El abogado marplatense participó de una misión internacional que documentó el la situación de los derechos humanos, la independencia judicial y el espacio cívico en Ecuador. En diálogo con BACAP, advirtió que la militarización y las políticas de “mano dura” responden a patrones que se replican en América Latina y que también deberían encender alertas en Argentina.
El abogado marplatense César Sivo viajó a Ecuador en marzo como parte de una misión internacional de observación de derechos humanos en Ecuador, y entre los problemas detectados enumeró “el cierre del espacio cívico, la persecución a las organizaciones sociales, la militarización de la vida pública, los estados de excepción y la ausencia de independencia del Poder Judicial”.
El resultado de aquella visita que realizó Sivo como presidente de la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe (AJUFIDH), fue el informe Ataques y criminalización contra la sociedad civil en un contexto de militarización y extractivismo en Ecuador, que advierte sobre un deterioro acelerado de los derechos humanos y de la naturaleza en ese país.
“Nosotros veníamos acompañando ya con distintos informes y recibiendo información de organizaciones locales», explicó Sivo a BACAP. Sin embargo, cuando llegaron al territorio vio una situación que era «muchísimo más grave de lo pensado”.
“Una cosa es verlo en el papel y otra cosa es estar en el territorio”, sintetizó. La imagen que utiliza para explicar ese contraste es contundente: recorrer ciudades ecuatorianas y observar “personal del Ejército con armas largas caminando por la ciudad”.
La militarización como respuesta
El informe internacional cuestiona especialmente la respuesta que Ecuador adoptó frente al crecimiento de la violencia y el crimen organizado.
Desde marzo de 2024, señala el documento, el Estado recurrió de manera reiterada a estados de excepción, declaratorias de conflicto armado interno y una ampliación del papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana.
Para las organizaciones que participaron de la misión, la reiteración de esas medidas terminó por normalizar herramientas que deberían tener un carácter excepcional.
Además, sostienen que esa política no consiguió reducir la inseguridad. Por el contrario, el informe señala que las muertes violentas alcanzaron niveles récord y advierte sobre graves violaciones de derechos humanos en territorios militarizados.
Sivo plantea una diferencia central entre las funciones de las fuerzas policiales y las militares: “Los militares no están ni para prevenir ni para disuadir. El militar está entrenado para eliminar al enemigo”, sostuvo.
Según su análisis, cuando el Estado identifica como “enemigo” a los grupos de delincuencia organizada y utiliza a las Fuerzas Armadas para enfrentarlos, responde a una situación de violencia con un nivel todavía mayor de violencia estatal.
“En lugar de combatir por los medios legales, como se debe hacer, decide utilizar violencia extrema. Y entonces nunca el resultado es bueno”, afirmó.
Es en ese punto donde Sivo plantea la conclusión que atraviesa buena parte del informe: “Eso genera muchos retrocesos en los derechos humanos” y termina afectando también al Estado de Derecho.
Justicia y libertad de prensa como contrapesos
La militarización no es, sin embargo, el único elemento que preocupa a las organizaciones.
Otro de los capítulos del informe está dedicado al debilitamiento institucional. Allí se mencionan ataques a la Corte Constitucional, cuestionamientos a la independencia judicial, retrasos en la administración de Justicia y dificultades para el cumplimiento de sentencias.
También se cuestiona la respuesta de la Defensoría del Pueblo frente a la criminalización y el bloqueo de cuentas bancarias de personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil.
Para Sivo, la independencia del Poder Judicial resulta indispensable para que las garantías constitucionales puedan funcionar en la práctica.
“El Poder Judicial y la libertad de prensa son los dos bastiones que permiten poner o hacer de contrapeso a cualquier intento autoritario de un gobierno”, sostuvo.
Durante la misión, explicó, encontraron un Poder Judicial ecuatoriano sometido a fuertes condicionamientos. Sivo señaló, entre otras cuestiones, la elevada proporción de magistrados que se encontrarían en situación provisoria y la incertidumbre que eso genera sobre la continuidad en sus cargos.
Según su interpretación, esa fragilidad institucional puede condicionar las decisiones de los magistrados.
También describió situaciones de hostigamiento contra jueces y fiscales, desde amenazas y difamaciones hasta persecuciones administrativas y contables, además de atentados contra integrantes del sistema judicial.
Esa preocupación quedó reflejada también en el informe internacional con una definición de Sivo: “La independencia judicial no es negociable: sin poderes autónomos, el Estado de derecho se desvanece y la justicia se convierte en un espejismo”.
Protesta, territorio y extractivismo
La misión encontró otro fenómeno que considera conectado con el deterioro institucional: la criminalización de la protesta.
El informe identifica patrones de represión contra protestas pacíficas encabezadas por movimientos indígenas y menciona casos de criminalización, estigmatización y utilización de herramientas administrativas, financieras y jurídicas contra defensores de derechos humanos y organizaciones sociales.
Una parte importante de esos conflictos está atravesada por la explotación de los recursos naturales.
El documento analiza el avance de actividades mineras, petroleras, agroindustriales, pesqueras e hidroeléctricas y advierte que determinadas políticas destinadas a favorecer inversiones pueden entrar en tensión con los derechos de las comunidades y su capacidad para decidir sobre sus territorios.
Para Sivo existe una vinculación directa entre ambas cuestiones. Según explicó a BACAP, la persecución de determinadas protestas sociales busca desmovilizar a sectores de la sociedad civil que cuestionan políticas gubernamentales orientadas a garantizar condiciones favorables para las inversiones.
Y en ese punto introdujo una comparación con la Argentina: “Son políticas de inversión sin riesgo para los inversores, algo muy parecido a lo de Argentina”, sostuvo. Para Sivo, detrás de esa lógica existe una búsqueda de reducir la capacidad de resistencia frente a proyectos económicos que pueden provocar consecuencias ambientales.
Su descripción es especialmente crítica: habló de criminalización, hostigamiento, persecución y bloqueo de cuentas de organizaciones y referentes vinculados con la defensa de la naturaleza y los territorios.
Una advertencia que excede a Ecuador
Es precisamente allí donde el diagnóstico de Sivo adquiere una dimensión regional.
Para el abogado marplatense, lo observado durante la misión no constituye una particularidad ecuatoriana, sino que forma parte de procesos que, con características diferentes, pueden encontrarse en distintos países latinoamericanos.
“No es algo único de Ecuador, sino que es algo que se va replicando en distintos países con patrones similares”, aseguró.
Sivo identifica entre esos patrones la militarización, las políticas de seguridad basadas en una “mano dura extrema”, el incremento de las penas, la arbitrariedad, los condicionamientos sobre el Poder Judicial y las violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles.
Su mirada recorre experiencias de México, Colombia, Ecuador, Perú y El Salvador y plantea que determinadas políticas implementadas en un país terminan funcionando como antecedentes para otros.
“Todo lo que está pasando en Ecuador o pasó antes o está sirviendo de antecedente para que pase después”, advirtió.
Por eso, para Sivo, la discusión también debe ser observada desde Argentina. No porque las realidades nacionales sean idénticas, sino porque considera que existen tendencias regionales que comparten elementos: respuestas cada vez más duras frente a la inseguridad, mayores atribuciones para las fuerzas de seguridad, debilitamiento de controles institucionales y persecución de sectores que cuestionan determinadas políticas públicas.
Las recomendaciones
Frente al escenario relevado, las organizaciones que participaron de la misión realizaron una serie de recomendaciones al Estado ecuatoriano.
Pidieron que las políticas de seguridad respeten los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad y que exista control civil y judicial sobre el uso de la fuerza.
También reclamaron garantizar la independencia de los poderes públicos, poner fin a la estigmatización y criminalización de manifestantes y organizaciones, fortalecer la protección de defensores de derechos humanos y de la naturaleza y respetar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas por proyectos extractivos.
El reclamo alcanza también a la comunidad internacional, a la que las organizaciones pidieron no naturalizar el deterioro de los derechos humanos como un costo inevitable de las políticas de seguridad o de determinados modelos de desarrollo económico.
Después de haber recorrido Ecuador y contrastado en el territorio la información que se encontraba documentada, Sivo insiste en que el problema no debería analizarse únicamente dentro de las fronteras de ese país.
Su advertencia final vuelve sobre esa dimensión regional y resume su lectura de un proceso que, considera, puede extenderse de un Estado a otro: “Lo único que derrama es la violencia, lo único que derrama es la militarización”, afirmó.
Y completó: “Lo único que derrama básicamente es la muerte, la tortura, la persecución, la restricción de derechos y los retrocesos significativos de la democracia y el Estado de derecho en cada uno de los países”.