El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense manifestó su “preocupación” por las críticas políticas contra Marta Pascual y pidió que cesen las “amenazas y agravios”. La Libertad Avanza anunció que impulsará su juicio político, mientras dirigentes nacionales cuestionaron públicamente a la magistrada.
El fallo que ordenó la suspensión durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires generó críticas de dirigentes nacionales y provinciales contra Marta Elba Pascual, la jueza de Lomas de Zamora que hizo lugar al hábeas corpus colectivo. Ante esta situación el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense salió públicamente en su defensa y reclamó respeto por la independencia judicial.
En un comunicado, el Colegio expresó su “preocupación frente a la reacción de personas con responsabilidades políticas” ante la resolución y sostuvo que los cuestionamientos incluyeron “amenazas y agravios”.
La respuesta se conoció en medio de una escalada política contra Pascual. La Libertad Avanza bonaerense anunció que impulsará su juicio político, mientras que referentes del oficialismo nacional cuestionaron tanto a la magistrada como al Poder Judicial de la Provincia.
“Una jueza kirchnerista”
Una de las primeras críticas directas contra Pascual provino del diputado nacional Luis Petri. El domingo, luego de conocerse la resolución, escribió desde su cuenta de la red social X: “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la Provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”.
En esa misma publicación agregó: “Aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla. Las víctimas no pueden seguir pagando la improvisación y el abandono de Kicillof y la Justicia provincial”.
También se pronunció en X la senadora nacional Patricia Bullrich, quien dirigió inicialmente sus cuestionamientos al gobernador Axel Kicillof y luego apuntó contra el sistema judicial bonaerense. “Tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”, publicó.
La Libertad Avanza pidió llevarla a juicio político
La confrontación escaló este martes, cuando La Libertad Avanza bonaerense anunció que sus legisladores promoverán un pedido de juicio político contra Pascual en la Legislatura provincial. La iniciativa es impulsada por el presidente partidario en territorio bonaerense, Sebastián Pareja.
En declaraciones difundidas por el espacio y reproducidas por distintos medios, Pareja sostuvo: “Marta Pascual es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”. Y agregó que estaba intentando frenar “una ley votada por el Congreso” y que, por ese motivo, debían pedir su enjuiciamiento.
El planteo de LLA fue todavía más lejos en el comunicado: calificó la suspensión como un “fallo político” y acusó a Pascual de actuar “como un peón” de Kicillof. Pareja consideró además que una jueza que actúa de esa manera “no cumple con las características básicas” requeridas para ejercer como magistrada.
El presidente del bloque libertario en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, también cuestionó la decisión: “La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes”, afirmó en declaraciones difundidas por el partido.
Por su parte, el jefe del bloque de diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, calificó de “inadmisible” que una jueza de Lomas de Zamora suspendiera la aplicación de la norma y anticipó: “Vamos a llevarla a juicio político por esta decisión”.
La respuesta de los magistrados
En ese contexto, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia difundió su comunicado. Allí defendió la intervención judicial y sostuvo que la discusión no pasa por el contenido de la nueva legislación.
“No se está discutiendo la ley ni sus objetivos, eso corresponde al Poder Legislativo”, señaló la entidad y recordó que la Provincia tiene antecedentes de normas que pretendieron implementarse sin los recursos necesarios.
El Colegio defendió, además, la potestad de los tribunales para revisar las decisiones de los demás poderes: “El Poder Judicial tiene entre sus funciones controlar a los otros poderes: es su función y ningún juez o jueza que la ejerza está extralimitándose, sino cumpliendo con su rol constitucional”.
Según planteó la entidad, la organización que promovió el hábeas corpus había advertido que “no existen las condiciones infraestructurales y los recursos” necesarios para implementar el nuevo régimen y solicitó un plazo de 60 días para generarlos.
El comunicado concluyó con el tramo más contundente y que aparece directamente vinculado con la escalada de cuestionamientos contra Pascual. El Colegio llamó a los demás poderes del Estado a utilizar “los mecanismos que contempla la Constitución Nacional para defender sus posiciones” y reclamó que “se abstengan de realizar amenazas y agravios”.
Para los magistrados, ese tipo de expresiones “no consiguen conmover la independencia de las y los magistrados comprometidos con las responsabilidades que han asumido frente a la sociedad”.
La controversia continúa mientras se discute el alcance de la decisión adoptada por Pascual. La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo y dispuso suspender por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense ante los cuestionamientos sobre las condiciones materiales e institucionales necesarias para implementar el nuevo sistema.