Tras un incidente durante un acto en Punta Indio, donde excombatientes se retiraron en medio de la ceremonia debido a un discurso que consideraron ofensivo, el Gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley para modificar la Ley de Educación. Esta medida ha generado un intenso debate en la sociedad, enfocándose en las posibles implicaciones que tendría para la libertad educativa.
En el marco de su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el Ministerio de Capital Humano pondrá a disposición un canal para denunciar cualquier forma de adoctrinamiento o actividad política que no respete la libertad de expresión en las escuelas.
Analistas y expertos en educación expresaron su preocupación ante la propuesta gubernamental. Flavio Buccino, referente de Argentinos por la Educación, recordó ejemplos de censura durante la última dictadura militar en Argentina, resaltando el peligro de limitar el acceso a determinados contenidos educativos.
Buccino recordó ejemplos de censura durante la última dictadura militar en Argentina. «En 1977, un decreto militar prohibía libros como el clásico infantil de Elsa Bornemann, acusado de contener cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento», mencionó Buccino. Además, mencionó la censura de otros libros, como el primero para niños de Laura Devetach, por contener «simbología confusa, cuestionamientos ideológicos-sociales y objetivos no adecuados al hecho estético».
Más voces
Por otro lado, Inés Dussel y Manuel Becerra, referentes en temas educativos, en base a un artículo publicado en Revista Anfibia, expresaron su preocupación acerca de la posible limitación de las libertades individuales en el ámbito educativo. «Estas semanas asistimos al debate acerca del avasallamiento a las más elementales libertades individuales consagradas en la Constitución», mencionaron. También plantearon la posibilidad de que la educación se vea afectada por un «experimento neofascista».
Ante estas preocupaciones, elaboraron criterios para abordar contenidos controversiales en el aula. Estos criterios incluyen no expresar opiniones personales durante las clases, utilizar el celular como herramienta de enseñanza de manera controlada, prestar atención al tamaño del grupo y al momento del año para trabajar temas sensibles, utilizar materiales pensados específicamente para el aula y intervenir con cuidado en debates espontáneos.
Amnistía Internacional Argentina también expresó su preocupación por el anuncio del Gobierno, cuestionando la definición de «adoctrinamiento» y recordando que los contenidos educativos están establecidos en los núcleos de aprendizaje prioritario y lineamientos curriculares.
Finalmente, el dirigente de Sadop Daniel Di Bartolo, hizo un llamado a recrear las condiciones democráticas de participación en el debate sobre la modificación de la Ley de Educación, recordando el proceso participativo que llevó a la sanción de dicha ley en 2006. Lamentó que se pretenda instalar el supuesto «adoctrinamiento» como excusa para modificar un proyecto educativo definido por consenso democrático.