Con 42 votos a favor y 26 en contra, el oficialismo logró sancionar la reforma, pero debió resignar su intención de eliminar los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. La normativa también acelera los desalojos y modifica el régimen de expropiaciones.
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que atravesó distintas modificaciones durante su tratamiento legislativo y terminó con un resultado diferente al que pretendía originalmente el oficialismo: la continuidad de la Ley de Tierras Rurales y de las restricciones a la extranjerización de campos en la Argentina.
La votación terminó con 42 votos afirmativos y 26 negativos. La Libertad Avanza consiguió el respaldo de la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y el Movimiento por Misiones. En contra se pronunciaron el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.
La sanción representa un cambio respecto de las pretensiones iniciales del Poder Ejecutivo. El proyecto original contemplaba modificaciones a la legislación sobre tierras rurales y al régimen de manejo del fuego, pero ambos puntos encontraron resistencias durante las negociaciones parlamentarias.
En particular, la discusión sobre la Ley de Tierras adquirió relevancia porque el Gobierno había impulsado su derogación mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Durante el tratamiento en Diputados, el oficialismo aceptó incorporar disposiciones para restituir expresamente ese régimen, ante la posibilidad de que la situación jurídica generada por el decreto quedara nuevamente en discusión.
De esta manera, el texto finalmente aprobado mantiene las restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales, al tiempo que introduce modificaciones en materia de desalojos, expropiaciones y regularización dominial.
La Ley de Tierras seguirá vigente: cuáles son los límites para los extranjeros
Uno de los aspectos centrales de la sanción es la continuidad del régimen establecido por la Ley 26.737, aprobada en 2011, que limita la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
La legislación busca evitar una concentración excesiva de tierras en manos extranjeras y establece restricciones tanto sobre la superficie rural total como sobre determinadas áreas consideradas estratégicas.
Entre sus principales disposiciones se encuentran:
-
Límite del 15%: las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden superar, en conjunto, el 15% de la superficie rural del territorio nacional. Ese mismo porcentaje se aplica a cada provincia y a sus municipios o departamentos.
-
Límite del 30% por nacionalidad: dentro de ese cupo del 15%, las personas de una misma nacionalidad extranjera no pueden concentrar más del 30% de la superficie permitida.
-
Máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo: un mismo titular extranjero no puede superar esa superficie, o su equivalente en otras regiones del país, de acuerdo con los criterios de equivalencia establecidos por la normativa.
-
Restricciones sobre cuerpos de agua: se prohíbe la adquisición por extranjeros de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, según las condiciones legales.
-
Zonas de frontera: existen restricciones y requisitos específicos para la adquisición de inmuebles ubicados en áreas de seguridad fronteriza.
La continuidad de este régimen adquiere especial relevancia en un país donde la propiedad de la tierra está vinculada con la producción agropecuaria, la explotación de recursos naturales y el control de territorios estratégicos.
Desalojos más rápidos para inmuebles usurpados
Otro de los cambios importantes está relacionado con los procedimientos judiciales para recuperar propiedades ocupadas irregularmente.
La nueva normativa contempla un mecanismo de restitución más rápido para inmuebles usurpados o bajo tenencia precaria, que podrá aplicarse cuando el reclamante acredite documentalmente su derecho sobre la propiedad.
En esos casos, el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble cuando considere verosímil el derecho invocado, previa caución juratoria.
Además, a pedido del propietario, podrá intimarse la devolución de la propiedad dentro de un plazo de 72 horas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
La reforma apunta a reducir los tiempos judiciales que actualmente pueden extenderse durante meses o años en determinados conflictos por la ocupación de terrenos, viviendas o establecimientos rurales.
Sin embargo, el procedimiento acelerado no se aplicará de la misma manera a todos los conflictos de tenencia.
En el caso de los inquilinos que mantienen deudas por alquileres, la normativa contempla una instancia previa de intimación. El propietario deberá enviar una carta documento y conceder un plazo mínimo de diez días corridos, contados desde la recepción de la notificación, para que el locatario regularice su situación.
Expropiaciones: mayores exigencias para el Estado
La ley también introduce modificaciones al régimen nacional de expropiaciones, mediante el cual el Estado puede adquirir bienes privados por razones de utilidad pública, con la correspondiente indemnización.
Uno de los cambios establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva, lo que exige una fundamentación más precisa de las razones que justifican la intervención estatal.
La reforma busca limitar la discrecionalidad de los organismos públicos y reforzar las garantías de los propietarios frente a los procedimientos expropiatorios.
También se incorporan modificaciones al cálculo de las indemnizaciones, entre ellas un límite del 30% para el reconocimiento del lucro cesante, según las condiciones previstas en el texto aprobado.
En materia de actualización e intereses, la iniciativa contempla una fórmula vinculada con la evolución del Índice de Precios al Consumidor y una tasa de referencia del Banco Nación a treinta días.
Cambios para acceder a las escrituras de viviendas familiares
El proyecto incorpora, además, una modificación al régimen de regularización dominial conocido como Ley Pierri, que permite a determinadas familias acceder a la escritura de la vivienda que ocupan cuando cumplen las condiciones legales.
La reforma contempla la posibilidad de regularizar la situación de inmuebles destinados a vivienda única a partir de una posesión pública y continuada durante los diez años anteriores, conforme a los requisitos establecidos.
Esta herramienta resulta especialmente relevante para familias que habitan desde hace años una propiedad, pero no cuentan con un título de dominio formalizado.
La regularización permite avanzar hacia la seguridad jurídica sobre la vivienda y resolver situaciones de informalidad dominial que afectan a numerosos hogares.
Una ley que terminó siendo diferente a la que pretendía el Gobierno
El recorrido parlamentario de la iniciativa dejó en evidencia las dificultades del oficialismo para avanzar con una reforma integral del régimen de propiedad privada.
La propuesta original tenía un alcance más amplio e incluía cambios sobre la legislación de tierras rurales y el manejo del fuego. Sin embargo, las negociaciones con bloques aliados y las modificaciones introducidas durante el debate redujeron ese alcance.
El resultado es una ley que fortalece determinadas herramientas de protección de la propiedad privada, especialmente frente a ocupaciones irregulares y procedimientos expropiatorios, pero conserva las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros que el Gobierno pretendía eliminar.
