La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata ratificó parcialmente los procesamientos de cuatro directivos del grupo Jonestur por lavado de activos agravado. La investigación sostiene que utilizaron una estructura financiera internacional con sociedades en Panamá y cuentas en Andorra para administrar y transferir fondos al exterior.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó parcialmente los procesamientos de cuatro directivos del grupo Jonestur por el delito de lavado de activos agravado, en el marco de una investigación impulsada por la fiscal federal Laura Mazzaferri y la PROCELAC.
En la misma resolución, el tribunal confirmó los embargos por 10.000 millones de pesos sobre cada uno de los imputados.
Según la decisión judicial, con el grado de probabilidad propio de esta etapa del proceso, los directivos habrían integrado una estructura destinada a captar fondos de clientes, administrarlos por fuera de la actividad formal de la casa de cambio y transferirlos al exterior mediante sociedades constituidas en Panamá y cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra.
Una estructura paralela a la actividad cambiaria
La hipótesis de la titular de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), sostiene que la operatoria investigada excedía la actividad cambiaria autorizada e incluía servicios de administración patrimonial, asesoramiento financiero, gestión de carteras e inversiones y transferencias internacionales sin autorización estatal.
Para la Cámara, los elementos reunidos permiten sostener provisoriamente que esa estructura funcionaba de manera paralela a la actividad formal de la casa de cambio.
La investigación identificó al menos 30 sociedades constituidas en Panamá que habrían sido utilizadas para canalizar los movimientos financieros. Además, se estableció que al 31 de enero de 2018 permanecían activas nueve cuentas en la Banca Privada de Andorra con un saldo superior a los 92 millones de dólares.
Los camaristas remarcaron que una transferencia de dinero al exterior no constituye, por sí sola, un delito de lavado de activos. Sin embargo, consideraron que en este expediente existen elementos suficientes para sostener, en esta instancia, la existencia de operaciones orientadas a ocultar, administrar y reinsertar en el circuito económico activos de origen presuntamente ilícito mediante una estructura financiera internacional.
La conexión con otra causa por corrupción
En uno de los tramos de la investigación, la Cámara entendió acreditado provisoriamente que parte de los fondos administrados habría tenido origen en hechos de corrupción investigados en otro expediente de conocimiento público.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, esos activos habrían sido administrados a través de cuentas abiertas en Andorra y posteriormente incorporados al circuito económico de otro país mediante inversiones inmobiliarias.
Una investigación iniciada hace más de una década
La causa se inició en 2014 a partir de una presentación del Banco Central de la República Argentina ante la PROCELAC por posibles infracciones al Régimen Penal Cambiario atribuidas a sitios que funcionaban como «cuevas financieras» en Mar del Plata.
Durante la investigación se realizaron allanamientos en locales comerciales, oficinas y domicilios particulares. También se analizaron dispositivos tecnológicos, documentación secuestrada y registros vinculados con la operatoria financiera del grupo investigado.
El expediente contó además con la participación de distintas áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal en cooperación internacional, investigación financiera, asistencia técnica y recupero de activos.
Desde la fiscalía recordaron que el caso atravesó distintas instancias judiciales. Entre ellas, la Cámara Federal de Casación Penal revocó decisiones que habían dispuesto el sobreseimiento de todos los imputados y el cierre de la investigación, mientras que la Corte Suprema dejó sin efecto el apartamiento del juez federal Santiago Inchausti, quien continuó al frente del expediente.
Activos congelados en Andorra
En paralelo a la investigación penal, el juzgado de primera instancia dispuso medidas cautelares para preservar los bienes que podrían ser objeto de un eventual decomiso.
Entre ellas figura la inmovilización de activos existentes en la Banca Privada de Andorra —o en el proceso de liquidación de esa entidad— por una suma superior a 80 millones de euros. Para ello se tramitaron pedidos de asistencia legal internacional destinados a asegurar esos fondos.
La fiscal Mazzaferri y la PROCELAC continúan impulsando esas gestiones junto a las áreas de cooperación internacional del Ministerio Público Fiscal y en el marco de redes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
Qué resolvió la Cámara
Además de confirmar parcialmente los procesamientos por lavado de activos agravado y los embargos, la Cámara declaró prescripta la imputación por intermediación financiera no autorizada, descartó el delito de asociación ilícita al considerar que los integrantes de Jonestur no actuaban coordinadamente con otros grupos y dictó la falta de mérito o el sobreseimiento para otras personas investigadas, entre ellas directivos vinculados al grupo Transcambio.
Frente a esos puntos, el Ministerio Público Fiscal informó que analiza los recursos procesales correspondientes, tanto respecto de aspectos de la teoría del caso que no fueron receptados por el tribunal como de las medidas cautelares sobre activos que considera relevantes para garantizar un eventual recupero.