La investigación ya produjo cinco condenas mediante juicios abreviados y la causa principal fue elevada a juicio. Mientras la Fiscalía sostiene que descubrió una organización criminal integrada por policías, expolicías, un abogado y civiles, la defensa del exjefe policial José Luis Segovia afirma que no existe una sola prueba directa que lo vincule con esa estructura. Cómo nació uno de los expedientes judiciales más complejos de los últimos años.
Por Juan Manuel Salas
Cinco de los trece imputados por integrar una sociedad ilícita liderada por el exjefe de policía José Luis Segovia ya fueron condenados. Aceptaron su responsabilidad mediante juicios abreviados, acordaron penas con la Fiscalía y cerraron su situación procesal antes de llegar al debate oral.
En el centro del expediente continúa José Luis Segovia, exjefe de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y luego jefe Departamental de la Policía Bonaerense en Mar del Plata. La Fiscalía General Adjunta sostiene que fue el jefe de una presunta asociación ilícita integrada por policías en actividad y retirados, un integrante de la Policía Federal, un abogado y civiles, que habría funcionado entre diciembre de 2019 y mayo de 2024 obteniendo beneficios económicos a través de distintos delitos y del aprovechamiento de información y recursos del Estado.
La defensa de Segovia rechaza de plano esa acusación. Afirma que la investigación no contiene una sola prueba directa que demuestre su participación en una organización criminal, cuestiona la validez de buena parte de la prueba reunida por la Fiscalía y sostiene que la imputación se construyó sobre inferencias, interpretaciones y declaraciones de personas con intereses contrapuestos. También niega que haya existido evidencia suficiente para atribuirle el rol de jefe de la supuesta asociación ilícita.
Entre ambas posiciones se desarrollará uno de los juicios más relevantes que haya enfrentado la Policía Bonaerense en Mar del Plata en las últimas décadas.
La causa ya superó la etapa de investigación. En junio de 2025, el juez de Garantías Daniel De Marco resolvió elevar a juicio a Segovia y a otros imputados al considerar que existían elementos suficientes para que las acusaciones fueran debatidas en un juicio oral. Esa decisión fue apelada por distintas defensas y también por la Fiscalía respecto de algunos sobreseimientos parciales. La Cámara de Apelación y Garantías revisó esos planteos, dejando el expediente cada vez más cerca de su etapa definitiva.
Sin embargo, reducir el caso a un proceso contra un exjefe policial sería quedarse con apenas una parte de la historia.
El expediente que instruyó el fiscal general adjunto Marcos Pagella no investiga un único hecho. La acusación reúne nueve grandes episodios que incluyen el robo al edificio Cabo Corrientes, el presunto desvío de esa investigación, supuestas maniobras de encubrimiento, falsificación de actuaciones, exacciones ilegales, un circuito clandestino de compra y venta de divisas, la circulación de moneda extranjera apócrifa, actividades vinculadas al juego clandestino y otros delitos que, según la Fiscalía, respondían a una misma estructura criminal.
La reconstrucción es ambiciosa. El fiscal sostiene que descubrió un sistema de corrupción enquistado en el corazón de la Policía Bonaerense en Mar del Plata.
Y es precisamente esa hipótesis —la existencia o no de esa presunta organización, el rol que habría tenido cada uno de sus integrantes y la solidez de las pruebas reunidas durante más de cuatro años de investigación— la que deberá ser sometida al juicio oral, sin fecha aún, fuentes judiciales consultadas por BACAP consideraron que, por motivos de agenda, podría realizarse recién en 2028.
¿Qué investiga realmente la causa Segovia?
Una de las dificultades para entender el expediente es que, en realidad, no investiga un único delito.
Un robo millonario a un matrimonio de jubilados en un edificio de Cabo Corrientes fue el hecho que dio origen a la pesquisa y terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más conocidos de la causa. Pero para la Fiscalía, ese episodio es apenas una pieza de una reconstrucción mucho más amplia.
La requisitoria de elevación a juicio, organiza la acusación en torno a nueve grandes hechos que, según el Ministerio Público Fiscal, permitían demostrar la existencia de una misma organización criminal. Esa fue la teoría del caso con la que la Fiscalía solicitó que dieciséis personas fueran enviadas a juicio oral.
Durante la etapa de control de la acusación, el juez de Garantías descartó parcialmente algunas imputaciones respecto de determinados acusados y delitos. Luego, varias de esas decisiones fueron revisadas por la Cámara de Apelación y Garantías a partir de los recursos presentados tanto por las defensas como por la propia Fiscalía. Es decir, el expediente que finalmente llegará al juicio oral no necesariamente coincidirá en todos sus términos con la acusación original presentada por el Ministerio Público.
Más allá de esas modificaciones procesales, existe una idea que atraviesa todo el requerimiento fiscal y que explica por qué hechos tan distintos terminaron reunidos en una sola causa.
La Fiscalía sostiene que entre diciembre de 2019 y mayo de 2024 funcionó en Mar del Plata una presunta asociación ilícita integrada por policías bonaerenses en actividad y retirados, un integrante de la Policía Federal, un abogado y civiles. Según esa hipótesis, la organización no se dedicaba a un único negocio ilegal, sino que aprovechaba el acceso a información reservada, los contactos dentro de las fuerzas de seguridad y el poder institucional de algunos de sus integrantes para obtener beneficios económicos en distintos escenarios.
Por eso, dentro del mismo expediente conviven hechos que, leídos por separado, parecerían pertenecer a investigaciones completamente distintas: el robo de Cabo Corrientes y su presunto encubrimiento, supuestas maniobras para desviar esa pesquisa, un circuito informal de compra y venta de divisas en la zona de Luro e Independencia, exacciones ilegales, falsificación de actuaciones, presuntas vinculaciones con el juego clandestino y otros episodios que la acusación presenta como manifestaciones de un mismo esquema de funcionamiento.
La defensa de José Luis Segovia, a cargo del abogado Martín Bernat, cuestiona de raíz esa construcción. En su oposición a la elevación a juicio sostiene que la Fiscalía reunió hechos sin conexión entre sí para intentar demostrar una organización que, a su criterio, nunca existió. Afirma además que la acusación se apoya en inferencias y testimonios contradictorios antes que en pruebas directas que acrediten la participación del exjefe policial en cada uno de esos episodios.
Esa diferencia de enfoque resume, en buena medida, el núcleo del futuro juicio.
La discusión no pasará únicamente por establecer si determinados delitos ocurrieron o quiénes participaron en ellos. El debate principal será otro: si todas esas maniobras respondían realmente a una única estructura organizada —como sostiene la Fiscalía— o si la investigación terminó unificando hechos distintos sin que existan pruebas suficientes para demostrar la existencia de una asociación ilícita y el rol que se atribuye a cada uno de los acusados.
Cómo sostiene la Fiscalía que funcionaba la organización
Si la hipótesis del Ministerio Público Fiscal se resumiera en una sola idea, sería esta: la organización no tenía un único negocio ilegal, su principal activo era el acceso al poder.
El Fiscal Pagella describe una estructura que estaba integrada por policías bonaerenses en actividad y retirados, un integrante de la Policía Federal, un abogado y civiles que actuaban de manera coordinada y con funciones diferenciadas. Los fiscales incluso utilizan el concepto de «banda mixta» para describir la diversidad de perfiles que integraban la presunta asociación ilícita.
De acuerdo con esa reconstrucción, no todos cumplían el mismo rol: sostiene que existía un esquema jerárquico, organizado en distintos niveles de responsabilidad, donde algunos integrantes tomaban las decisiones estratégicas, otros ejecutaban las maniobras y un tercer grupo colaboraba desde funciones específicas. Esa distribución de tareas es uno de los elementos que la Fiscalía utiliza para sostener que no se trataba de una sucesión de delitos aislados, sino de una organización estable con permanencia en el tiempo.
En la cúspide de esa estructura, el Ministerio Público ubica a José Luis Segovia.
Según la acusación, su paso por la jefatura de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y, posteriormente como jefe de la Departamental de Mar del Plata, le otorgó una posición desde la cual podía coordinar al resto de los integrantes y aprovechar los recursos propios de la función policial para garantizar el funcionamiento de la organización. Por ese motivo, la Fiscalía pidió que sea juzgado como presunto jefe de una asociación ilícita, una de las imputaciones más graves que contiene el expediente.
La defensa rechaza esa descripción de manera categórica.
En su presentación, el abogado Bernat sostiene que la Fiscalía nunca logró demostrar la existencia de una cadena de mandos ni de órdenes impartidas por Segovia. Afirma que no existen escuchas telefónicas, mensajes, registros documentales ni ninguna otra prueba directa que permita concluir que dirigía una organización criminal. También cuestiona que la acusación le atribuya un rol de liderazgo cuando, incluso, durante la investigación surgieron referencias a otros funcionarios policiales como posibles responsables de la conducción de esa estructura.
Más allá de quién ocupara el supuesto liderazgo, la Fiscalía sostiene que la fortaleza de la organización no residía únicamente en las personas que la integraban, sino en la combinación de sus funciones.
Siempre según la acusación, había quienes aportaban capacidad operativa dentro de las fuerzas de seguridad, quienes facilitaban contactos con civiles, quienes intervenían en determinadas actuaciones judiciales y quienes desarrollaban actividades económicas que permitían canalizar o recaudar dinero proveniente de distintos hechos investigados. Esa articulación, sostiene el Ministerio Público, explica por qué un mismo expediente terminó reuniendo hechos aparentemente inconexos.
En esa lógica, el robo al edificio Cabo Corrientes ocupa un lugar importante, pero no excluyente.
Para la Fiscalía fue uno de los episodios que permitió advertir el funcionamiento de la presunta organización. Sin embargo, la acusación sostiene que el mismo esquema de relaciones y distribución de funciones también aparece cuando analiza el circuito informal de compra y venta de divisas, las presuntas maniobras de encubrimiento, las filtraciones de información reservada y otros hechos incorporados durante la investigación.
Precisamente esa es la tesis que la defensa buscará desarmar durante el juicio.
No sólo discute la participación de Segovia. También sostiene que la Fiscalía construyó una única historia a partir de episodios diferentes que, a su criterio, no tienen entre sí la conexión necesaria para hablar de una asociación ilícita.
Luro e Independencia: expediente dentro del expediente
Si Cabo Corrientes (ver nota «Tengo un trabajo de un millón de dólares»: el robo que abrió la Caja de Pandora) fue la puerta de entrada, la esquina de Luro e Independencia terminó convirtiéndose en otro de los escenarios centrales de la investigación.
En pleno microcentro de la ciudad, la Fiscalía sostiene haber reconstruido un segundo capítulo de la presunta organización: el control del circuito informal de compra y venta de divisas.
Según la requisitoria de elevación a juicio, ese sector del microcentro marplatense no era apenas un punto de encuentro de «arbolitos». La acusación afirma que allí funcionaba un esquema de protección y recaudación que involucraba a algunos de los integrantes de la presunta asociación ilícita.
La hipótesis fiscal sostiene que determinados cambistas informales pagaban dinero para poder desarrollar su actividad sin interferencias, que existían personas encargadas de recaudar esos pagos y que, cuando alguien dejaba de cumplir con esas exigencias, podían aparecer procedimientos policiales o inspecciones que actuaban como mecanismo de presión.
En ese contexto, la Fiscalía menciona reiteradamente la existencia de «recaudadores» y ubica al bar Sutton —también identificado en el expediente como «El 10″— como uno de los lugares donde se producían reuniones entre algunos de los acusados. Además, vincula ese circuito con presuntas maniobras de intermediación financiera ilegal, circulación de moneda extranjera apócrifa y contactos con personas relacionadas con el juego clandestino.
Para el Ministerio Público, ese capítulo cumple una función clave dentro de la causa, porque refuerza la hipótesis de que la organización obtenía beneficios económicos a partir de distintos negocios.
La defensa de José Luis Segovia ofrece una lectura completamente diferente.
En su escrito de oposición a la elevación a juicio, Bernat sostiene que la Fiscalía invierte el sentido de la prueba. Afirma que, lejos de proteger a los cambistas informales, Segovia impulsó medidas para desalentar esa actividad cuando estuvo al frente de la DDI y luego de la Jefatura Departamental.
Para sostener esa postura, la defensa cita órdenes de servicio, despliegues policiales y conversaciones incorporadas al expediente. En una de ellas, según destaca Bernat, un interlocutor afirma: “Le dije a José de ponerlo al Ruso y me sacó cagando”. En otra conversación se sostiene que “José no se iba a meter”. Para la defensa, esos diálogos demuestran precisamente lo contrario de lo que afirma la acusación: que Segovia rechazaba involucrarse en ese circuito y no formaba parte de él.
La diferencia entre ambas interpretaciones ilustra uno de los desafíos que tendrá el juicio oral.
En muchos tramos del expediente, las partes no discuten la existencia de determinadas conversaciones telefónicas, reuniones o vínculos personales. Lo que discuten es su significado.
Mientras la Fiscalía entiende que esos elementos, analizados en conjunto, revelan el funcionamiento de una organización criminal con distintos niveles de responsabilidad, la defensa sostiene que se trata de una construcción basada en interpretaciones, donde hechos compatibles con actividades lícitas son presentados como pruebas de una asociación ilícita.
Esa disputa atraviesa buena parte de las más de 400 páginas de la requisitoria y de las presentaciones defensivas. Y será uno de los puntos sobre los que el tribunal deberá pronunciarse cuando la causa llegue finalmente al debate oral.
Lo que ya resolvió la Justicia y lo que todavía deberá probarse
El exjefe de la Policía Bonaerense en General Pueyrredon, José Segovia se encuentra con prisión preventiva, ya que la Justicia considera que existe un riesgo procesal cierto en el casa de que recupere la libertad. Espera la realización del juicio oral detenido en la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde pasa sus días en el pabellón destinado a integrantes de la fuerzas de seguridad.
Cinco imputados ya fueron condenados mediante juicios abreviados, en los que reconocieron su culpabilidad ante las acusaciones presentadas por la Fiscalía. Entre ellos Christian Adalberto Holtkamp y Jorge Javier Toletti, señalados por la Fiscalía como dos de los principales operadores de la estructura. El primero recibió una pena de 5 años y 2 meses de prisión, mientras que el otro de 6 años.
También fueron condenados por esa vía Gastón Daniel Moraña, a 3 años y 4 meses de prisión más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargo público; Javier Martín González, a 3 años y 2 meses de prisión; y Héctor Sabino Sosa, a 3 años de prisión en suspenso más la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargo público. Todos con distintos grados de participación según la reconstrucción realizada por la acusación.
Otros quedaron fuera del proceso (ver nota Quién es quién en el expediente Segovia) por decisiones posteriores de la Justicia. Segovia es el único que continúa detenido, mientras que uno de los acusados, Juan Pablo Velázquez, permanece prófugo.
Sin embargo, la discusión principal todavía no fue resuelta. Esto significa que la teoría construida por la Fiscalía —la existencia de una presunta asociación ilícita integrada por policías, expolicías, un abogado y civiles— aún deberá atravesar la instancia más exigente del proceso penal: el debate oral y público.
Allí, el Ministerio Público Fiscal tendrá que demostrar que los distintos episodios reconstruidos durante la investigación no fueron hechos aislados, sino manifestaciones de una misma organización con permanencia en el tiempo, distribución de funciones y un objetivo común de obtener beneficios económicos mediante la utilización de recursos y contactos estatales. Esa es, en definitiva, la hipótesis que sostiene desde la requisitoria de elevación a juicio.
Las defensas, en cambio, intentarán demostrar exactamente lo contrario. Esa tensión entre ambas reconstrucciones explica por qué el juicio tendrá una importancia que excede la situación personal de cada acusado.
La pregunta central que se deberá contestar en el tribunal será mucho más amplia: si la prueba reunida durante la investigación alcanza para demostrar que, entre diciembre de 2019 y mayo de 2024, funcionó en Mar del Plata una organización de corrupción dentro de la Policía Bonaerense tal como describe la Fiscalía o si, como sostienen las defensas, el expediente terminó vinculando hechos distintos sin la evidencia necesaria para transformarlos en una única asociación ilícita.
Cinco condenas, un exjefe policial detenido en la Unidad Penal N° 44 de Batán, un imputado prófugo, policías, expolicías, un abogado, civiles y un juicio oral todavía pendiente son la fotografía actual de una causa que comenzó con un robo en un departamento frente al mar y terminó poniendo bajo la lupa el funcionamiento de una parte de las fuerzas de seguridad. Lo que resta saber ya no dependerá de la investigación, sino de la prueba que cada una de las partes logre producir frente al tribunal