Montenegro puso otra vez en vigencia el sistema de detección de infracciones de tránsito, pero sin el aval del Concejo Deliberante. La oposición planteó que la maniobra es ilegal y que se busca ocultar un “negocio millonario”.  

Por Nicolás Quintaié 

El regreso de las fotomultas en la ciudad desató en la última semana un debate encarnizado entre oficialismo y oposición por la validez de la medida que tomó el intendente.

“En Mar del Plata se maneja mal”, fue la sentencia de Guillermo Montenegro para reflotar el sistema de detección de infracciones de tránsito que había tenido su primera aparición en el gobierno de Carlos Arroyo. El municipio rubricó un acuerdo en 2017 con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que, tras la aprobación del HCD, tuvo vigencia hasta agosto del año pasado, cuando el actual jefe comunal lo dio de baja por diversos incumplimientos de la prestataria.

Pero el problema de la siniestralidad aún persiste en la comuna: según un informe de la ONG “Asociación Víctimas de Delitos y Tránsito”, en 2021 las muertes crecieron un 64,5%. Con este escenario, el Ejecutivo Municipal firmó un nuevo convenio con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) por un plazo de 5 años para poner en marcha un programa de seguridad vial y aplicar otra vez las fotomultas. Sin licitación previa del servicio.

 Entre los principales objetivos del acuerdo, se establece la implementación de una “red de recursos tecnológicos a fin de monitorear el uso de la vía pública por parte del transporte público y privado”; el diseño de políticas “para mejorar la seguridad vial”; la detección de transgresiones a las normas de tránsito; y la capacitación continua sobre seguridad vial a los agentes municipales, funcionarios de gobierno y público en general.

En cuanto a la recaudación, la Provincia será acreedora de un monto equivalente al 20% de lo que se perciba por las infracciones labradas. En tanto, el Municipio se quedará con el 24% y la casa de altos estudios, con el 56%. La UNSAM tendrá a la provisión de equipos y recursos humanos, además del mantenimiento. 

En el gobierno resaltan este aspecto, ya que la ciudad se llevará su porcentaje sin invertir un solo peso: las erogaciones correrán por cuenta de la casa de altos estudios y la empresa con la que decida tercerizar el sistema de fotomultas.

Obstáculos y salida legal

El proyecto fue presentado en el Concejo en enero y avanzó en las comisiones de Seguridad y Movilidad Urbana. Sin embargo, quedó trabado durante tres meses en Legislación porque no estaban los votos para que prosperara por la falta de mayoría del oficialismo. Si bien el interbloque de Juntos por el Cambio apoyó la iniciativa, tanto el Frente de Todos y Acción Marplatense se pronunciaron en contra, al igual que Alejandro Carrancio (Crear). 

Ante la falta de avances, Montenegro buscó una salida legal para poner en funcionamiento las fotomultas, lo que caldeó los ánimos de sus adversarios políticos: un cambio en la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM)-normativa que rige el funcionamiento de las comunas bonaerenses- que se votó el 28 de diciembre pasado en la Legislatura. 

El artículo 45 de la Ley 15.310 que sancionó la Cámara de Diputados provincial modificó el artículo 41 de la LOM. El mismo establece que “corresponde al Concejo autorizar consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos a las Leyes provinciales o nacionales”. Mientras que este requisito quedará eximido “en los casos de los convenios suscriptos con los organismos de la administración central, desconcentrados, descentralizados, sociedades y empresas del Estado, tanto de la Provincia de Buenos Aires como del Estado Nacional”. Dentro de este universo se ubicaría el acuerdo con la UNSAM, según la visión del gobierno.

Los cuestionamientos de la oposición

Las bancadas opositoras cargaron duro contra el gobierno por saltarse la aprobación del Concejo gracias a la modificación de la LOM. El concejal Carrancio sostuvo que hubo una interpretación “errónea” de la ley porque las universidades no serían parte de los organismos estatales con los que se pueden firmar convenios sin el aval del HCD. Por el contrario, se trata de instituciones autónomas y autárquicas según la Constitución.

Marina Santoro, la presidenta del bloque del Frente de Todos, planteó el principio de irretroactividad de la ley, puesto que el convenio se firmó el 21 de diciembre y el cambio en la LOM comenzó a estar vigente el 29 de diciembre a partir de su promulgación, con lo cual no tendría validez la maniobra del intendente. 

A raíz de este argumento, el espacio opositor elevó en los últimos días una nota al Honorable Tribunal de Cuentas, entidad que se encarga de controlar la administración y la gestión de los municipios. En la misiva se le solicita a Federico Thea, el titular del organismo provincial, que determine si las universidades están alcanzadas por el artículo 41 de la LOM. Y también si el hecho de que la firma del acuerdo con la USNAM sea anterior a la fecha de promulgación de la Ley 15.310 impide aplicar la nueva normativa al convenio en cuestión.

Por otro lado, Santoro calificó a la decisión de Montenegro como un “atropello” a la independencia de poderes y remarcó que se busca “ocultar” quién está detrás del “negocio millonario” de las fotomultas. En la misma línea, el pultista Horacio Taccone consideró que se “incumplió” la ley y vaticinó que la Justicia podría frenar el cobro de las multas.

En contrapartida, el oficialista Agustín Neme (Vamos Juntos) esgrimió que “la transparencia está garantizada” y que este tipo de convenio rige en otros distritos gobernados por el FdT, como La Matanza o Morón.

Cómo sigue la implementación de las fotomultas

Montenegro dispuso desde la semana pasada el inicio de un “período de prueba” de entre 60 y 90 días para ajustar los dispositivos de detección de infracciones de tránsito e instalar la señalética correspondiente.

En una primera etapa se contempla la incorporación de 50 dispositivos en los lugares de mayor siniestralidad. El objetivo es colocar 240 en el año, entre los artefactos que miden la velocidad (cinemómetros) y los que registran el paso por el semáforo en luz roja (semafóricos).

De cara a las próximas semanas, habrá que seguir de cerca si alguna presentación judicial impide la implementación de las fotomultas. O si, por el contrario, el cambio en la normativa provincial que argumenta el intendente le dará el marco legal necesario al convenio entre el municipio y la UNSAM.