La vivienda allanada en la zona sur de la ciudad pertenece al empresario Antonio Alejandro Napoleone, confirmaron fuentes judiciales consultadas por BACAP. Está imputado junto al exgerente comercial de Tandanor Julio Eduardo Gallé. En el procedimiento apareció un recibo manuscrito por US$100.000 y $12,7 millones que quedó incorporado a la causa por presunto cohecho.
Por Juan Salas
Una investigación por presuntas coimas dentro del astillero estatal Tandanor tuvo uno de sus capítulos centrales en la zona sur de Mar del Plata. Allí, cerca de Chapadmalal, la Policía Federal allanó una propiedad vinculada con uno de los empresarios investigados y encontró un documento que ahora forma parte de la evidencia con la que la Justicia intenta reconstruir si existieron coimas: un recibo manuscrito por US$100.000 y $12,7 millones.
Fuentes judiciales consultadas por BACAP confirmaron que la vivienda allanada pertenece al empresario Antonio Alejandro Napoleone, uno de los dos imputados en la causa que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello.
El otro investigado es Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor). La hipótesis que se investiga es si existió un pago indebido para hacer desaparecer una deuda que una empresa vinculada a Napoleone mantenía con el astillero estatal.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la propia Tandanor luego de que una auditoría interna detectara irregularidades. Con el avance de la pesquisa, la Justicia puso la lupa sobre la relación entre Gallé y Napoleone y sobre una deuda cercana a US$200.000 que Lucrimar SA mantenía con la empresa estatal.
Según la hipótesis incorporada a la investigación, Gallé habría contactado a Napoleone y acordado un pago a cambio de eliminar ese saldo pendiente de los registros de Tandanor. La deuda, que existía, posteriormente apareció como cancelada.
Gallé había ocupado desde 2024 la gerencia comercial del astillero y fue apartado de su cargo con el avance de la auditoría interna que terminó dando origen a la investigación judicial.
El papel encontrado en Mar del Plata
En mayo, Casanello delegó parte de la investigación en el Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal. El análisis financiero, informático y patrimonial permitió identificar cinco propiedades relacionadas con los investigados: cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y una en Mar del Plata.
Con esas pruebas, la Justicia ordenó los allanamientos.
El procedimiento realizado en la propiedad de Napoleone en la zona sur marplatense permitió secuestrar documentación considerada de interés para la investigación. Entre esos elementos apareció un recibo manuscrito firmado entre las partes involucradas.
El documento dejó asentada la entrega de US$100.000 y $12.700.000 y se convirtió en una de las piezas que ahora analiza la Justicia para intentar determinar si ese dinero estuvo relacionado con la presunta maniobra investigada.
El hallazgo adquiere relevancia porque permite incorporar al expediente un registro material de una operación entre los involucrados. Ahora deberá establecerse judicialmente cuál fue el origen, el destino y el motivo de esos fondos.
Más de US$367 mil secuestrados
El operativo no se limitó a Mar del Plata. La Policía Federal realizó otros cuatro allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y avanzó sobre cajas de seguridad relacionadas con los investigados.
En total fueron secuestrados US$367.110, encontrados entre un domicilio particular y una caja de seguridad bancaria del microcentro porteño, que fue clausurada e inhabilitada por disposición judicial.
Los investigadores también incautaron cartas documento vinculadas con las empresas involucradas, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, documentación contractual, una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares.
Gallé y Napoleone quedaron imputados en una causa caratulada como “cohecho”. La investigación continúa y ahora tendrá entre sus próximos pasos el análisis de la documentación y de los dispositivos electrónicos secuestrados para reconstruir las comunicaciones y el movimiento del dinero bajo sospecha.