.
La propuesta apunta a que los recursos obtenidos puedan utilizarse para financiar políticas específicas para el sector, como espacios de descanso, sanitarios, puntos de carga de celulares y medidas de prevención ante hechos de inseguridad.
También reclamaron que las empresas fijen un domicilio legal en la provincia y en el municipio, para que los trabajadores tengan un lugar concreto donde efectuar reclamos y realizar trámites.
Un proyecto municipal archivado
Durante la comisión dedicada a la reglamentación se recordó que en 2025 fue presentado un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon, aunque la iniciativa finalmente fue archivada.
El proyecto proponía crear un registro único de trabajadores, incorporar a los repartidores al diseño de las políticas públicas y establecer obligaciones municipales, como la provisión de cascos y la instalación de estaciones de descanso.
Como antecedentes, los participantes mencionaron regulaciones implementadas en municipios como Morón y Escobar, además de la experiencia de Rosario.
En el caso de Morón, por ejemplo, se destacó la creación de estaciones destinadas al descanso de los repartidores.
A partir de esas experiencias, el encuentro concluyó que Mar del Plata debería contar con una ordenanza que establezca un marco “claro y ordenador” para la actividad.
Respaldo al proyecto provincial
Los participantes también expresaron su apoyo al proyecto de ley enviado por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense para establecer un marco de protección para quienes realizan tareas de reparto de bienes o traslado de personas mediante aplicaciones.
La propuesta no busca resolver la discusión sobre si los repartidores deben ser considerados empleados en relación de dependencia o trabajadores autónomos. Su objetivo es fijar un piso de derechos y condiciones de seguridad para quienes desarrollan la actividad.
Entre los puntos valorados durante el encuentro aparecen la creación de seguros contra robos a cargo de las empresas, la instalación de espacios de descanso, baños y lugares para cargar celulares.
También se destacó la obligación de transparentar los mecanismos utilizados para sancionar, bloquear o suspender a los repartidores, además de establecer canales de atención humana para la presentación de reclamos.
Los participantes, en cambio, consideraron insuficiente la incorporación de un botón antipánico como principal respuesta frente a los problemas de inseguridad, ya que remarcaron que una de las situaciones más frecuentes es el robo del propio teléfono celular.
El antecedente judicial
El documento también menciona un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que, según se expuso durante el encuentro, establece una presunción de prestación laboral y considera a las empresas prestatarias como empleadoras.
A partir de ese antecedente, los participantes plantearon la posibilidad de analizar estrategias judiciales para reclamar el reconocimiento de derechos laborales.
Además, propusieron fortalecer la organización sindical y dar mayor visibilidad a una actividad que se expandió con fuerza en los últimos años, pero que todavía no cuenta con una regulación integral.
Los comercios, también bajo las reglas de las plataformas
Otro de los aspectos debatidos fue la relación entre las aplicaciones y los pequeños comercios.
Los participantes advirtieron que muchas pymes y emprendimientos necesitan utilizar las plataformas para realizar entregas y llegar a sus clientes, pero al mismo tiempo quedan sujetos a las condiciones económicas y comerciales impuestas por las empresas.
En ese sentido, plantearon la posibilidad de construir una alianza entre los trabajadores y los comercios que dependen de las aplicaciones, con el objetivo de discutir colectivamente los costos, las comisiones y las condiciones del servicio.
El diagnóstico señala que, si bien las plataformas aparecen como las principales beneficiarias del sistema, los pequeños comercios también sufren las consecuencias de las reglas de asignación de precios y servicios.
Un pedido para que el tema vuelva a discutirse
Entre las conclusiones del encuentro se planteó la necesidad de fortalecer el SICAMM, acompañar el proyecto provincial y promover una nueva discusión en el Concejo Deliberante.
También se reclamó la participación de trabajadores, sindicatos, comercios, especialistas y autoridades municipales en el diseño de cualquier política pública vinculada con la actividad.
El objetivo, según quedó establecido, es construir un consenso social sobre la necesidad de regular el trabajo mediante plataformas y establecer un piso mínimo de condiciones laborales.
Para el sector, la expansión del reparto mediante aplicaciones modificó el mercado de trabajo y las formas de consumo, pero ese crecimiento no estuvo acompañado por normas que protejan a quienes realizan diariamente las entregas.
La conclusión del encuentro fue que la actividad debe ser reconocida, visibilizada y regulada, tanto para mejorar las condiciones de los trabajadores como para ordenar el funcionamiento de las empresas que operan en el espacio público de Mar del Plata.