El Juzgado Federal N°3 rechazó un planteo de nulidad presentado por la querella y ratificó la vigencia de la resolución que levantó la cautelar sobre el predio lindero al Faro. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos cuestionó la competencia del juez Santiago Inchausti y volvió a denunciar el avance de un emprendimiento privado sobre un espacio atravesado por la memoria del terrorismo de Estado.
El conflicto por el emprendimiento gastronómico Restinga, en el predio lindero al Faro de Punta Mogotes y vinculado al histórico predio de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), sumó un nuevo capítulo judicial y político.
El Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata rechazó un planteo de nulidad impulsado por la querella en la causa que investiga delitos de lesa humanidad que pudieron haberse cometido en ese predio y, de ese modo, dejó firme la resolución dictada el pasado 6 de mayo, que había levantado la medida cautelar que impedía avanzar con actividades en esa parcela.
En la resolución firmada este martes, el juez federal Santiago Inchausti sostuvo que el recurso presentado no era la vía procesal adecuada para cuestionar lo resuelto. Según indicó, las decisiones sobre medidas cautelares pueden ser recurridas mediante reposición o apelación, pero no a través de un planteo de nulidad como el que había presentado la querella. Por eso dispuso su rechazo “in limine”, es decir, sin darle tratamiento de fondo.
Además, el magistrado ratificó que deberán respetarse las áreas delimitadas por Gendarmería Nacional para la futura prospección técnica con georradar, prevista para junio, con el objetivo de continuar con las tareas vinculadas a la investigación judicial.
Desde la firma Burbarrel S.A. y la Sociedad de Fomento Faro Norte —impulsoras del proyecto Restinga— interpretaron la decisión como una ratificación de la legalidad del emprendimiento y remarcaron que el desarrollo cuenta con aval normativo municipal, estructuras de bajo impacto y que solo ocupa una porción reducida del predio.
La respuesta de Familiares
La reacción de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires no tardó en llegar y elevaron nuevamente la tensión al hablar de «negociados».
A través de un duro comunicado, la organización cuestionó la decisión judicial, sostuvo que el expediente en el que se resolvió el levantamiento de la cautelar tenía un objeto específico y limitado —la inspección técnica preliminar con georradar para detectar posibles estructuras o elementos de interés probatorio— y advirtió que la causa vinculada a la cautelar ya se encuentra bajo revisión de la Cámara Federal.
“Nos preguntamos si el juez Inchausti no sabe que carece de competencia para resolver sobre una medida que hoy está siendo revisada por la Cámara Federal”, señalaron.
En ese sentido, informaron que sus abogados ya pusieron en conocimiento del tribunal de alzada la resolución dictada y reiteraron el planteo de nulidad por considerar que se vulneraron garantías elementales del debido proceso.
Pero el comunicado fue más allá del plano estrictamente judicial y se metió de lleno en la discusión política.
“Es realmente sorprendente el modo en que se está actuando en esta causa y no podemos dejar de relacionar esta decisión con el clima de negociados que vivimos en nuestra ciudad”, expresaron.
Además, cuestionaron las recientes manifestaciones de dirigentes del oficialismo municipal en respaldo al proyecto y rechazaron el argumento del desarrollo económico como justificación.
“No se puede hablar de progreso ni de desarrollo cuando se pretende transformar lugares atravesados por el horror de nuestra historia en oportunidades de negocios privados”, sostuvieron.
El debate de fondo
El conflicto excede desde hace tiempo el expediente judicial.
Mientras desde el sector empresario y parte del oficialismo local defienden la iniciativa como una propuesta de recuperación del espacio, generación de empleo y desarrollo turístico, organismos de derechos humanos insisten en que se trata de un predio con una carga histórica sensible, que debe preservarse integralmente hasta despejar cualquier duda sobre la existencia de posibles pruebas vinculadas al terrorismo de Estado.
Uno de los puntos que volvió a encender la polémica es el canon del convenio cuestionado por los organismos, que calificaron como irrisorio al sostener que se trata de la cesión de cuatro hectáreas por un monto mensual muy por debajo del valor comercial de un espacio de esas características.
Con la Cámara Federal aún pendiente de intervención y la prospección técnica prevista para junio, el caso está lejos de cerrarse.