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agosto 3, 2021
Lo de Acá

Punto por punto: qué se cumplió y qué no de la Emergencia en Violencia de Género

La normativa se prorrogó en octubre por cuarto año consecutivo. Desde el Observatorio de Género advierten múltiples incumplimientos. Qué se hizo y qué no.

Por Julia Van Gool

El pasado 1 de octubre, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon prorrogó por cuarto año consecutivo la Emergencia contra la Violencia por Motivos de Género y Diversidad, sancionada en el ámbito municipal en 2016. 

La oposición y organizaciones feministas aseguran que “poco” se cumplió de la ordenanza 22.739, promulgada al calor de las primeras movilizaciones por el Ni Una Menos y en el marco de un crecimiento, aún vigente, de denuncias y femicidios. 

Según surge del texto vigente, la normativa pretende combatir “toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial” de las personas.

Sin embargo, en la previa a su prorrogación, desde el Observatorio creado para controlar el cumplimiento de los puntos acordados, emitieron un comunicado asegurando que el balance de la medida era “alarmante” y que la normativa fue “sistemáticamente incumplida por la gestión anterior y actual”.

Desde BACAP nos propusimos analizar punto por punto la ordenanza (a la cual podes acceder en este link) y sus cumplimientos. 

¿Qué promueve la Emergencia local? A continuación, algunos puntos

Ampliar el régimen de asignaciones económicas temporales.

La Municipalidad otorga becas de vulnerabilidad a mujeres víctimas de violencia por motivos de género. Son asignadas en casos específicos y actualmente consisten en $8.100 mensuales por tres meses con posibilidad de prorrogarse por 3 meses más. En una reunión mantenida entre el Observatorio de Género y el intendente Guillermo Montenegro, éste confirmó que se procederá a la ampliación del régimen de 3 a 6 meses. 

Abordar la cuestión habitacional de las personas en situación de violencia.

Hasta el momento, no se llevaron adelante programas específicos para abordar esta problemática, más allá de gestiones para casos particulares. 

Ampliar, refuncionalizar y poner en valor el Hogar Galé y gestionar la creación de un Hogar de Medio Camino.

En marzo, el intendente Guillermo Montenegro aseguró que se destinarán 8 millones de pesos para la construcción de la Casa de Medio Camino, un reclamo histórico de las organizaciones feministas locales y esencial para la asistencia integral de quienes sufren violencia. Pese a no haberse conocido otra comunicación oficial, desde la Dirección de Políticas de Género aseguraron a BACAP que esa política se concretará el año que viene y que, efectivamente, es un proyecto que está en marcha.   

Fortalecer las acciones y dispositivos de asistencia integral interdisciplinaria y/o interinstitucional las 24 hs. y la existencia de los recursos humanos necesarios en cantidad y especificidad, responsables del tratamiento de la problemática.

Si bien desde la Dirección de Políticas de Género aseguran que se incorporó personal en el marco de la pandemia, la atención del área aún no es de 24 horas de manera formal e institucionalizada. Además, desde el Movimiento de Mujeres y Diversidad reclaman que se concrete el nuevo organigrama de área y los cargos correspondientes, “sobre todo para la División  Hogar Medio Camino, División Prevención y Asistencia a víctimas de violencia y el Departamento Oficina de Género Descentralizadas”.
También exigen la contratación de más “profesionales de la abogacía y psicología”y reclaman la incorporación de “docentes expertos en la temática para efectuar las capacitaciones necesarias”. 

Crear un programa de capacitación y sensibilización permanente para todos los agentes municipales, poniendo especial énfasis en la participación de aquellos que intervienen en la atención de víctimas de violencia por motivos de género

La Municipalidad lleva adelante capacitaciones en el marco de la Ley Micaela, normativa nacional. Desde el Movimiento exigen que se ejecute el presupuesto total para su correcto cumplimiento. 

Gestionar ante las autoridades provinciales la ampliación de recursos destinados a la Comisaría de la Mujer y la Familia, como, asimismo, la pronta apertura de una sede en la ciudad de Batán. 

La falta de recursos en la Comisaría de la Mujer de la Provincia es un reclamo que realizan tanto el Observatorio como la Dirección de Políticas de Género, en apoyo a las agentes y demás profesionales del espacio. 

La Comisaría de la Mujer en Batán es otro de los reclamos pendientes del Movimiento de Mujeres y Diversidad local. 

Diseñar programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo para contrarrestar estereotipos, prejuicios y costumbres y todo tipo de prácticas basadas en la desigualdad de género.

Si bien no fue en el marco de la Emergencia, desde el área de Educación del municipio advierten estar poniendo en marcha un fuerte trabajo en torno a la Educación Sexual Integral, desde el que se abordan esos puntos. 

Articular proyectos de empleos, actividades y capacitación laboral con distintos ámbitos gubernamentales y territoriales. Además de crear junto a la Oficina de Empleo una bolsa de trabajo que priorice la ubicación laboral del colectivo comprendido por la ordenanza. 

Desde los movimientos feministas advierten la necesidad de “urgente diseñar un programa  de inserción laboral para las personas en situación de violencia”, aún pendiente.

Créase el Observatorio de Violencia por motivos de Género y Diversidad con competencia para elaborar diagnósticos, recabar información y monitorear las políticas públicas en torno al tema. 

Se conformó con reuniones periódicas con representantes del Ejecutivo y Legislativo.

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