Las empresas de medicina prepaga deberán frenar su escalada tarifaria y limitar sus futuros aumentos a la inflación registrada por el IPC. Así lo dispuso el gobierno nacional, que además solicitó a la Justicia que ordene la devolución de los montos cobrados en exceso entre diciembre y abril. Mientras tanto, avanza la investigación por posible cartelización.

por Limay Ameztoy

En una medida que volvió a sacudir al sistema de salud, al tiempo que generó un impacto directo en el bolsillo de millones de personas, el gobierno nacional anunció días atrás que las empresas de medicina prepaga deberán frenar su escalada tarifaria y adecuar los valores de sus planes a la inflación registrada en cada período.

Asimismo, la Superintendencia de Servicios de Salud presentó ante la Justicia una medida cautelar en la que solicita que se ordene a las empresas prepagas la devolución del dinero cobrado en exceso entre diciembre de 2023 y abril de 2024. El recurso judicial incluye un esquema de devolución consistente en siete cuotas iguales y consecutivas.

¿Esto significa que, en caso de existir un fallo favorable, las empresas deberán devolver dinero a sus clientes? No está tan claro. Y es que el paquete de medidas adoptado por el gobierno nacional también incluye una autorización a aumentar los valores de los planes de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor -IPC-. Esto significa que el impacto final del plan de devolución en la factura de cada usuario dependerá de la cifra que cada mes emita el Instituto Nacional de Estadística y Censo de ahora en adelante.

A todo esto, el desconcierto reina al interior de las empresas de medicina prepaga, que también enfrentan una investigación por posible cartelización. En este contexto, casi ninguna se encuentra en condiciones de responder a las múltiples consultas que ya empezaron a recibir sobre sí terminarán -o no- devolviendo dinero a sus clientes.

Freno a los aumentos e investigación judicial

El nuevo capítulo en la novela de las prepagas se inició formalmente el pasado 17 de abril cuando la Secretaría de Industria y Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, dictó una resolución que ordenaba a las principales empresas del sector adecuar la facturación de sus planes para que los aumentos no sean superiores a la inflación de cada período. 

La decisión se tomó por recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia -CNDC-, en el marco de una investigación iniciada a partir de una presentación realizada en enero por dirigentes de la Coalición Cívica. 

En dicha denuncia – comenada en la columna de Derecho al Derecho del 12 de febrero– se denunciaba una posible conducta de cartelización por parte de las empresas del sector. Según los denunciantes, ya entonces existían “indicios múltiples” de un acuerdo para aumentar excesivamente las cuotas a sus clientes: reuniones para acordar precios, incrementos del monto de las cuotas semejantes con estructuras de costos distintas y cartas de notificación de los aumentos con redacción similar y enviadas el mismo día, entre otras.

El anuncio de la marcha atrás en la liberación del mercado de las prepagas y su sujeción al índice de inflación dejaba, en principio, un vacío respecto de lo sucedido entre diciembre de 2023 y el 17 de abril, período en el que la mayoría de las empresas aplicó aumentos cercanos al 150%. 

Teniendo en cuenta que la inflación acumulada en ese mismo período había sido del 70%, la pregunta del millón -casi literal- era: ¿qué pasaría con el monto cobrado de más?

La respuesta llegó días después de la mano de la Superintendencia de Servicios de Salud: el organismo anunció la presentación de un amparo judicial solicitando que se ordene a las empresas prepagas la devolución del dinero cobrado en exceso. En su presentación, el gobierno propuso un plan de devolución en 7 cuotas iguales y consecutivas.

 Los nuevos valores

Anticipar cómo impactará este cambio en cada factura se complejiza teniendo en cuenta que, en simultáneo, el gobierno autorizó a las empresas a aplicar aumentos futuros acordes al índice de inflación de cada período.
Esto significa que, en primer lugar, deberá calcularse el monto de cada una de las siete cuotas en las que se devolverá el monto cobrado de más. 

Luego habrá que comparar esa cifra con el aumento habilitado por el IPC: el resultado indicará si las empresas deben devolver dinero a sus clientes, no cobrarles ningún aumento o incluso aplicarles algún aumento de todas formas.

Desconcierto generalizado

Desde que el pasado jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo el explosivo anuncio, las vías de comunicación de las empresas del sector están al rojo vivo. En todos los casos la pregunta de los usuarios y usuarias es, palabras más o menos, la misma: cuánto pasarían a pagar por su plan y cómo les devolverían el dinero abonado de más.

“El problema es que no tenemos ni idea, nadie sabe nada”, confió a esta cronista una fuente relacionada con una de las principales empresas de medicina prepaga que operan en Mar del Plata.

Totalmente desorientadas, lo primero que hicieron las empresas fue chequear si estaban alcanzadas por la medida. En la mayoría de los casos, lo estaban. El listado incluye a la mayoría de las que operan en Mar del Plata, como Galeno, Medifé, Osde, Swiss Medical, Unión Personal, Sancor Salud y Prevención Salud, entre otras. Además, en las últimas horas se conoció una presentación de la Coalición Cívica solicitando que se extienda la investigación por cartelización a 14 prepagas que quedaron fuera de la medida cautelar que dispuso la CNDC.

El sector de la medicina prepaga fue, sin dudas, uno de los más convulsionados tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023. Se calcula que, desde entonces, alrededor de un 15 % de los afiliados de se dio de baja, mientras que otro tanto se pasó a planes de menor cobertura. Asimismo, durante estos meses se presentaron en todo el país miles de amparos, individuales y colectivos, que derivaron en el otorgamiento de miles de medidas cautelares.