El Municipio presentó una medida cautelar para frenar decisiones unilaterales mientras se define su restitución a Mar del Plata. El juez aceptó tratar el planteo, vinculó el expediente con la causa principal y ordenó a la Provincia y a la Administración de Punta Mogotes responder en cinco días.
El conflicto por el futuro de Punta Mogotes sumó este martes un nuevo capítulo judicial. Luego de que el Municipio de General Pueyrredon presentara una medida cautelar para reclamar previsibilidad sobre el destino del complejo y evitar decisiones unilaterales desde la Provincia, la Justicia resolvió darle trámite al planteo y pidió explicaciones formales al gobierno bonaerense y a la Administración Punta Mogotes.
La presentación municipal quedó vinculada por conexidad con la causa principal que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 bajo el expediente “Municipalidad de General Pueyrredon c/ Provincia de Buenos Aires s/ pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos”, en la que el gobierno local sostiene su reclamo histórico sobre el control del complejo de Punta Mogotes.
En la resolución, el juzgado aceptó la radicación del expediente por razones de economía procesal y, antes de pronunciarse sobre el pedido cautelar, ordenó que tanto la Provincia como la Administración de Punta Mogotes presenten en un plazo de cinco días un informe detallado sobre los hechos denunciados por el Municipio.
Además, el magistrado requirió copia digital de toda la documentación administrativa vinculada con eventuales licitaciones, adjudicaciones u obras proyectadas o en ejecución en Punta Mogotes, un punto sensible luego de los anuncios realizados días atrás por funcionarios provinciales.
El planteo del Municipio surgió tras la conferencia en la que la Provincia reconoció públicamente que Punta Mogotes debe volver a la órbita marplatense, aunque al mismo tiempo anticipó que antes impulsaría obras, licitaciones y un proceso administrativo que podría extenderse durante años.
Desde el Ejecutivo local interpretaron esa secuencia como una contradicción política y jurídica: mientras se admite el reclamo histórico de la ciudad, se avanzarían decisiones estructurales desde La Plata sobre un predio cuyo futuro institucional aún está en disputa.
En ese marco, la cautelar presentada por el Municipio busca evitar cambios que condicionen el escenario futuro y garantizar que cualquier definición sobre el complejo tenga participación local.
En su resolución, el juez Simón Francisco Isacch, titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1, recordó que para conceder una medida cautelar deben analizarse tres requisitos centrales: la verosimilitud del derecho invocado, el riesgo de un perjuicio inminente y que la medida solicitada no afecte gravemente el interés público.
Por ahora, la Justicia no resolvió sobre el fondo del pedido. Pero el requerimiento de informes marca que el planteo será evaluado con mayores elementos y obliga a la Provincia a fijar posición formal sobre qué piensa hacer con Punta Mogotes.
El conflicto, atravesado por la pulseada política entre Municipio (primero con Guillermo Montenegro y ahora con Agustín Neme) y el gobierno de Axel Kicillof, parece haber escalado hasta llegar a tribunales.