Organizaciones de personas mayores y especialistas en envejecimiento pidieron a la Justicia frenar la norma que habilita reemplazar los prospectos impresos por códigos QR. Advierten que la medida puede dejar sin acceso a información sanitaria clave a millones de pacientes.
Por Juan Salas
Una organización de jubilados y especialistas en la tercera edad presentaron una medida cautelar ante la Justicia para frenar la eliminación de los prospectos impresos en los medicamentos, luego de que una disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) habilitara su reemplazo por información digital accesible mediante códigos QR.
La acción judicial fue impulsada por la Asociación Civil Jubilados y Pensionados Plaza Bernardo Ader, con el acompañamiento de Plataforma Mayor y el abogado Jorge Filipini, y apunta a que se mantenga la obligatoriedad de incluir el prospecto en papel dentro de cada envase de medicamento mientras se discute la legalidad de la norma.
El planteo cuestiona la Disposición ANMAT 3294/2025, publicada en mayo del año pasado, que habilita a los laboratorios a reemplazar el prospecto en papel por información digital accesible mediante códigos QR o enlaces electrónicos.
Según la presentación judicial, la medida puede generar un “daño grave e irreparable” en el acceso a información sanitaria esencial, especialmente para personas mayores, que son quienes más medicamentos consumen y quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a tecnologías digitales.
La cautelar: mantener el prospecto en papel
El pedido judicial solicita una medida cautelar autónoma y preventiva de no innovar para que la ANMAT y los laboratorios mantengan la entrega obligatoria del prospecto en soporte físico dentro de cada medicamento.
El objetivo es preservar el sistema actual de información sanitaria hasta que la Justicia analice el fondo de la cuestión, ya que los impulsores de la demanda sostienen que la norma podría violar derechos constitucionales vinculados a la salud, la información y la protección de consumidores.
La demanda plantea que la digitalización total del prospecto no fue acompañada por un análisis de impacto social ni sanitario, ni por un proceso de consulta pública efectivo con los sectores potencialmente afectados.
Además, sostiene que la norma habilita la migración a formatos exclusivamente digitales sin establecer un período de transición que garantice accesibilidad universal, lo que podría excluir a un sector importante de la población.
Brecha digital: el principal argumento
Uno de los ejes centrales del planteo judicial es la brecha digital que afecta especialmente a las personas mayores.
Según datos citados en la demanda, al menos el 12% de las personas mayores de 60 años no utiliza teléfonos celulares, mientras que entre quienes tienen más de 75 años ese porcentaje asciende al 38,5%, lo que implica que millones de personas podrían quedar sin acceso a la información sanitaria si esta solo se encuentra disponible mediante un código QR.
A esa brecha tecnológica se suman otras barreras: limitaciones económicas, dificultades cognitivas asociadas al envejecimiento y problemas de conectividad.
En ese contexto, los impulsores de la demanda sostienen que eliminar el prospecto impreso implica trasladar al paciente la responsabilidad de superar obstáculos tecnológicos para acceder a información básica sobre medicamentos.
“Nuestra sociedad está alfabetizada, pero no totalmente tecnificada”
Adrián Roger, presidente de la Asociación Civil Jubilados y Pensionados Bernardo Ader, explicó que el reclamo surge del contacto cotidiano con adultos mayores que enfrentan dificultades para utilizar herramientas digitales.
“El tema de los prospectos es muy importante porque nuestra sociedad está alfabetizada, pero no totalmente tecnificada”, señaló.
Según explicó, muchas personas mayores utilizan el celular solo para llamadas básicas o directamente no cuentan con acceso a internet.
“Hay gente que no sabe usar el celular o que lo tiene solo para emergencias: para llamar a un hijo, a un vecino o a la policía. Hay personas que no tienen WhatsApp, que no tienen Wi-Fi en su casa porque no pueden pagar internet o que directamente no tienen datos en el teléfono”, detalló.
Para Roger, obligar a consultar la información sanitaria mediante un código QR puede generar dificultades importantes.
“Para muchos se vuelve muy engorroso. Incluso hay gente que no sabe utilizar funciones básicas del celular”, afirmó.
Desde la asociación incluso organizaron cursos de capacitación digital para jubilados, pero los resultados muestran que las dificultades persisten.
“Hicimos talleres para enseñar el uso del celular. Aprenden algunas cosas, pero si no las usan seguido se olvidan. De hecho todavía hay colas en los bancos porque mucha gente prefiere ir a cobrar la jubilación personalmente. No saben manejar el home banking”, explicó.
Roger también advirtió que eliminar el prospecto impreso puede implicar riesgos concretos para la salud.
“Si una persona sabe que es alérgica a determinada medicación y tiene que buscar esa información en un QR, tal vez no sabe cómo hacerlo o no la encuentra. Y puede terminar tomando el medicamento igual. Eso es un riesgo”, sostuvo.
El rol del prospecto en el autocuidado
El planteo judicial también sostiene que el prospecto cumple un papel fundamental en el autocuidado de los pacientes, ya que permite consultar información sobre dosis, contraindicaciones, interacciones y efectos adversos.
Esa información resulta especialmente relevante para las personas mayores, que suelen consumir varios medicamentos de forma simultánea.
Según los estudios citados en la demanda, las personas mayores consumen en promedio cinco medicamentos por mes, lo que aumenta el riesgo de interacciones y errores de medicación si la información no está fácilmente disponible.
La advertencia de especialistas
Desde Plataforma Mayor, la especialista en envejecimiento Isabel Lovrincevich advirtió que la digitalización total de los prospectos puede transformarse en una barrera de acceso a la información.
“¿Sabías que hay una resolución del Gobierno que pretende reemplazar el prospecto de los medicamentos por un código QR, ese cuadradito que hay que escanear para que el texto aparezca en el celular?”, explicó.
Para ilustrar el problema, comparó la situación con lo que ocurre en restaurantes que utilizan menús digitales.
“Muchas personas mayores le dicen al mozo: ‘Contame qué hay, porque no sé escanearlo o no tengo un celular que lo permita’”, señaló.
Según Lovrincevich, algo similar puede ocurrir con los medicamentos.
“Puede haber lugares donde no haya Wi-Fi o personas que no tengan un celular con un buen escáner. Son obstáculos que terminan impidiendo que quienes más necesitan esa información puedan saber para qué sirve un medicamento o en qué horarios deben tomarlo”, explicó.
También remarcó que el prospecto permite recordar indicaciones médicas cuando el paciente no las recuerda con precisión.
“Muchas veces el prospecto permite volver a leer para qué es ese medicamento o cuándo hay que tomarlo cuando uno olvidó lo que explicó el médico”, agregó.
Tecnología sí, pero con inclusión
Los impulsores de la demanda aclararon que no se oponen a la incorporación de tecnología, sino a que el formato digital sustituya completamente al soporte físico.
La propuesta es que ambos sistemas convivan durante un período de transición, mientras el Estado desarrolla políticas públicas de alfabetización digital para adultos mayores.
“Esto no es estar en contra de la tecnología. Pero necesitamos que convivan durante algunos años mientras se promueve la capacitación digital de los adultos mayores”, señalaron.
Según advierten, una digitalización sin políticas de inclusión puede profundizar la exclusión.
“Muchos adultos mayores sienten que no saben usar estas herramientas y eso los hace sentir inútiles. La pregunta es qué lugar queremos que ocupen en la sociedad y qué políticas públicas queremos para ellos”, plantearon.
Mientras tanto, las organizaciones impulsan una petición pública para reunir firmas contra la eliminación de los prospectos en papel, mientras esperan que la Justicia resuelva el pedido de cautelar.