La Municipalidad amplió la demanda contra la Provincia y solicitó una medida cautelar para impedir licitaciones, prórrogas de concesiones u obras en el complejo hasta que se resuelva el litigio. Mientras Gustavo Pulti habló de diálogo y trabajo conjunto, el intendente Agustín Neme ratificó que defenderá Punta Mogotes en los tribunales.
El conflicto por Punta Mogotes sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial y político. Luego del anuncio del Gobierno bonaerense sobre el futuro del complejo, la Municipalidad de General Pueyrredon decidió volver a la Justicia y solicitó que se frene cualquier avance de la Provincia hasta que quede resuelta de manera definitiva la restitución del predio a la ciudad.
El Ejecutivo local amplió la demanda que ya mantenía contra la Provincia y solicitó una nueva medida cautelar para impedir que se avance con licitaciones, prórrogas de concesiones u obras de remodelación en el complejo. El argumento central es que, aunque la Provincia reconoció públicamente que Punta Mogotes debe volver a manos marplatenses, pretende seguir definiendo unilateralmente su futuro durante un proceso que podría extenderse por años.
En el escrito judicial presentado por el Municipio en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 del departamento Judicial Mar del Plata, el anuncio realizado por el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, es interpretado como una admisión política de que el complejo pertenece a Mar del Plata, pero también como un intento de condicionar esa devolución a una hoja de ruta que incluiría obras, nuevas concesiones y una transición bajo administración provincial.
Para el Municipio, allí está el corazón del conflicto, ya que según la presentación, el esquema anunciado implicaría que el traspaso recién se concretaría una vez concluidas todas las obras previstas en futuros pliegos licitatorios. Desde la comuna sostienen que eso abre la puerta a un mecanismo de demora indefinida: si las concesiones contemplan obras a largo plazo, la transferencia podría postergarse durante años.
En términos jurídicos, el planteo municipal habla de un nuevo “bucle” para demorar una restitución que, entienden, ya fue reconocida políticamente.
“Si el complejo va a ser devuelto a Mar del Plata, ¿por qué definir las obras y realizar concesiones para devolverlo vaya a saber uno cuándo?”, plantea el escrito presentado ante la Justicia.
La cautelar que busca congelar el escenario
La nueva medida cautelar apunta a impedir cualquier innovación sobre la situación material o jurídica del predio hasta que se resuelva el proceso judicial de fondo.
Desde la Municipalidad sostienen que permitir que la Provincia avance ahora con una licitación pública o con decisiones estructurales sobre el complejo implicaría alterar un bien cuya titularidad se encuentra en discusión judicial.
Además, remarcan una contradicción política: si el propio gobernador Axel Kicillof, a través de sus funcionarios, reconoce la obligación de devolver Punta Mogotes al Municipio, consideran que lo lógico sería avanzar en ese sentido y no diseñar primero una transformación integral decidida desde La Plata.
Otro punto central del cuestionamiento es el mecanismo institucional previsto.
Según el planteo comunal, aun cuando la Provincia hable de participación municipal, la administración actual de Punta Mogotes continúa funcionando bajo el esquema legal vigente, con un consejo integrado por tres miembros: dos designados por la Provincia y uno por el Municipio.
Desde esa óptica, la presencia local sería insuficiente para incidir realmente en las decisiones estratégicas.
La urgencia del planteo también tiene una explicación concreta: entre junio y septiembre vencen concesiones vigentes dentro del complejo, por lo que cualquier decisión inmediata podría modificar sustancialmente el escenario antes de una definición judicial.
Cruce político: diálogo o simulación
Mientras el expediente avanzaba, el conflicto se trasladó con fuerza a las redes sociales.
El exintendente y actual concejal Gustavo Pulti salió a responder a las críticas del oficialismo municipal y aseguró que la Provincia sí convocó formalmente al Municipio a participar del proceso.
Según detalló, el ministro Augusto Costa invitó 48 horas antes al intendente Agustín Neme a participar de la entrega de premios del concurso de arquitectura realizado para proyectar el futuro de Punta Mogotes y también a conformar una mesa de trabajo conjunta con funcionarios municipales, provinciales y autoridades de la Administración Punta Mogotes.
Esa reunión, según precisó, fue convocada para este viernes.
Pulti cuestionó la reacción del oficialismo local y sostuvo que la convocatoria “echa por tierra muchas inexactitudes” planteadas desde el Municipio.
También rechazó la idea de una licitación inconsulta y defendió la necesidad de una transición ordenada.
“Ante el final de las concesiones vigentes entre junio y septiembre, en vez de promover el conflicto, se debe abordar de manera responsable la transición, protegiendo las fuentes de trabajo, dando certidumbre y promoviendo de manera transparente la competencia entre las empresas”, expresó.
La respuesta del intendente Agustín Neme llegó pocas horas después y endureció aún más el tono.
“Hace décadas que desde La Plata administran Punta Mogotes como si Mar del Plata no existiera”, escribió en sus redes sociales.
El jefe comunal sostuvo que durante los últimos dos años la Provincia intentó discutir el futuro del complejo “lejos de los marplatenses” y desconfió del giro hacia el diálogo.
“Ahora, después de haberse saldado la deuda hace años y de que la Justicia empezara a poner las cosas en su lugar, descubrieron de golpe el diálogo”, lanzó.
También cuestionó la propuesta de participación provincial.
“Simulan participación, pero quieren seguir tomando decisiones lejos de Mar del Plata”, afirmó.
Y cerró con una definición política clara: “Vamos a defenderlo en la Justicia hasta que vuelva definitivamente a nuestra ciudad”.
Una disputa que sigue abierta
Detrás del cruce político y judicial aparece una discusión más profunda: no solo quién administra Punta Mogotes, sino quién define su futuro de cara al fin de las concesiones.
La Provincia plantea una transición con renovación integral, nuevas reglas y participación conjunta. El Municipio sospecha que detrás de ese proceso puede esconderse una nueva postergación del traspaso.
Lo que parecía un anuncio de resolución terminó abriendo un nuevo frente de conflicto entre el Municipio y la Provincia.