En octubre, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir (RPSDD) de General Pueyrredon emitió un contundente comunicado, alertando sobre las crecientes dificultades para acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Denuncian el incumplimiento de la Ley 27.610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, así como de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. En este contexto, las integrantes de la RPSDD advierten sobre la “clara intención” del Gobierno nacional de desentenderse de su rol en la garantía de estos derechos, lo que podría acentuar las desigualdades en la atención y poner en riesgo la salud de muchas personas en Mar del Plata.

Por Natalia Muñoz

En octubre, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir (RPSDD) de General Pueyrredon emitió un comunicado expresando su preocupación ante “las dificultades en el acceso al derecho de un aborto legal, seguro y gratuito”. En él, advierten que los Estados incumplen con la Ley 27.610 de enero de 2021 que “regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar”, así como la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable sancionada en 2002. ¿Qué implica para Mar del Plata que se desfinancie la salud sexual?

Que el Gobierno nacional a cargo de Javier Milei trabaja por el vaciamiento del Estado argentino puede despertar muchas emociones, pero no sorpresa. Es un discurso que lo acompaña desde sus tiempos como panelista de TV, un accionar que implementó desde el día de su asunción como Presidente. Mismo respecto a las políticas que abrazan la diversidad de género, la salud reproductiva y la soberana decisión de maternar -o no-.

Para las integrantes de la RPSDD, desde Casa Rosada hay “una clara intención” de correrse del rol de garantes de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sin controlar que las provincias y/o los municipios puedan “proveer la medicación necesaria para que el acceso a la interrupción del embarazo sea equitativo para toda la población”.

¿Cuáles son los obstáculos?

Los obstáculos para acceder a estos derechos no son exclusivos de nuestra ciudad. Recientemente, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) junto con Amnistía Internacional Argentina pudo confirmar que desde diciembre de 2023 “el Estado Nacional no hace envíos de misoprostol, mifepristona, combi pack o cánulas para aspiración manual endouterina (AMEU)», herramientas necesarias para gestionar un aborto cuidado. Confirmaron, también, que está trunco un proceso de licitación de insumos de aborto que se esperaban para octubre o noviembre. “Se evidencia faltante de envíos de diferentes métodos anticonceptivos, disminución y baja ejecución presupuestaria y procesos de licitación que fracasaron”, señalaron las entidades.

Todo ello habría pasado a mano de las provincias. El caso es que la transferencia no fue paulatina ni mayormente acordada, sino más bien abrupta, directa y sin observar que las jurisdicciones tengan la capacidad económica y estructural de sostener la política de una manera equitativa.

La situación en Mar del Plata

“Los CAPS municipales se encuentran sin tratamientos de misoprostol desde el 1/10, y el gobierno de Montenegro no está dando una respuesta rápida a la problemática de la falta de insumos”, denunciaron también las profesionales de la Red.

Los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) suponen la primera línea de atención, la más cercana por tener alcance barrial y/o zonal. Sin embargo, en materia sensible como es la salud sexual, hoy día no pueden abarcar la prevención, desde la entrega de preservativos u otros tratamientos anticonceptivos, como en la interrupción del embarazo y sus posteriores controles.

Escenario similar se despliega, aseguran, en los hospitales provinciales que tiene Mar del Plata, que “cuentan con escasos tratamientos”.

Esto conlleva a consecuencias que ya se hacen visibles en la población. Por un lado, desde la RPSDD local alertan que la disminución en la entrega de métodos anticonceptivos “hace que aumente la tasa de embarazos no intencionales y las infecciones de transmisión sexual”. Por ejemplo, solo en el caso de la sífilis, una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) más contagiosas, se observa un aumento del 40% de casos entre personas de 15 a 34 años en los últimos seis años, con una tendencia que se mantiene al alza en 2024.

Por otro lado, se destierra una de las principales luchas que subyacen a las militancias de años por una interrupción voluntaria y legal del embarazo. Con el desfinanciamiento de las leyes 25.673 y 27.610, se vuelve al principal escenario que la Ley IVE buscaba revertir: pueden abortar de manera segura quienes puedan pagar de sus bolsillos o una obra social o una prepaga, o bien el propio misoprostol. Quien no tenga el dinero para hacerlo, que se las arregle.

Es ante este presente que las profesionales explican que “sin presupuesto, ni voluntad política”, no podrán garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ni una atención a la salud sexual y reproductiva para las y los habitantes de Mar del Plata y Batán.

“Resulta necesario volver a levantar las banderas que exigen al Estado: Educación Sexual Integral para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal, seguro y gratuito para no morir”, concluyen desde la Red.

Presupuesto 2025

Ya se encuentra en tratamiento en el Congreso de la Nación el proyecto de presupuesto 2025 que presentó el presidente Milei. En él, se observan varias desregulaciones vinculadas a la salud sexual y reproductiva, siempre con el argumento único de alcanzar el equilibrio fiscal en el país.

En base a ese documento, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) elaboraron un análisis titulado “Presupuesto 2025: Una distribución injusta de los recursos para mujeres, niñas y adolescentes”, donde se derivan algunas conclusiones:

• Se eliminó el presupuesto para el Fortalecimiento de Educación Sexual Integral – que para septiembre de 2024 tuvo una ejecución de 0,3%;
• En lo que va del año, el presupuesto 2024 del Programa de “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable” presenta una disminución del 64% en términos reales en comparación con el año 2023;
• En el Plan ENIA, Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, se observa que el proyecto de Presupuesto 2025 profundiza la desinversión, con una reducción real (ajustada por inflación) del 27% respecto al presupuesto vigente de 2024 y del 78% en comparación con 2023;
• Para el año 2025 se proyecta una reducción del 46% en la Adquisición de Métodos Anticonceptivos de Corta y Larga Duración con relación a 2023, al mismo tiempo que se reduce en un 59% la Distribución de Medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, pasando de 171.061 en 2023 a 70.000 en 2025;
• La información publicada por el Ministerio de Economía sobre la ejecución de metas físicas del año en curso muestra que, para el mes de marzo, no se había distribuido ningún medicamento para la Interrupción Voluntaria del Embarazo y había desvíos considerables en la Distribución de Preservativos (-80,8%) y de Métodos Anticonceptivos de Larga Duración para Adolescentes (-56,5%).

 ¿Cuánto de los derechos en materia de salud e inclusión se llevará el famoso equilibrio fiscal?