Este 30 de diciembre, último día de actividad del 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable aprobó por decreto el proyecto de exploración sísmica en la costa Atlántica.
Por Thomás Lahitte
El boletín oficial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable sorprendió con la aprobación por decreto del proyecto de exploración sísmica off-shore presentado por la empresa noruega Equinor, “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)’” cuyos plazos de autorización habían sido suspendidos a principios de septiembre.
Desde Jóvenes por el Clima (JOCA) aseguraron: “Estamos en un momento crítico a nivel nacional por todos los incendios pero en vez de que eso sirva para tomar las medidas necesarias para paliar el cambio climático se siguen apostando por este tipo de actividades”.
Al momento del decreto 11 provincias se encuentran en emergencia ígnea con fuertes focos de incendios cuyo epicentro son las provincias patagónicas. Hace tan solo unos días la Ley de Humedales, que buscaba proteger ese tipo de ecosistemas, perdió estado parlamentario. A esto se suma el conflicto por las mega-minería en la provincia de Chubut, lo que configura un contexto de discusiones en torno al medio ambiente.
Los permisos actuales para operar sobre las aguas del mar argentino datan del período 2017-2019, donde se otorgaron dieciocho áreas por un total de 225.000 km2 que suponían la inversión de 724 millones de dólares.
Una medida sin licencia social
El término “licencia social” fue utilizado por las comunidades chubutenses para referirse a que la megaminería no tenía el aval de la sociedad como actividad. Algo similar parece ocurrir en las ciudades costeras con la exploración off-shore.
La iniciativa de búsqueda de hidrocarburos en el mar argentino fue rechazada por diversos sectores que van desde la industria pesquera, organizaciones políticas y ambientales, fundaciones e institutos científicos y la sociedad civil, entre otras.. La máxima expresión de descontento tuvo lugar durante la Audiencia Pública convocada por las autoridades ambientales en el mes de julio donde Equinor presentó su Evaluación de Impacto Ambiental.
En esa oportunidad, 333 oradores se pronunciaron en contra por los efectos adversos que esta actividad, en sus distintas etapas, tiene para el medio ambiente, la pesca e incluso el turismo. A favor, solo hubo 12 personas.
El rechazo al proyecto se volvió consigna de distintas movilizaciones (como la marcha por la emergencia climática). Además, se elaboraron documentos como los presentados por la industria pesquera el 31 de agosto que exigía un estudio ambiental más serio y que consideraba todas las medidas paliativas insuficientes.
La evidencia científica y los compromisos ambientales
Un estudio de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) reveló que las probabilidades de derrames son del 100%, mientras que un informe elaborado por la Cámara de Empresas Pesqueras (CEPA) advirtió sobre los efectos nocivos para la actividad pesquera, que ya contaba con el antecedente del Golfo San Jorge en 2009, donde luego de la actividad de los buques sísmicos, se tardó más de 16 meses en volver a encontrar merluza en la zona.
Las organizaciones ambientales hicieron hincapié en los distintos acuerdos de descarbonización y transición energética asumidos por Argentina, como el acuerdo de París que fija la reducción de emisiones al 50% para 2030.
Uruguay, Nueva Zelanda, Australia e Irlanda son algunos de los países que o bien cancelaron las exploraciones existentes o suspendieron la aprobación de nuevos proyectos.
El viernes 31 se convocó una movilización hacia el complejo residencial de Chapadmalal donde comenzará sus vacaciones el presidente Alberto Fernández, mientras que martes 4 de enero se espera una concentración a las 17 en la Rambla para luego movilizar a las 18 hacia el Municipio.