El proyecto para licitar el servicio fue rechazado esta semana en la comisión de Legislación. El voto de un concejal oficialista fue determinante. Ahora el gobierno evalúa prorrogar la concesión actual.

Por Nicolás Quintaié

El pliego para la licitación del transporte público de pasajeros, quizás la apuesta legislativa más importante del Gobierno Municipal en este 2021, no logró pasar por el filtro del Concejo Deliberante ante la falta de acuerdo político.

Todo comenzó el 18 de diciembre pasado, cuando el Ejecutivo elevó el expediente al HCD.  A grandes rasgos, la propuesta del gobierno fue establecer una concesión a 20 años, con posibilidad de prorrogarse por hasta 7 más, con 3 grupos de líneas-dos suburbanas y una interurbana- que operarían con 3 concesionarios distintos.

Entre las principales innovaciones que se plantearon, se destacó la creación de tres estaciones en zonas “de alta demanda”, ubicadas en el puerto, el Hospital Regional y Avenida Libertad y 180. Estarían unidas por una “nueva línea Anular” y en cada una de ellas se podrían realizar trasbordos.

Con una reconfiguración en los recorridos, también se anunció justamente la implementación del boleto combinado– que le permitiría al usuario acceder a un pasaje que se podría combinar con un colectivo de otra línea dentro de los 75 minutos, ó 120 durante el horario nocturno-, “líneas rápidas” y la construcción de 24 intercambiadores en distintos puntos de la ciudad.

Estos últimos serían, de acuerdo a lo señalado en el proyecto original  un “conjunto de paradas con refugios, especialmente señalizadas” que se ubicarían en las intersecciones principales de la ciudad que contaran con un “alto número de líneas de colectivos pasantes, a fin de favorecer la combinación entre ellas”. Según las proyecciones iniciales del gobierno, se estimaba un costo no menor a los $4.300 millones en infraestructura.

Críticas 

El debate en el Concejo se extendió por más de 4 meses. Durante este proceso se generaron instancias de participación ciudadana con el objetivo de que se expusieran las principales demandas en torno al transporte. 

Esto confluyó, el 4 de febrero, en la celebración de una Audiencia Pública de más de 7 horas, donde brindaron su testimonio representantes de gremios, vecinos particulares, sociedades de fomento y organizaciones.

Entre los planteos centrales, los expositores hicieron referencia-en la misma línea que los bloques opositores-a la necesidad de acortar el tiempo de la futura concesión y que sean más visibilizados los barrios de la periferia, algo que el servicio actual, según apuntaron, no tiene en cuenta.  

Por otro lado, se deslizó la importancia de incrementar las unidades con pisos bajos para las personas con discapacidad. Y se alertó sobre la necesidad de mantener conectados los barrios más alejados del centro, distribuidos en la zona sur, norte y oeste, que padecen la falta de frecuencias: más de un vecino manifestó que debe esperar durante una hora la llegada del colectivo, con el agregado de tener que caminar decenas de cuadras para arribar a la parada más cercana. 

 Voto negativo y expediente archivado

 El 22 de marzo, el pliego obtuvo su primera aprobación en la comisión de Movilidad Urbana, con 5 votos positivos del interbloque de Juntos por el Cambio, y las negativas del Frente de Todos y Acción Marplatense.

 Ahora bien, todo comenzó a empantanarse el 12 de abril. En la estratégica comisión de Legislación, el paso previo para que el expediente sea tratado en sesión ordinaria, Alejandro Carrancio, el entonces presidente del bloque de Vamos Juntos-espacio que, en los papeles, es el más afín al intendente dentro de la alianza Juntos por el Cambio-planteó una serie de modificaciones al proyecto original.

“Este pliego podría ser mejorado y trasladé las propuestas a miembros del Ejecutivo. Lamentablemente no tuve devolución sobre estas cuestiones y por eso lo hago en el lugar formal que es la comisión”, dijo el edil.

 El legislador reiteró la idea de reducir el plazo de la concesión y cuestionó el costo de la infraestructura a construir, generado a partir de los 24 intercambiadores y las 3 estaciones de trasbordo. 

 Finalmente, la caída del proyecto se dio el lunes pasado. En un escenario ajustado de votos, el concejal ratificó su postura y, sin quedar conforme con la contestación de la Secretaría de Gobierno-el área del Ejecutivo desde la cual se confeccionó el pliego- no acompañó al proyecto, al igual que los bloques opositores del Frente de Todos y el Frente Renovador. En consecuencia, el expediente tuvo 5 votos negativos y 4 en contra, por lo que fue archivado.

 ¿Por qué un concejal oficialista desencadenó el fracaso del proyecto legislativo más importante del gobierno para este año? Carrancio responde al senador provincial Lucas Fiorini, fundador de la agrupación Crear (Crecimiento Argentino) y articulador de un incipiente partido provincial: Vecinos Unidos. El dirigente debe renovar su banca en los próximos comicios y mantiene diferencias con Montenegro en la conformación de la lista seccional, donde el intendente tiene poder de decisión.

Lo ocurrido en el Concejo ya ha traído consecuencias: el jefe comunal le pidió la renuncia a 4 funcionarios que responden a Fiorini. El listado incluye a Federico Scremin, el presidente del Ente Municipal de Turismo (Emtur); Emiliano Recalt, quien se desempeña como director coordinador en el ente; Fernando Navarra, vicepresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE); y Stella Leguizamón, la representante municipal en la Administración Punta Mogotes.

En tanto, los otros integrantes de Vamos Juntos (Agustín Neme, Guillermo Volponi y Nicolás Lauría) le pidieron a Carrancio que abandone la presidencia del bloque. En la misma línea se expresaron los otros espacios que integran Juntos por el Cambio: la UCR y la Coalición Cívica. Luego de los cuestionamientos, este jueves el edil hizo efectiva su renuncia.

 El futuro de la concesión

Hoy el transporte público está bajo la órbita de las firmas Peralta Ramos, 12 de Octubre, El Libertador, 25 de Mayo y Batán SA. El proceso se inició en 2005, cuando, a través de la ordenanza N°16789, el HCD autorizó al Ejecutivo a llamar a licitación pública para la prestación del servicio. Finalmente, en mayo de 2007, se concretó la adjudicación mediante el decreto 861/06.

En 2019, luego de 12 años, el contrato original venció. A raíz de ello, el ex intendente Carlos Arroyo extendió el vínculo de las empresas con la Comuna por dos años, plazo que expira el próximo 19 de junio. 

Ante la imposibilidad de convocar a una licitación pública tras el rechazo al nuevo pliego, ahora el Concejo analiza otorgar una prórroga por 3 años a los concesionarios actuales. El proyecto comenzó a ser tratado este lunes en la comisión de Movilidad Urbana y los ediles resolvieron pedir informes a la Secretaría de Gobierno para que especifique si es válido prolongar el contrato por esa cantidad de tiempo.

En definitiva, el servicio seguirá en las mismas manos y la ciudadanía deberá aguardar para algún cambio de fondo.