Axel Kicillof volvió a Mar del Plata y anticipó una temporada “difícil”. Las reformas que propone el presidente ya generaron repercusiones en la dirigencia local. El Concejo y una ordenanza en línea con la “austeridad”.

Operativo de Sol a Sol

Con la presencia del gobernador Axel Kicillof, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el intendente Guillermo Montenegro, entre otros, el martes se lanzó en la ciudad una nueva edición del Operativo de Sol a Sol.

Se trata del clásico operativo de seguridad que se despliega en los principales turísticos de la provincia y las rutas, con Mar del Plata como epicentro. Para la prevención del delito habrá un despliegue de más de 22.300 efectivos policiales.

En medio de las fuertes reformas que busca impulsar el Gobierno Nacional que encabeza Javier Milei, Kicillof comienza a mostrar su perfil opositor de cara a los próximos 4 años.

Durante el acto, advirtió que será una “temporada difícil y compleja” a raíz de las últimas medidas económicas. Aunque garantizó que la gestión provincial brindará su “apoyo” para que sea un verano positivo.

“Si cortan recursos, lo van a sufrir los municipios. Lo va a sufrir el pueblo y nuestra provincia de Buenos Aires”, señaló el gobernador.

Luego, en conferencia de prensa, también alertó sobre la continuidad de la obra pública en Mar del Plata a raíz del posible recorte de recursos del Gobierno Nacional a las provincias.

Kicillof reconoció que hoy hay un grado de “incertidumbre total” respecto al avance de las intervenciones pautadas en la ciudad. Y que aguarda precisiones sobre la cantidad de fondos que dispondrá en el ejercicio 2024.

“No sabemos qué sucederá con la coparticipación y con otros fondos específicos. No nos dieron ninguna pauta. Por eso es difícil saber con cuántos recursos vamos a contar”, concluyó el ex ministro de Economía.

Las primeras reacciones a la “Ley Ómnibus”

Tras el DNU (decreto de necesidad y urgencia) que firmó Milei la semana pasada -que tuvo como objetivo central avanzar en una desregulación económica- , el Gobierno Nacional propuso nuevas reformas a través de una “Ley Ómnibus” que ingresó ayer al Congreso.

Se trata de un texto con 351 páginas y 664 artículos. Entre sus principales iniciativas, propone la declaración de la emergencia pública “en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”.

Con el mismo espíritu que el DNU, se busca avanzar en la privatización de 41 empresas públicas, delegar facultades legislativas al Ejecutivo, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria -lo que habilitaría a aumentos discrecionales por parte del Ejecutivo Nacional- , la derogación de las elecciones primarias (PASO), sanciones con penas de prisión para la protesta social y reformas tributarias y en la Ley Federal de Pesca.

También se disponen diversos cambios en la educación: los alumnos de la secundaria deberán rendir un examen integrador al finalizar la secundaria, la evaluación continua de los docentes y la posibilidad de que las universidades cobren aranceles a extranjeros no residentes. 

En este contexto, algunas voces marplatenses dejaron sus primeras impresiones respecto a la iniciativa del Gobierno Nacional.

Uno de los más críticos fue el diputado provincial Gustavo Pulti (Unión por la Patria). “La ‘Ley Ómnibus’ que impulsó el presidente Milei es un nuevo ataque al progreso posible de los argentinos. En la línea del DNU, esta nueva andanada apunta a convertir a la Argentina en un territorio de mercados sin normas”, cuestionó.

Además, planteó que “la industria nacional, las pymes, el trabajo, los jubilados o jubiladas, al igual que la Constitución y las instituciones de la República, son impactadas por estas iniciativas absolutistas”. 

Y sentenció: “Urge activar la opinión ciudadana y la acción política democrática para impulsar una auténtica alternativa para el desarrollo con justicia social. Único camino del verdadero progreso”.

Por su parte, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR) consideró que “nadie puede poner en duda hoy que la Argentina vive un estado de emergencia”, a raíz de los indicadores de pobreza, inflación y  desempleo, “fruto de tantos años de populismo”.

Frente a esta situación, el legislador aseguró que deben intervenir “los tres poderes del Estado”.

Y profundizó: “El Ejecutivo debe gestionar el día a día de esa emergencia; el Legislativo debe adecuar sus tiempos, sus debates y su legislación a esa prioridad; y el Judicial debe controlar y receptar la mejor doctrina de la emergencia”.

No obstante, Abad expresó que “no puede ocurrir que , porque no es republicano y pone en riesgo cualquier decisión, que uno de los poderes absorba facultades de los otros o incluso pretenda suplantarlos”.

“Desbalancear la división de poderes se paga a corto plazo con una  mayor emergencia. Eso no beneficia a ningún habitante de nuestro país”, concluyó el senador.

Se reduce la Defensoría del Pueblo

En la última sesión del año, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece que ya no habrá más tres defensores del pueblo, sino uno solo.

La votación fue por mayoría, con el voto positivo del interbloque oficialista y del sector libertario. Mientras que Acción Marplatense, Unión por la Patria y el Frente Renovador se pronunciaron en contra.

La nueva normativa establece que la Defensoría del Pueblo tendrá autonomía “política y funcional”. Y su ámbito de intervención será frente a actos o hechos que impliquen un “ejercicio ilegítimo, arbitrario o de impericia de la función pública fundamental”.

Por caso, errores administrativos, demoras, delitos o irregularidades. Además,se modifica el modo de selección del defensor del pueblo.

Cuando eran tres defensores, uno era elegido por el fomentismo, otro por organizaciones no gubernamentales y el restante por colegios profesionales.

Ahora la elección será potestad del Concejo que, en primer lugar, abrirá un registro de postulantes al cargo. Una vez vencido el plazo de inscripción, el Legislativo convocará a sesión para elegir al titular de la Defensoría del Pueblo, que podrá desempeñarse por 4 años, con una sola reelección, y su suplente.

Será elegido el que obtenga la mayoría de los votos válidos en el plenario.