La comuna busca que el complejo de balnearios pase a la órbita local, pero no hay acuerdo con la gestión bonaerense sobre los tiempos y las condiciones. El conflicto permanece en la Justicia, donde se espera una resolución definitiva.
La municipalización de Punta Mogotes se convirtió en una de las principales disputas políticas entre el gobierno local y la Provincia, cuyo desenlace, aún pendiente, está en manos de la Justicia.
El origen de esta historia se remonta al 20 de noviembre de 1979. En aquel entonces, se celebró un convenio entre la Provincia y el Municipio para el desarrollo urbanístico y turístico de la “Playa de Punta Mogotes”.
Esto habilitó la creación del ente denominado Proyectos Especiales de Mar del Plata Sociedad del Estado, que funcionaba bajo la órbita local y tenía a su cargo la planificación, estudio y puesta en marcha de las obras previstas.
Así se llevó a cabo la construcción de las instalaciones del actual complejo de 24 balnearios ubicado en la zona sur del distrito, para lo cual se tomó un crédito del Banco Provincia que nunca pudo ser honrado por la comuna. La inauguración fue en enero de 1981.
Los problemas económicos del ente se multiplicaron en los años subsiguientes y la situación derivó en una deuda millonaria.
El 31 de agosto de 1984, con el retorno de la democracia, la Provincia y el Municipio rubricaron un nuevo convenio para crear la Administración Punta Mogotes (APM), una entidad pública interjurisdiccional, conformada en un 70% por la gestión bonaerense y en un 30% por la comuna.
El acuerdo implicó que el complejo dejara de estar bajo la administración municipal: la APM reemplazó a Proyectos Especiales de Mar del Plata Sociedad del Estado, ente que había sido disuelto en diciembre de 1982.
El artículo 17º del convenio es una de las claves del conflicto posterior. En este apartado, “las partes se obligan” a denunciar el mismo “una vez extinguidas las deudas” que el ente municipal “contrajera con el Banco de la provincia de Buenos Aires y la totalidad de las obligaciones que le correspondieran” a la APM.
Si bien las deudas fueron absorbidas por el Banco Provincia, la discusión por los montos y las condiciones se convirtió luego en una de las principales diferencias entre la Gobernación y el Municipio.
Desde entonces, y especialmente durante la última década, distintos sectores políticos impulsaron proyectos para que el complejo turístico volviera a la órbita municipal, entre ellos Acción Marplatense, el Frente Renovador y la Unión Cívica Radical.
Durante la gobernación de María Eugenia Vidal, una de las referentes del peronismo local, Fernanda Raverta, también reclamó el traspaso a la órbita local. Actualmente, el administrador general de la APM es Fernando Maraude, un dirigente cercano a ella.
Demanda
En agosto de 2024, el entonces intendente Guillermo Montenegro -quien dejó trascender que volverá a su cargo en los próximos días luego de desempeñarse los últimos meses como senador bonaerense- dio un paso al frente y anunció que buscaría recuperar Punta Mogotes.
En una conferencia de prensa, calificó al complejo como “abandonado, triste y estancado” y planteó la necesidad de que el lugar “vuelva a brillar” con un esquema “público-privado”.
Montenegro invocó la cláusula del convenio que establece que el mismo se puede rescindir una vez cancelada la deuda. Según informó el Ejecutivo local tras cotejar los “estados contables” de la APM, la suma ascendía a $14.069.819 a valores de diciembre de 2023.
A fines de agosto de 2024, el Municipio intimó a Kicillof a aceptar el pago de la deuda y no recibió una respuesta favorable. Tras ello, en octubre de ese año presentó una demanda para que la Justicia ordenara a la Provincia aceptar la cancelación del monto señalado y concretar así el traspaso.
La presentación fue aceptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Nº1, a cargo de Simón Isacch, aunque no tuvo muchos avances durante un año y medio por la competencia judicial. La Provincia pretendía que la causa se tramitara en La Plata, mientras que el Municipio reclamaba que fuera en un tribunal de Mar del Plata.
Esta disputa llegó a la Suprema Corte bonaerense, que a fines de abril de este año resolvió a favor de la comuna. Tras el pronunciamiento del máximo tribunal, la Fiscalía de Estado expuso la postura de la Provincia sobre el monto necesario para rescindir el convenio.
Según explicó, en 1996, el gobierno bonaerense asumió como avalista una deuda de la APM con el Banco Provincia, cuyo monto original ascendía a US$17.973.179,50.
En ese sentido, cuestionó que el valor estipulado por la comuna no contemplara los intereses y otros conceptos que deben ser considerados para determinar el saldo total de la obligación, algo crucial para la posterior denuncia del convenio.
A su vez, rechazó que el municipio tuviera “legitimación” para promover el pago de la obligación por consignación judicial, ya que la deudora es la APM.
“La consignación pretendida por la Municipalidad es un intento de aprovechamiento abusivo de un pago realizado hace treinta años por nuestra representada, con el fin último de acceder a la administración del balneario, sin afrontar el peso económico real que implicó la cancelación de la deuda con el Banco Provincia hace varios años”, planteó la Gobernación ante la Justicia.
Concurso de ideas y licitación
Concurso de ideas y licitaciónEn paralelo al conflicto judicial y ante el inminente vencimiento de las concesiones de los balnearios, el gobierno bonaerense lanzó un concurso de ideas para la puesta en valor arquitectónica y paisajística del complejo. La iniciativa fue presentada como un posible punto de partida para alcanzar un acuerdo con el Municipio.
Tras dar a conocer a los ganadores en mayo, la Provincia anunció el traspaso de Punta Mogotes a la órbita local, pero con una serie de pasos a seguir.
La propuesta contemplaba prorrogar las concesiones actuales y elaborar los pliegos para licitar los balnearios, con el objetivo de incorporar los proyectos de modernización surgidos del concurso de ideas. El proceso se desarrollaría en coordinación con el Municipio.
El siguiente paso sería la adjudicación de las concesiones, con la realización de obras de infraestructura. Una vez ejecutadas, se concretaría la municipalización, de acuerdo al esquema impulsado por la Provincia.
Cautelar y audiencias
El Municipio rechazó de inmediato la propuesta y solicitó una cautelar para que la Provincia no realice modificaciones en el complejo hasta que no se defina la cuestión de fondo.
En este contexto, Isacch convocó a una serie de cuatro audiencias con el objetivo de acercar posiciones entre las partes, tanto sobre el proceso de licitación como sobre la cuestión de fondo: el traspaso de los 24 balnearios.
A pesar de que reconocieron avances, la Provincia y el Municipio no llegaron a un acuerdo. El 8 de septiembre, el magistrado cerró la instancia de conciliación y reanudó los plazos procesales de la causa.
Días después, la APM extendió las concesiones de los balnearios hasta el 30 de junio de 2027 o hasta que se designe un nuevo adjudicatario tras el correspondiente proceso licitatorio. La medida buscó garantizar la continuidad de la actividad durante la temporada de verano.
El Municipio consideró que el recurso solicitado había perdido “vigencia y utilidad práctica” luego de que la Provincia prorrogara los contratos “unilateralmente y en plena tramitación de la causa”. De esta manera, Isacch dio por terminado el proceso vinculado a la cautelar.
De todos modos, se mantiene el reclamo principal de la comuna por la restitución del complejo de balnearios. La Justicia tiene en sus manos la resolución de este conflicto, que promete sumar nuevos capítulos.