La investigación del juez federal Santiago Inchausti sostiene que en la feria de la Bristol funcionaba una estructura organizada para comercializar mercadería apócrifa, administrar puestos y mover grandes sumas de dinero sin respaldo fiscal. El operativo terminó con más de 8.000 productos secuestrados y un aforo superior a los $500 millones.
Durante años, la feria de la Bristol convivió con uno de los paisajes más turísticos de Mar del Plata. A metros de la rambla, entre puestos, pasillos y estructuras precarias, funcionó un paseo de compras informal que para cientos de familias representaba una fuente de trabajo y para el municipio un conflicto recurrente.
La resolución firmada por el juez federal Santiago Inchausti le dio en los últimos días una nueva dimensión al caso: la de una presunta organización montada sobre el espacio público, con venta masiva de productos falsificados, cobro de cánones millonarios por los puestos y un circuito de dinero que, según la hipótesis judicial, operaba con escaso o nulo control fiscal.
La causa tuvo origen en una denuncia presentada el 27 de noviembre de 2024 por Bernardo Martín, por entonces presidente del Ente Municipal de Turismo (EMTUR), quien puso en conocimiento de la Justicia presuntas maniobras en infracción a la Ley de Marcas y posibles irregularidades tributarias en la Unidad Turística Fiscal Playa Bristol.
A partir de esa presentación, el juzgado dio intervención a la Prefectura Naval Argentina para reunir pruebas sobre lo que ocurría en el predio.
El informe judicial describe el funcionamiento de una feria de venta ambulante “sin autorización de autoridad competente”, que utilizaba como fachada la denominación “Asociación Mutual 18 de Enero de los Vendedores Ambulantes y Afines”, organización que —según la investigación— tendría continuidad en el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA).
En ese espacio, donde se habían instalado alrededor de 165 puestos, se comercializaban indumentaria, calzado, accesorios, artículos de bazar, electrónica y juguetería con logotipos de marcas internacionales como Nike, Adidas, Puma, Columbia, Vans, PlayStation o JBL, entre muchas otras.
Para el juez, el escenario investigado permitiría inferir la existencia de una estructura organizada. En la resolución señala que “estaríamos en presencia de una presunta organización liderada por Walter Daniel Rivero”, delegado regional del sindicato SIVARA, que habría administrado la explotación comercial del predio.
La hipótesis judicial se basa en tareas de inteligencia, observaciones de campo y escuchas telefónicas realizadas durante la investigación.
De acuerdo con esos elementos, parte importante de la mercadería exhibida en los puestos provendría de tours de compras a la feria “La Salada”, coordinados de forma privada por miembros del grupo investigado. También se menciona la presencia de personas vinculadas al sindicato cumpliendo funciones de control dentro del predio, actuando como “serenos” o “fiscalizadores” de la actividad.
Uno de los aspectos más relevantes del expediente es el económico. Según surge de las intervenciones telefónicas citadas en la resolución judicial, la organización percibiría un canon que en algunos casos alcanzaría los 5 millones de pesos por temporada por puesto, transacciones que se realizarían mediante acuerdos verbales y sin respaldo fiscal formal.
En otra conversación incorporada al expediente, un comerciante le reprocha a Rivero la ubicación de un puesto competidor y menciona haber pagado “9 palos” por el permiso para instalarse en la feria.
La investigación también registró conversaciones sobre movimientos de dinero, transferencias mediante alias bancarios y compras de mercadería en grandes cantidades, incluso con referencias a fardos de indumentaria que habrían ingresado desde Paraguay.
El juez también hace referencia a otro dato relevante: el principal investigado figuraría como “no inscripto” ante ARCA, pese a administrar una actividad que, según la pesquisa, movía importantes flujos de dinero.
En el mismo documento judicial se mencionan además las condiciones del predio, que presentaría deficiencias en materia de seguridad e higiene, como conexiones eléctricas clandestinas, ausencia de elementos contra incendios, falta de señalización y acumulación de residuos.
Con ese panorama, Inchausti ordenó seis allanamientos simultáneos: el predio de la feria, tres locales vinculados al sindicato en la galería de Luro 3050 y dos domicilios relacionados con Rivero.
También dispuso el secuestro de documentación contable, registros de pago de puestos, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y vehículos, además del bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias del principal investigado.
Mercadería secuestrada por $500 millones
El operativo fue ejecutado por la Prefectura Naval Argentina en el marco de la causa federal. Según informó la fuerza, se desplegaron seis procedimientos en simultáneo, uno de ellos en el paseo de compras con más de 160 puestos.
En el predio de la Bristol se identificó a 91 personas entre propietarios, empleados y trabajadores vinculados a la feria. Durante los allanamientos se secuestraron 400 bultos de mercadería con más de 8.000 productos, entre indumentaria, calzado, accesorios, artículos de bazar y electrónica.
Además, en otros domicilios vinculados a la investigación se incautaron tres vehículos, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera por más de 12 millones de pesos, documentación y dispositivos electrónicos.
El total de los elementos secuestrados fue valuado en más de 500 millones de pesos.
Tras el procedimiento judicial, el municipio avanzó durante la madrugada con el desmantelamiento total de la feria mediante maquinaria pesada, con un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad.
La respuesta del SIVARA
Desde el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina cuestionaron duramente el operativo y denunciaron que la demolición del predio fue realizada sin orden judicial.
En un comunicado, el sindicato sostuvo que la intervención dejó “casi 300 familias marplatenses” sin trabajo y acusó al municipio de montar una campaña de “mano dura” con fines políticos.
Según la organización, el único procedimiento autorizado por la Justicia fue el allanamiento en el marco de la causa por infracción a la Ley de Marcas, mientras que el desarme de los puestos habría sido realizado sin respaldo judicial.
El gremio también afirmó que los feriantes ocupaban el lugar desde hace casi veinte años con conocimiento del propio municipio y anunció que su estudio jurídico iniciará acciones penales y legales para cuestionar lo ocurrido.
La denuncia del intendente Neme
En paralelo a la causa federal que investiga el funcionamiento de la feria, el intendente Agustín Neme presentó una denuncia penal para que se profundice la investigación sobre el manejo económico del predio conocido como “La Saladita” de la Bristol.
En el escrito presentado ante la Justicia, el jefe comunal sostiene que durante aproximadamente veinticinco años la feria funcionó en un espacio de dominio público municipal con permisos precarios que se encontrarían vencidos al momento de los hechos.
La presentación también recoge testimonios de feriantes que habrían declarado públicamente que pagaban importantes sumas de dinero por ocupar un puesto. Según la denuncia, una comerciante afirmó haber abonado $800.000 mensuales fuera de temporada, $1.000.000 en meses intermedios y hasta $1.500.000 durante el verano, mientras que otros vendedores mencionaron montos que llegarían a $3.000.000 mensuales.
De acuerdo a la denuncia, esos pagos se realizaban en efectivo a personas que se presentaban como “cobradores”, quienes recorrían los puestos periódicamente y registraban los cobros en libretas informales, sin emitir facturas ni comprobantes fiscales.
Neme señala que ese sistema de cobro se habría desarrollado en un espacio público municipal donde ningún particular tenía título legítimo para percibir cánones por el uso del lugar.
Además, el intendente menciona como elementos relevantes de la investigación federal el secuestro de mercadería por infracción a la Ley de Marcas, la presunta percepción de cánones de hasta $5.000.000 por puesto, movimientos de dinero vinculados a esa recaudación y la posible existencia de una estructura organizada que gestionaba la explotación comercial del predio.
En su presentación, Neme solicitó a la fiscalía que se dispongan medidas de investigación para esclarecer el circuito económico que habría funcionado alrededor de la feria y determinar las responsabilidades correspondientes.
SE TERMINÓ EL NEGOCIO
Lo que está pasando en la Bristol no es un operativo más: es la continuidad de una decisión.
Esta batalla la empezó @gmontenegro_ok y hoy la estamos profundizando.
Durante más de 25 años funcionó un sistema ilegal donde se cobraba por usar lo que es de… pic.twitter.com/zHCrDbY5Sh
— Agustin Neme (@agustin_neme) April 17, 2026
Así, la historia de la llamada “Saladita” de la Bristol terminó por exponer algo más que una feria irregular frente al mar. La investigación judicial apunta a determinar si detrás de los puestos funcionaba una estructura que movía millones de pesos mediante la venta de marcas falsificadas y el cobro de cánones por el uso del espacio público. Pero al mismo tiempo, el operativo dejó otra imagen difícil de ignorar: la de cientos de feriantes que, de un día para otro, se quedaron sin su lugar de trabajo.
Entre expedientes judiciales, denuncias políticas y discusiones en X sobre la recuperación del espacio público, el conflicto también vuelve a poner sobre la mesa una vieja deuda de la ciudad: qué hacer con las economías informales que crecen al margen de la ley pero que, al mismo tiempo, sostienen la subsistencia de cientos de familias.
La causa ahora seguirá su curso en la Justicia. Pero más allá de lo que determine un juez, la postal de las topadoras arrasando los puestos de la Bristol roza la crueldad y deja una pregunta abierta en Mar del Plata: ¿cómo ordenar el espacio público sin que, en ese intento, el costo recaiga siempre sobre quienes menos tienen?