A pesar de los avances, con un crecimiento de la participación de personas trans en el empleo público del 101 al 995, se ha alcanzado solo el 15% del total necesario para cumplir con el cupo. La reciente ola de despidos iniciada por el presidente Javier Milei ha afectado al 10% de quienes consiguieron un trabajo por esta ley, revelando un retroceso en la inclusión y acceso a derechos básicos para la población trans.

Por Natalia Muñoz

El pasado lunes 24 de junio se cumplieron tres años de la sanción de la Ley 27.636 de Promoción del Acceso Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”. La norma demanda un cupo mínimo de 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional para esta población. Con el correr de los años, distintas provincias y municipios, junto con diversas instituciones laborales estatales y privadas adhirieron a esta ley. ¿Pero cuánto se cumple realmente?

El espíritu de la Ley de Cupo Laboral Trans es que esa población pueda acceder a un empleo formal en condiciones de igualdad. La expansión de su aplicación alcanza a “los tres poderes de la República Argentina, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado”, tal como se indica en la web del Ministerio de Justicia. Es decir, al menos el 1% de cada una de esas plantas laborales debe estar integrado por personas trans.

Con la sanción de la ley, la participación de las personas trans en el empleo del sector público pasó de 101 a 995. Es decir, creció casi 10 veces. Sin embargo, desde el Departamento de Género y Diversidad de la Asociación de Trabajadores del Estados (ATE) informaron que para llegar al 1% del total de la planta estatal, es necesario incorporar a un total de 5551 personas. Para ATE, entonces, solo se llegó al 15% del total necesario.

Cifras en detrimento

Pero las cifras, y la realidad y acceso a derechos básicos de la población trans, van en detrimento. La ola de despidos en el Estado que inició el presidente Javier Milei alcanzó al 10% de quienes consiguieron un trabajo por esta ley. Según un relevamiento de la Agencia Presentes, para abril de 2024, el gobierno nacional ya había despedido a al menos 85 personas travestis y trans de la administración pública.

Al cierre de esta edición, el gobierno nacional había comenzado una nueva ola de despidos en el Estado, en un proceso que calificaron como “barrido y limpieza”. Entre esos cientos de mails que aún llegan anunciando la desvinculación laboral hay un gran porcentaje de trabajadoras y trabajadores trans que componían el escaso pero al fin concreto cupo laboral. El periodista Fabián Waldman detalló los primeros impactos de la ola en una publicación en la red X: aquello que figura entre paréntesis resume el fin de la inclusión. Aún se desconoce en detalle el alcance de esta política.

🚨Ahora
Despidos reconocidos por ATE
Son 1200 trabajadores de diferentes organismos hasta las 19 hs.
INTI: 282 personas
Ex Min Mujeres : 275 personas
(Todas las del cupo Travesti Trans)
Incaa: 20 personas
Ex min Desarrollo: 370 personas

— Fabian Waldman ⭐️⭐️⭐️ (@FabianWaldman) June 28, 2024

No es solo el trabajo, que por sí acarrea un gran peso específico. Con su empleo estatal, muchas personas travestis y trans han conseguido finalizar sus estudios secundarios y alcanzar estudios superiores, ya que la ley prevé un acompañamiento educativo. También este colectivo ha logrado una cobertura médica por primera vez, dato clave para una población que mantiene una esperanza de vida de entre 35 y 41 años.

Municipalidad

En el caso particular del partido de General Pueyrredon, existe la ordenanza Nº 23.237 aprobada por unanimidad en julio de 2017 y que adhiere a la Ley Provincial Nº 14.783 de cupo laboral trans. Para las cifras locales, la aplicación de la normativa se traduce en la reserva del 1% de planta municipal sobre un universo de unos 8 mil trabajadores y trabajadoras. El texto consta de dos breves artículos y hoy, siete años después, aún no está reglamentado, tarea que depende del área de Gobierno.

Es cierto que se conocieron casos de personas trans en el Estado local. Para ser exactos, fueron dos: una mujer trans que ingresó al servicio de atención de emergencias, y otra quien hizo lo propio en el Hogar Galé. Sin embargo, oportunamente desde Asociación Mundo Igualitario (AMI), resaltaron que esos casos respondieron a voluntades políticas de los intendentes de turno y que “desde el 2017 no entró a trabajar ninguna trava por el cupo”.

Fuentes aseguran que existen más personas trans dentro de la planta municipal pero que es complejo conocer la nitidez nominal por distintos motivos. Sumado a la dificultad para lograr que una voz oficial informe al respecto, no existe un listado desagregado de qué empleado o empleada municipal entró por cupo trans y quien no. Esto, afirman, es por no necesitar tal diferenciación en detalle para desarrollar la operatividad del Estado municipal.

Un segundo motivo se explica por la estigmatización histórica hacia el cupo. ¿Cuántas veces hemos conocido casos, cercanos o populares, de desvaloración profesional y laboral hacia una persona, principalmente mujer, por «ser cupo»? Es una expresión con intención de insulto que se ha escuchado hasta en el Congreso de la Nación y que limita a un significado cuantitativo a un par laboral, a una conquista histórica. No se consideran las capacidades, las certificaciones, los conocimientos de ese trabajador o trabajadora. Quien se siente amenazado/a por tal inclusión busca reducirlo a su mínima expresión: un número.

Es esa estigmatización la que genera que algunas personas trans decidan no ser registradas como parte del cupo laboral a la hora de ingresar a un nuevo puesto de trabajo.

La inclusión laboral volvió a tomar énfasis durante el 2023, cuando se comenzó a implementar el traslado de la zona roja hacia la periferia de Mar del Plata. Por entonces, un grupo de trabajadoras sexuales protagonizó distintos reclamos y manifestaciones. Es que no solo les impedían seguir trabajando, sino que la única alternativa ofrecida por el Municipio era (y es) limitar la geografía de oferta a la avenida 10 de febrero, ubicada hacia el sur de Mar del Plata en la zona de Nuevo Golf.

Poder Judicial

Con jurisdicción provincial, recién en diciembre de 2023 el Poder Judicial local pudo celebrar la primera contratación de una mujer trans. La trabajadora ingresó al área administrativa de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de ese poder.

Por entonces, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), resaltaron que “en tiempos en que los derechos del colectivo LGBTTINBQ+ están siendo cuestionados, celebramos este ingreso y continuaremos militando para que se cumpla con la Ley 14.783 como una forma más de democratizar el ingreso y despatriarcalizar al Poder Judicial”.

Universidad Nacional de Mar del Plata 

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) adhirió a la ley provincial de cupo trans en octubre de 2016. Desde la Asociación del Personal de la Universidad (APU), hicieron lo propio apenas un tiempo después.

Para entrar a trabajar en la UNMdP es necesario presentarse a concurso público. El primero que se abrió por entonces fue para ingresar al área de limpieza, instancia en la que fueron seleccionadas dos mujeres trans.

Pero, una vez adentro, se pueden solicitar permutas, es decir, traslados a otras universidades. Eso fue lo que hicieron las dos trabajadoras trans, quienes fueron reemplazadas por dos hombres hetero-cis. Los puntos débiles de la normativa, o al menos de su aplicación en la universidad pública de nuestra ciudad, quedaron en evidencia.

Actualmente, la casa de altos estudios trabaja en la reglamentación de adhesión a la ley y al convenio colectivo de trabajo fin de readecuar y mejorar el marco normativo. Es un proceso que sigue vigente y que esperan pueda ser aplicado en los próximos concursos de ingreso al trabajo. Aseguran que será en el corto plazo, aún huelgan precisiones.