La sesión especial fracasó por la ausencia de ocho legisladores necesarios para alcanzar el quórum. El oficialismo evitó el tratamiento del decreto, mientras la Ley de Tierras volvió a ocupar un lugar central en la disputa parlamentaria.
La oposición no consiguió reunir el quórum necesario para avanzar con el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, una de las principales herramientas de desregulación económica impulsadas por el presidente Javier Milei. Pese a la masiva movilización en las inmediaciones del Congreso, la sesión especial convocada este jueves en la Cámara de Diputados fracasó y el Gobierno consiguió preservar la vigencia de la norma.
Al cumplirse la media hora reglamentaria desde el horario previsto para el inicio de la sesión, había 121 diputados sentados en sus bancas, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la convocatoria.
La ausencia de legisladores de bloques provinciales y sectores dialoguistas resultó determinante. Entre quienes no bajaron al recinto estuvieron ocho representantes de Provincias Unidas, incluidos su presidenta, Gisela Scaglia, y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, vinculados al gobernador Carlos Sadir. Tampoco estuvieron los tres diputados tucumanos de Independencia ni el misionero Alberto Vancsik, de Argentina Federal.
Los diputados José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, y Jorge Ávila, de Provincias Unidas, ingresaron al recinto cuando Menem ya había levantado la sesión.
Los 121 legisladores presentes pertenecían a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, sectores de Provincias Unidas y Argentina Federal, Elijo Catamarca y la Coalición Cívica.
El DNU 70/2023 llevaba más de dos años y medio pendiente de resolución en la Cámara de Diputados. El Senado lo rechazó el 14 de marzo de 2024, con 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones. Sin embargo, la Ley 26.122 exige el rechazo de ambas cámaras para dejar sin efecto un decreto de necesidad y urgencia. La ausencia de una fecha límite concreta para resolver su tratamiento permitió que la norma continuara vigente. En ese contexto, el oficialismo evitó nuevamente una votación que podría haber provocado la derogación del decreto completo.
La Ley de Tierras, una pieza clave de la negociación
El intento opositor de rechazar el DNU 70/2023 había adquirido una relevancia particular por el debate sobre la Ley de Tierras Rurales, que establece límites a la propiedad de tierras por parte de personas y empresas extranjeras.
El artículo 154 del decreto firmado por Milei en diciembre de 2023 dispuso la derogación de esa ley. Sin embargo, la discusión volvió a instalarse en el Congreso después de las intervenciones judiciales sobre la vigencia de la normativa y de un cambio de posición del oficialismo.
El Gobierno, que había impulsado la derogación de la Ley de Tierras, pasó a promover su restitución mediante una modificación legislativa, incorporada al dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya contaba con media sanción del Senado.
El movimiento político se produjo en medio de las negociaciones para impedir que la oposición reuniera los votos necesarios para rechazar el DNU en su totalidad.
La diferencia no es menor. Un rechazo parlamentario del decreto completo habría tenido consecuencias sobre numerosas reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo, más allá de la cuestión de las tierras rurales.
Entre ellas aparecen la derogación de las leyes de Alquileres, Góndolas y Abastecimiento, las modificaciones en el mercado aerocomercial, la desregulación de las telecomunicaciones satelitales y los cambios en los mecanismos de control de precios de las empresas de medicina prepaga.
La estrategia oficialista apuntó a evitar una derrota legislativa de mayor alcance y a encauzar por separado uno de los puntos que generaba resistencia entre los bloques opositores.
Discapacidad y endeudamiento
La sesión especial no se limitaba al DNU. La convocatoria también contemplaba el tratamiento de iniciativas vinculadas con la emergencia en discapacidad y el alivio y regularización de las deudas familiares.
Estos temas habían formado parte de las negociaciones entre los distintos bloques durante los días previos. La convocatoria a una nueva sesión para el 21 de octubre, con parte de esa agenda, también influyó en el escenario parlamentario.
El fracaso del quórum dejó sin tratamiento los proyectos previstos para este jueves y provocó fuertes cuestionamientos de los legisladores que sí se habían presentado.
Las críticas de la oposición
Durante las expresiones en minoría, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó tanto al Gobierno como a los diputados ausentes.
“Este gobierno y los que no dieron quórum no sienten al pueblo argentino”, sostuvo el legislador, quien remarcó la responsabilidad de la oposición de representar políticamente los reclamos sociales.
Desde Provincias Unidas, Pablo Juliano acusó al oficialismo de impulsar maniobras para impedir la sesión y cuestionó a los legisladores que decidieron no asistir.
“Un montón de diputados decidió no venir y les importó muy poco” la situación de las personas endeudadas y con discapacidad, señaló.
Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que el oficialismo “podrá tener la fuerza de una mayoría circunstancial, pero no tiene la razón”.
El diputado también vinculó el escenario parlamentario con las movilizaciones en defensa de la educación pública, la universidad y el sistema científico-tecnológico.
Un triunfo parlamentario para el oficialismo
El resultado representó un alivio para la Casa Rosada, que consiguió evitar una votación capaz de afectar una parte sustancial de su programa de reformas económicas.
Sin embargo, la falta de quórum no implica que el Congreso haya ratificado el DNU 70/2023. La Cámara de Diputados no llegó a debatir ni votar su rechazo y el decreto continúa vigente en los términos que no hayan sido modificados o afectados por decisiones judiciales.
El Gobierno consiguió sostener su posición en esta instancia, pero el futuro de distintas disposiciones del decreto continúa sujeto a la actividad parlamentaria y a los procesos judiciales.
La discusión sobre la Ley de Tierras resume una de las principales tensiones del escenario actual: una reforma que el Ejecutivo impulsó al comienzo de su gestión y cuya reversión ahora contempla mediante una ley, en medio de las negociaciones para preservar el resto de su esquema de desregulación.