La Justicia Federal imputó, además, a otras dos personas y les dictó prisión preventiva a los cuatro acusados de integrar la organización. La investigación permitió reconstruir viajes sospechosos, movimientos millonarios de dinero y una estructura de distribución de drogas. En 16 allanamientos secuestraron estupefacientes valuados en más de 266 millones de pesos.
Una investigación de cinco meses permitió a la Justicia Federal de Mar del Plata reconstruir el funcionamiento de una presunta organización dedicada al tráfico y la comercialización de cocaína y tusi, que habría sido dirigida por dos hermanos con antecedentes por narcotráfico. Cuatro personas fueron imputadas y quedaron detenidas con prisión preventiva, mientras que los investigadores no descartan la participación de otros involucrados.
La causa, impulsada por el fiscal federal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi, derivó en 16 allanamientos realizados el 13 y 14 de octubre en Mar del Plata y otras zonas de la provincia de Buenos Aires. Los procedimientos permitieron secuestrar casi diez kilos de cocaína y 981 gramos de tusi, además de armas de fuego, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.
De acuerdo con las estimaciones de la fuerza de seguridad que intervino en los operativos, la droga incautada tendría un valor superior a los 266 millones de pesos: más de 243 millones correspondientes a la cocaína y otros 23 millones al tusi.
El juez federal de Garantías Santiago Inchausti hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva de los tres hombres imputados por 180 días. En el caso de la única mujer acusada, estableció inicialmente un plazo de 15 días debido a un problema de salud planteado por su defensa.
Dos hermanos, viajes sospechosos y una estructura de distribución
La hipótesis de la Fiscalía ubica a dos hermanos, identificados como N.G.D., de 28 años, y G.F.D., de 30, al frente de la presunta organización criminal. Ambos habrían tenido a su cargo la provisión de estupefacientes y la coordinación de las actividades de distribución y comercialización.
Los investigadores sostienen que los hermanos abastecían a otros integrantes de la estructura y organizaban los movimientos necesarios para transportar las sustancias.
Uno de los elementos que despertó las sospechas fue la modalidad de los viajes que realizaban. Según expusieron los representantes del Ministerio Público Fiscal, los hermanos se desplazaban en automóviles separados, con cierta distancia entre ellos, posiblemente para detectar controles policiales en las rutas.
Las tareas de seguimiento permitieron advertir que, en algunos de esos desplazamientos, permanecían apenas entre 20 y 30 minutos en destino antes de emprender el regreso. Para volver, elegían rutas alternativas, más extensas y con menor presencia de controles.
La Fiscalía también destacó viajes de G.F.D. a Bolivia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que su hermano registraba desplazamientos hacia la Capital Federal.
Ambos cuentan con condenas anteriores, ya cumplidas, por comercialización de estupefacientes, un antecedente que fue incorporado por los investigadores para fundamentar la hipótesis sobre sus funciones dentro de la organización.
Uno de los viajes detectados por la Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía bonaerense resultó determinante para el avance de la causa. Los investigadores dieron aviso a la Unidad Fiscal Mar del Plata y esa información contribuyó a desencadenar los allanamientos.
En ese contexto, N.G.D. fue interceptado sobre la ruta nacional 33, a la altura de Trenque Lauquen, cuando regresaba de Buenos Aires. Durante su requisa y detención le secuestraron 3.500 dólares.
El circuito de distribución de la droga
La reconstrucción fiscal también permitió identificar las presuntas funciones de los otros dos imputados.
A C.A.B., de 28 años, se le atribuye el rol de distribuidor. Según la acusación, recibía los estupefacientes, los almacenaba en las bauleras del edificio donde residía y posteriormente los entregaba a otros integrantes de la organización.
Las tareas de vigilancia permitieron registrar doce movimientos o encuentros entre este imputado y quienes serían sus proveedores y revendedores.
Por su parte, N.B., de 45 años, habría participado en la distribución de las sustancias que recibía de C.A.B., tanto para abastecer otros puntos de venta como para su comercialización a menor escala.
En su caso, los investigadores identificaron encuentros frecuentes y de pocos minutos con terceras personas, una dinámica que, según la hipótesis fiscal, estaría vinculada con las operaciones de venta.
La acusación se sustenta en tareas de vigilancia, seguimientos, registros de encuentros e intercambios de bolsos, cajas, bolsas y mochilas, además de movimientos económicos detectados entre las personas investigadas.
Los fiscales aclararon que la investigación continúa abierta y no se descarta la participación de otras personas en la estructura.
Drogas por más de 266 millones de pesos
Los 16 allanamientos, siete realizados el 13 de octubre y otros nueve al día siguiente, permitieron secuestrar casi diez kilos de cocaína y 981 gramos de tusi.
Esta última sustancia, conocida popularmente como cocaína rosa, no necesariamente contiene cocaína. Se trata de una mezcla de sustancias psicoactivas cuya composición puede variar e incluir ketamina, MDMA, cafeína y otros componentes.
Además de los estupefacientes, los procedimientos permitieron incautar 32 teléfonos celulares, dos armas de fuego, balanzas y elementos de corte, junto con aproximadamente 2,5 millones de pesos, más de 9.000 dólares y 300 euros.
Otro de los ejes de la investigación está relacionado con los movimientos de dinero.
Durante la audiencia de formalización, el auxiliar fiscal Giffi hizo referencia al volumen de transferencias detectadas entre las personas investigadas, incluso mediante operaciones con personas jurídicas dedicadas al trading de dinero.
Para el Ministerio Público Fiscal, esos movimientos económicos, junto con el efectivo secuestrado y la falta de respaldo en actividades formales para justificar parte de los fondos, constituyen elementos relevantes de la investigación.
El juez Inchausti también dispuso el embargo de dos automóviles, un Volkswagen Polo Track y un Ford Fiesta, que habrían sido utilizados en las maniobras investigadas y que podrían provenir de la actividad ilícita. Asimismo, convalidó el secuestro y embargo del dinero incautado.
Prisión preventiva y una investigación que continúa
Los cuatro acusados fueron imputados por el delito de tráfico de estupefacientes, en las modalidades de comercio y tenencia con fines de comercialización, agravado por la intervención de más de tres personas organizadas, conforme al artículo 5, inciso c, de la Ley 23.737.
La Fiscalía sostuvo que la escala de la actividad investigada, la cantidad de droga secuestrada, los movimientos de dinero y el hallazgo de armas de fuego justificaban la imposición de medidas cautelares.
También destacó que la calificación legal atribuida contempla una pena en expectativa de entre 6 y 20 años de prisión.
El juez federal de Garantías hizo lugar al pedido y dictó prisión preventiva para los tres hombres por 180 días. Para la mujer estableció un plazo inicial de 15 días, en atención a la situación de salud expuesta por su defensa.
Durante la audiencia, que se extendió por aproximadamente tres horas, las defensas de los dos principales acusados plantearon la nulidad de lo actuado. Argumentaron cuestionamientos vinculados con el acceso al legajo de investigación.
El fiscal Eyherabide se opuso y el juez rechazó el planteo. Para resolver, consideró que no se había afectado el derecho de defensa y recordó que el Código Procesal Penal Federal permite al Ministerio Público Fiscal mantener reservado el legajo hasta la formalización de la investigación.
Finalmente, el magistrado estableció un plazo de 180 días para completar la investigación penal preparatoria, con vencimiento el 13 de abril de 2027.
Durante ese período, la Fiscalía buscará profundizar el análisis de los elementos secuestrados, reconstruir el circuito de comercialización de las sustancias y determinar si existieron otros participantes en las maniobras investigadas.