La UCR apuntó contra Nación por la distinta vara para ceder tierras. La oposición local encendió el debate por un tributo que pagan los vecinos. El gobierno presentó la Rendición de Cuentas del 2022, que mostró avances en la recaudación.
Un nuevo capítulo por El Marquesado
El bloque radical reveló esta semana que el municipio le habría solicitado hace dos años a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la entrega de tierras para fortalecer el sistema de salud local.
Según planteó el edil Daniel Núñez, en abril de 2021 la comuna pidió dos predios en el macrocentro para crear un centro de atención de niños con autismo y una ampliación de los consultorios del CEMA (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias). Sin embargo, el legislador aseguró que “no hubo ningún tipo de respuesta” en todo este tiempo. 
La AABE, como es sabido, quedó en el centro de la polémica por ser la que otorgó en custodia provisoria 140 hectáreas en El Marquesado a la asociación civil Tercer Tiempo, vinculada al MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) que conduce Juan Grabois. Esto desencadenó un conflicto con los vecinos de la zona y una denuncia penal por parte de Montenegro la semana pasada.
A raíz de este antecedente, Núñez apuntó contra “la discriminación” del Gobierno Nacional por la distinta vara para ceder terrenos fiscales en la comuna, más aún tratándose de un pedido que gestionó el propio municipio.
Por su parte, ayer, las principales organizaciones empresariales del sector productivo local tomaron posición sobre el conflicto y rechazaron la cesión de la AABE al MTE. A través de un comunicado, pidieron dejar sin efecto la entrega de las 140 hectáreas, que fue de forma “discrecional, poco participativa e inconsulta”.
También consideraron que la decisión del organismo nacional “contradice el desarrollo productivo y turístico que viene teniendo esa zona conocida como ‘Chapa’, dando origen a un riesgo evidente de evolucionar a otro emprendimiento socio-comunitario que podría dejar instalado un asentamiento informal que depreciará y frenará el desarrollo de toda la zona”.
Por último, pidieron “encarecidamente” al Gobierno Nacional modificar la decisión. Y propusieron una mesa de diálogo con los “diversos actores intervinientes en el territorio” para analizar el destino de las 140 hectáreas.
El comunicado lleva la firma del Consorcio del Parque Industrial General Savio, la Cámara Textil, el Centro de Constructores, la Bolsa de Comercio, Aticma (Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación), la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, el Cluster de Alimentos y la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra).
La polémica por las obras
Un debate inesperado se instaló en el Concejo a partir de un proyecto de Virginia Sívori (Frente de Todos) que apunta a la ordenanza 16.730. La norma establece que los propietarios beneficiados con tareas de pavimentación y cordón cuneta están obligados al pago de una contribución por mejoras.
La concejal propuso que la ordenanza quede sin efecto en el caso de trabajos que se ejecuten con fondos provinciales y nacionales. “La Provincia envía fondos al Municipio para hacer obras de asfalto. Montenegro, simulando que los fondos son municipales, le cobra el asfalto a los vecinos, a través de Contribución por Mejoras. Las obras ya están pagas y el intendente se las cobra a los frentistas”, denunció la economista.
Sívori planteó “estar de acuerdo” con el cobro del tributo, pero no en los casos de obras financiadas por otras jurisdicciones, que suele ser lo más habitual en intervenciones de pavimentación y cordón cuneta. “Cuando el Municipio decida asfaltar con fondos propios, podrá cobrar la contribución”, especificó.
🚧 La Provincia envía fondos al Municipio para hacer obras de asfalto.
⚠️ Montenegro, simulando que los fondos son Municipales, le cobra el asfalto a los vecinos, a través de Contribución por Mejoras.
⛔️ Las obras ya están pagas y Montenegro se las cobra a los frentistas.
Sigue— Vir Sívori (@Vir_Sivori) April 1, 2023
El oficialismo adelantó que no acompañará la iniciativa. Mientras que desde el Emvial, el ente encargado de las tareas de vialidad y alumbrado en la comuna, alertaron que suspender el cobro del tributo desfinanciaría al ente.
Por el momento, el proyecto permanece en la comisión de Obras, a la espera de informes del Ejecutivo para analizar la factibilidad de la iniciativa.
El gobierno presentó la Rendición de Cuentas 2022
Como sucede todos los 31 de marzo, el Ejecutivo presentó ante el Concejo la Rendición de Cuentas 2022, que detalla la ejecución y percepción de fondos del municipio durante el año pasado.
El Presupuesto 2022 ascendió a $42.681.973.319,91. De esa cifra se ejecutaron partidas por $39.435.447.144,67; es decir, el 92,39%. Esto representa una suba de 6,75 puntos porcentuales en relación a 2021.
Si bien las áreas de la Administración Central mostraron una ejecución promedio por encima del 90%, e incluso por arriba del 100% en algunos casos, la Secretaría de Obras bajó la media general (34,55%): 33 de las 60 intervenciones pautadas para 2022 no comenzaron. La cartera de Desarrollo Productivo, en tanto, fue la segunda que menos partidas utilizó, pero con una cifra sensiblemente superior (91,64%).
Por su parte, la recaudación también mostró una mejora respecto a 2021, cuando se percibió el 85,94% de lo calculado. En concreto, ingresaron recursos por $37.275.570.808,73: el 87,33% de lo proyectado.
Según lo estipula la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Concejo ahora tiene 60 días corridos desde la presentación de los expedientes para aprobar o rechazar la ejecución presupuestaria del 2022. Eso quedará en una manifestación política, ya que luego el análisis quedará bajo la órbita del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la provincia de Buenos Aires.
El organismo de contralor decidirá si aprueba o no los números de la comuna y está facultado para aplicar sanciones a los servidores públicos que hayan incurrido en faltas. Esto suele alcanzar al intendente, los presidentes de los entes (Emtur, Emvial, Emder y Emsur) y al titular de Obras Sanitarias; aunque también pueden estar implicados funcionarios de menor rango.