La iniciativa fue sancionada tras una nueva negociación del oficialismo con bloques dialoguistas. Después de eliminar la reforma sobre la venta de tierras rurales, La Libertad Avanza también tuvo que quitar los cambios a la Ley de Manejo del Fuego para asegurar la aprobación del proyecto.
El Senado convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei para endurecer la protección del derecho de propiedad, agilizar los desalojos y limitar las expropiaciones. Sin embargo, el oficialismo volvió a sufrir un revés político durante la negociación parlamentaria: para conseguir los votos necesarios tuvo que eliminar también el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego.
La iniciativa fue aprobada en general por 37 votos contra 33, con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y un grupo de senadores provinciales. Horas antes, el oficialismo ya había retirado del proyecto el capítulo que flexibilizaba la venta de tierras rurales a extranjeros, luego de la resistencia de gobernadores y legisladores aliados.
La nueva concesión llegó durante el tratamiento en particular. La reforma de la Ley de Manejo del Fuego tampoco logró reunir los apoyos suficientes y debió ser excluida del texto definitivo.
De esta manera, el Gobierno consiguió la sanción de la ley, aunque con dos de sus reformas más controvertidas fuera del proyecto original.
Qué establece la nueva ley
Con la aprobación del Senado, la nueva norma incorpora cambios destinados a reforzar la protección de la propiedad privada.
Entre los principales puntos se encuentran:
- La aceleración de los procesos judiciales de desalojo mediante el procedimiento sumarísimo;
- Mayores restricciones para las expropiaciones impulsadas por el Estado;
- Modificaciones destinadas a fortalecer las garantías de los propietarios frente a ocupaciones ilegales.
En cambio, quedaron afuera dos de los capítulos que habían generado mayor debate: la flexibilización de la Ley de Tierras Rurales y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
Otro retroceso para el oficialismo
La eliminación del capítulo sobre incendios se sumó al retroceso que el Gobierno ya había sufrido con la reforma de la Ley de Tierras Rurales.
La propuesta buscaba modificar la normativa vigente sobre los terrenos afectados por incendios. La ley sancionada en 2020 prohíbe cambiar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales incendiados, y durante 30 años en el caso de tierras destinadas a actividades agropecuarias.
El Gobierno sostenía que esas restricciones castigaban a los propietarios de los inmuebles afectados por el fuego y pretendía flexibilizar ese régimen. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por un grupo de senadores dialoguistas, entre ellos el radical Maximiliano Abad, la chubutense Edith Terenzi, la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, además de representantes de Misiones y Tucumán.
La falta de respaldo obligó nuevamente a La Libertad Avanza a retirar el capítulo para preservar el resto del proyecto.
Un debate con fuertes cruces
Durante la discusión, el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para fortalecer el derecho de propiedad.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, afirmó que el objetivo era «simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales» y garantizar la protección prevista en el artículo 17 de la Constitución.
En el cierre del debate, la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, sostuvo que la ley «viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado» y aseguró que permitirá impedir nuevas usurpaciones.
Desde la oposición, en cambio, el rechazo fue contundente. El jefe del bloque justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como «un asco» y sostuvo que las modificaciones al régimen de expropiaciones son «inconstitucionales». También cuestionó que la iniciativa facilite la privatización de bienes estatales.
El senador Daniel Bensusán denunció además irregularidades en el trámite parlamentario, mientras que la rionegrina Ana Marks criticó el enfoque del proyecto al considerar que prioriza el valor económico de la tierra por sobre su función social.
El radical Maximiliano Abad, aunque acompañó la ley en general, volvió a marcar diferencias con el Gobierno al advertir que «las inversiones no van a venir porque se flexibilice una ley», sino a partir de la estabilidad económica y de instituciones sólidas.