Una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante habilitó el uso de un terreno público en el entorno de la ex ESIM. El expediente derivó en una causa judicial, cuestionamientos al procedimiento administrativo y un debate sobre el destino de un espacio vinculado a un centro clandestino de detención en la última dictadura cívico-militar.
Por Juan Salas
Un predio municipal ubicado frente al mar, lindero al Faro de la Memoria, se convirtió en el centro de una discusión que mezcla política, justicia y memoria. Lo que comenzó como un expediente administrativo para autorizar el uso del terreno por parte de una sociedad de fomento derivó en una denuncia penal por triangulación en la explotación, cuestionamientos al proceso dentro del municipio y un debate sobre el destino de un espacio vinculado a un centro clandestino de detención en la última dictadura cívico-militar.
La controversia gira alrededor del terreno ubicado en Avenida de los Trabajadores al 5700, en el entorno del Faro y de la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM). En agosto de 2024 el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que autorizó a la Sociedad de Fomento Faro Norte a utilizar el predio.
El proyecto, según la presentación original, contemplaba el desarrollo de actividades sociales, culturales, educativas y recreativas para la comunidad. Sin embargo, el expediente también incluía la posibilidad de instalar un emprendimiento gastronómico en el lugar.
A partir de esa combinación de usos surgieron los cuestionamientos.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado presentó una denuncia en la Justicia Federal patrocinada por el abogado César Sivo, que señala que el predio donde se pretende instalar un bar era parte del funcionamiento del centro clandestino de detención ubicado a metros de allí
Por otra parte, en el ámbito penal de la Justicia Provincial, representados por el abogado Jorge Bilbao, presentaron una denuncia en la que sostienen que el proyecto podría beneficiar a una empresa privada vinculada a la producción del gin Restinga. En su planteo señalan que el procedimiento podría haber implicado irregularidades administrativas y eventualmente un perjuicio para la administración pública.
El origen del expediente
El expediente administrativo comenzó cuando la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte presentó ante el Municipio una propuesta para obtener el permiso de uso del predio.
En el pedido, la entidad planteó que el espacio podría destinarse a distintas actividades comunitarias para el barrio. También mencionaba la posibilidad de desarrollar un emprendimiento gastronómico dentro del terreno.
El trámite avanzó durante los primeros meses de 2024 dentro de la estructura administrativa municipal. Con el correr del expediente se incorporaron informes técnicos y urbanísticos que analizaban la viabilidad del proyecto.
Finalmente el expediente llegó al Concejo Deliberante.
La ordenanza que habilitó el uso del predio municipal fue aprobada por el Concejo Deliberante el 8 de agosto de 2024, durante una sesión ordinaria.
El proyecto contó con el voto positivo de los bloques Vamos Juntos, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Crear Más Libertad, mientras que Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador votaron en contra.
Durante el debate algunos concejales plantearon cuestionamientos sobre el destino del predio, el procedimiento administrativo que dio origen al expediente y la relación del terreno con el área de la ex-ESIM y el Faro de la Memoria.
La ordenanza fue publicada días después en el Boletín Oficial municipal, lo que habilitó formalmente el permiso de uso del predio.
La hipótesis de triangulación
El núcleo de la denuncia presentada en la Fiscalía N° 10 se basa en una hipótesis que describen como una posible triangulación.
Según ese planteo, la sociedad de fomento habría solicitado el permiso de uso del predio municipal, pero el emprendimiento que se instalaría en el lugar estaría vinculado a una empresa privada: BURBARREL S.A., relacionada con la marca de gin Restinga.
De acuerdo con esa interpretación, el esquema sería el siguiente:
- La sociedad de fomento solicita el predio municipal
- El municipio otorga el permiso de uso mediante una ordenanza
- Luego el espacio sería utilizado para el desarrollo de un emprendimiento comercial privado.
Para los denunciantes, si el proyecto estaba destinado desde el inicio a una empresa privada, esa compañía podría haber solicitado directamente el permiso de uso del terreno.
Una denuncia desestimada
La denuncia fue analizada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº10, especializada en delitos económicos contra la administración pública y la fe pública. Allí intervinieron los fiscales Carlos David Bruna y Juan Pablo Lódola, quien posteriormente asumió como juez.
Tras revisar la documentación administrativa vinculada a la ordenanza municipal 26.400, los fiscales concluyeron que no existen elementos que permitan sostener la comisión de delitos como abuso de autoridad, defraudación a la administración pública o cohecho, hipótesis planteada por los denunciantes.
Entre los principales fundamentos de la desestimación, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el predio objeto de la ordenanza no forma parte del espacio declarado sitio histórico donde funcionó la ex ESIM, actualmente conocido como Faro de la Memoria, sino que se trata de un inmueble catastralmente distinto y sin impedimentos legales para su disposición por parte del municipio.
La resolución también señala que el expediente administrativo tuvo intervención de distintas áreas municipales, entre ellas Legal y Técnica, Planeamiento Urbano, Ordenamiento Territorial y organismos ambientales, que emitieron informes sobre la viabilidad del proyecto antes de que el Concejo Deliberante aprobara la ordenanza.
En ese marco, los fiscales remarcaron que el derecho penal debe intervenir como “última ratio” y que no corresponde utilizarlo para revisar decisiones administrativas o políticas cuando no existen indicios concretos de delito. Por eso concluyeron que las objeciones sobre la legalidad, conveniencia o impacto del proyecto deben canalizarse por las vías administrativas o en la Justicia contencioso administrativa, donde ya existen presentaciones vinculadas al tema.
Predio de crimen y horror
Los organismos de derechos humanos sostienen que el terreno, lindero al predio del Faro de la Memoria, donde Restinga busca construir un bar, debe ser considerado parte del escenario donde funcionó el centro clandestino de detención que operó en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) durante la última dictadura.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado, representada por el abogado César Sivo, se presentó ante el Juzgado Federal Nº3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, en el marco de las causas que aún investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en ese circuito represivo. Allí solicitó el dictado de una medida cautelar de no innovar para impedir modificaciones o intervenciones sobre el terreno ubicado en avenida de los Trabajadores al 5700 hasta que se adoptaran medidas para su preservación.
El planteo sostuvo que ese espacio debía entenderse “como una unidad inescindible con las otras parcelas” vinculadas al Faro de la Memoria y que, en función de la investigación de graves violaciones a los derechos humanos, resultaba fundamental preservar el lugar en un sentido amplio, no solo por posibles elementos materiales o documentación, sino también por el valor probatorio de las instalaciones donde actuaron las fuerzas armadas contra la población civil.
Sin embargo, el juez Inchausti rechazó inicialmente el pedido de cautelar. En su resolución señaló que no se habían identificado hechos ni maniobras vinculadas a los delitos investigados en esa parcela específica y que no existían pruebas que indicaran que ese sector del predio hubiera sido utilizado en el funcionamiento del centro clandestino.
En la misma línea se había pronunciado previamente el fiscal federal Santiago Eyherabide, quien consideró que la querella no aportó “elementos probatorios concretos” que justificaran una medida cautelar destinada a preservar posibles pruebas en ese lugar. También remarcó que, a lo largo de más de dos décadas de investigación y cuatro juicios orales por los crímenes cometidos en la ESIM, nunca se había podido determinar que la parcela lindera al Faro de la Memoria hubiera sido utilizada para alojar detenidos o como parte de la operatoria represiva.
La decisión fue apelada por la querella ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Allí, los jueces Alejandro Tazza y Pablo Jiménez resolvieron revocar parcialmente la resolución y ordenar la suspensión por 60 días hábiles de cualquier actividad en el terreno que pudiera generar un daño irreparable o alterar su morfología en caso de que fuera necesaria una futura inspección judicial.
Ese plazo —que vence el 8 de abril— fue fijado para que la querella pueda presentar ante el juzgado las pruebas que considere pertinentes para demostrar la posible vinculación del lugar con los crímenes investigados. La Cámara aclaró que hasta ahora las referencias realizadas por los organismos de derechos humanos habían sido de carácter general, sin precisar concretamente qué elementos probatorios podrían hallarse allí.
En su apelación, el abogado Sivo insistió en que la ex ESIM, el Faro de la Memoria y la parcela hoy en disputa deben entenderse como parte de un mismo escenario represivo, ya que —según sostuvo— las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura no pueden fragmentarse por límites catastrales, sino que formaron parte de un mismo dispositivo territorial de represión
Preservar la memoria
El abogado César Sivo, en diálogo con Bacap, sostuvo que uno de los puntos centrales del planteo es preservar el lugar tanto por su valor simbólico como por su posible valor probatorio.
“La preservación de ese lugar es importante en todo sentido. Desde lo simbólico, porque fue un espacio de horror: un lugar de tortura, de desaparición, de agresiones sexuales y de muerte”, señaló.
En ese sentido remarcó que no se trata de un terreno cualquiera ni de una discusión urbanística.
“No es una cuestión de que el terreno es grande y podemos hacer cualquier cosa. Es un lugar que tiene un valor histórico y simbólico muy fuerte. Los sitios donde funcionaron centros clandestinos deben servir para la reflexión, para la educación y para que las nuevas generaciones conozcan lo que pasó”, sostuvo.
Sivo también subrayó que el predio puede tener relevancia judicial, ya que aún podrían existir evidencias vinculadas a los crímenes cometidos durante la dictadura.
“Es una escena del crimen. Mientras no sepamos dónde están todos los desaparecidos, cualquier lugar vinculado a estos hechos puede contener restos o pruebas”, explicó.
Según indicó, una de las medidas solicitadas en la causa es que intervenga el Equipo Argentino de Antropología Forense para realizar estudios en el terreno.
“Se pidió un relevamiento del lugar para detectar la presencia de fósforo en la tierra, lo que podría indicar restos óseos. No se puede avanzar con obras que impliquen movimientos de tierra o cemento si existe la posibilidad de destruir pruebas o restos de víctimas”, afirmó.
El abogado también cuestionó el argumento de que la zona donde se proyecta el emprendimiento no habría formado parte del centro clandestino.
“Decir que son parcelas distintas es falso. Esa división del predio es posterior a la dictadura. Originalmente era un único terreno perteneciente a la Armada y el centro clandestino ocupaba todo ese espacio”, sostuvo.
Por eso, consideró incompatible instalar allí un espacio recreativo.
“Para una víctima es imposible entender que un lugar así se convierta en un espacio recreativo o en un bar. Es exactamente lo contrario de lo que se espera de un sitio de memoria”, afirmó.
Finalmente explicó que el objetivo inmediato es extender la suspensión de cualquier obra hasta que se realicen las pericias solicitadas.
“La idea es que no se avance hasta que se cumplan todas las medidas de prueba. El tiempo que sea necesario. Porque si se llena de cemento un lugar donde podría haber restos, esos restos se pierden para siempre”, concluyó.
La postura del oficialismo
El debate también tuvo una fuerte dimensión política. El intendente interino Agustín Neme difundió el 19 de marzo un video en redes sociales en el que defendió la iniciativa y cuestionó la denuncia judicial.
“Estamos en la zona sur de la ciudad, en un espacio que es sede de un proyecto privado que promete dar muchísimo empleo para los marplatenses”, señaló.
Según Neme, el emprendimiento se instalaría en un terreno municipal separado del Faro de la Memoria. “Este es un espacio municipal que durante años estuvo abandonado y en desuso y que queremos transformar en un espacio productivo”, afirmó.
El intendente también sostuvo que la denuncia responde a una estrategia política para frenar el proyecto. “Esto se encuentra frenado por una denuncia del kirchnerismo que utiliza a los derechos humanos como excusa”, expresó.
En ese sentido aseguró que la paralización de la iniciativa afectó a trabajadores vinculados al emprendimiento. “Frenando el proyecto dejaron a más de 60 familias sin trabajo”, dijo.
Un conflicto que sigue abierto
Mientras la Justicia Federal debe resolver si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba en el terreno lindero al Faro de la Memoria, el conflicto alrededor del predio municipal continúa abierto en distintos planos. La causa judicial, el debate político en el Concejo Deliberante y el reclamo de los organismos de derechos humanos mantienen en discusión el destino de un espacio que, para algunos, representa una oportunidad de desarrollo urbano (y un negocio) y para otros forma parte de un territorio atravesado por la historia del terrorismo de Estado.
En lo inmediato, el foco está puesto en la decisión que se adopte una vez venza el 8 de abril el plazo fijado por la Cámara Federal de Apelaciones para la presentación de pruebas sobre la posible vinculación del terreno con el funcionamiento del circuito represivo de la ex-ESIM. Esa resolución será clave para determinar si el predio puede continuar con las obras proyectadas o si, por el contrario, deberá preservarse hasta que se agoten las medidas de investigación solicitadas, como la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense
Mientras tanto, el caso ya trascendió el expediente administrativo que le dio origen y se convirtió en un debate más amplio sobre el uso del espacio público, los límites entre decisiones políticas y judiciales, y la forma en que la ciudad decide relacionarse con los lugares atravesados por la memoria de la última dictadura cívico-militar.