El miércoles 17 de diciembre a la madrugada se prendió fuego el hogar de ancianos ubicado en Jujuy y 11 de Septiembre. Tres mujeres -una de 80 años y dos de 95- fallecieron. Los propietarios del lugar fueron imputados por el fiscal Rodolfo Moure.

Es la madrugada del miércoles 17 y el cielo del barrio La Perla se oscurece por el humo que emana del geriátrico Sagrada Familia. En la calle se escuchan sirenas de bomberos, patrulleros y ambulancias. Todo es caos en medio del incendio y, gracias a la inmediata labor de los bomberos, se logra evacuar a 35 ancianos: todos los residentes que estaban en el lugar, menos tres mujeres que perdieron la vida.

Agustín Neme heredó el municipio de Guillermo Montenegro (hoy senador provincial, de licencia en su cargo de intendente) y, como si se tratara de un déjà vu, su gestión se inició con una tragedia provocada por el fuego.

Montenegro llevaba apenas cinco días como intendente del Partido de General Pueyrredon cuando, en la noche del 15 de diciembre de 2019, ocurrió algo impensado en la manzana de 20 de Septiembre y Rivadavia: el depósito de Torres y Liva se incendió y las llamas alcanzaron el edificio contiguo. En total, se vieron afectados 47 departamentos y unas 150 familias tuvieron que ser evacuadas.

Aquel incendio obligó a Montenegro a activar un protocolo de crisis, una modalidad de trabajo conjunto entre Bomberos, Cruz Roja, Policía Bonaerense, Defensa Civil, Inspección General y las secretarías de Seguridad y Desarrollo Social.

El pasado miércoles, otra vez de madrugada, las llamas fueron protagonistas de una nueva tragedia en Mar del Plata, que se cobró la vida de Teresa Caporaleti (95), Beatriz Méndez (95) y María Vásquez (80). Cerca de las 3 de la madrugada, el intendente Agustín Neme se hizo presente en la vereda del geriátrico Sagrada Familia, ubicado en Jujuy y 11 de Septiembre, y acompañó las tareas de rescate, que finalizaron con 13 efectivos policiales intoxicados por monóxido de carbono.
“Quiero expresar mi más profunda valoración a todos los que ponen en riesgo su propia vida para cuidar y salvar las de otros”, expresó al respecto.

Desde el Departamento Central de Bomberos se constató que el foco ígneo se había iniciado en una de las 27 habitaciones del establecimiento, más precisamente en la número 12. A partir de allí se produjo un ahumamiento generalizado en todo el edificio y carbonización, con termo fracturas también en las habitaciones 11 y 10.

En el geriátrico residían 38 personas mayores. Tres fallecieron en el lugar. Una cuarta, en medio de la confusión inicial, había sido declarada muerta, pero finalmente se confirmó que había sido ingresada al Hospital Interzonal General de Agudos en estado reservado. Además, otros tres ancianos fueron retirados por sus familiares, mientras que el resto —31 personas— fue trasladado a tres geriátricos.

Fuentes municipales consultadas confirmaron que el geriátrico ubicado en Jujuy al 1100 había iniciado el trámite de habilitación el 11 de febrero de 2020 y que el 10 de marzo se le había abierto un expediente. Además, el pasado 22 de octubre se le había realizado una inspección de rutina en la que, siempre según fuentes municipales, el lugar cumplía con las normas de seguridad.

En ese contexto, se analiza el alcance de las responsabilidades estatales. La Ley provincial 12.263 establece que los establecimientos geriátricos están sujetos a un sistema de control concurrente entre la Provincia y los municipios. Mientras que el Ministerio de Salud bonaerense es el organismo encargado de otorgar la habilitación provincial y fiscalizar las condiciones sanitarias y asistenciales, los municipios tienen a su cargo las inspecciones vinculadas a seguridad, funcionamiento edilicio y cumplimiento de ordenanzas locales. Esa superposición de competencias forma parte ahora del análisis judicial para determinar eventuales responsabilidades.

Tras esta situación, será la Provincia la que deba definir los pasos a seguir con el establecimiento, lo que no solo repercutirá en la situación de los propietarios, sino también en el futuro de los residentes que sobrevivieron al incendio, quienes cuentan con la contención del personal de la oficina de Atención a la Víctima.

Lo sucedido es investigado por el fiscal Rodolfo Moure, quien inició una causa por homicidio culposo, lesiones culposas e incendio culposo. Los imputados son los tres dueños del geriátrico y las dos cuidadoras del turno noche.

En el marco de un allanamiento, se constataron diversas irregularidades en el establecimiento, como una cantidad insuficiente de detectores de humo y, principalmente, la falta de habilitación provincial para funcionar, aunque cabe aclarar que las competencias sobre los geriátricos son concurrentes entre la Provincia y el Municipio.

Por el momento, los imputados no han sido citados a declarar, ya que el fiscal Moure aguarda los resultados de las pericias, que podrían demorarse por la época de fin de año.

Seis años y pocos días después del incendio provocado por Néstor Gustavo Arrativel —un hombre en situación de calle que resultó inimputable—, Neme no solo heredó el municipio, sino que también parece haber heredado el inicio de su mandato marcado por una tragedia y la activación de un protocolo de crisis para poder sobrellevarla.