La dirigencia local dijo presente en la movilización para defender la educación pública. El Ejecutivo no mandará funcionarios para defender la rendición de cuentas en el Concejo. Los municipales y una nueva semana sin avances en la paritaria.

Movilización y dirigencia

En sintonía con lo ocurrido en todo el territorio nacional, Mar del Plata tuvo el martes pasado una masiva movilización en defensa de la educación pública para protestar contra los recortes en el presupuesto universitario que lleva a cabo el Gobierno.

La columna de manifestantes superó las 10 cuadras y contó con la participación no solo de la comunidad universitaria, sino también de vecinos que se sumaron en forma espontánea, las centrales obreras, organizaciones sociales y de derechos humanos, jubilados y trabajadores autónomos como los repartidores de delivery, entre otros sectores.

La convocatoria fue transversal a todas las clases sociales y franjas etarias, y la política local no fue ajena a ello. La multitudinaria protesta contó con la presencia tanto de dirigentes oficialistas como opositores a nivel local.

Un grupo nutrido fue el del radicalismo, que históricamente tuvo a la educación pública superior como una bandera. 

“Miles en nuestra ciudad nos movilizamos en defensa de la educación pública. En un país desigual, la educación pública nos iguala”, expresó, por caso, el concejal boina blanca Daniel Núñez en sus redes.

El presidente de la UCR marplatense estuvo secundado por otros dirigentes como Vilma Baragiola, la secretaria de Desarrollo Social de la comuna, y el diputado bonaerense Diego Garciarena.

Hicieron lo propio otros ediles como Horacio Taccone y Eva Ayala (Acción Marplatense). O el diputado provincial y exintendente Gustavo Pulti, quien planteó: “La universidad pública argentina otra vez hace historia: frente a un Gobierno arrogante y sin proyecto, testimonia, en todo el país, pacíficamente y desde las calles, identidad y vocación de futuro”.

En el peronismo hubo varias figuras también, como la de José Luis Rocha, el secretario general de la CGT local; Mariana Cuesta, jefa del bloque de Unión por la Patria; y sus compañeras de bancada Verónica Lagos y Valeria Crespo, entre otras.

Un cambio que sorprende

La comisión de Hacienda del Concejo Deliberante resolvió no convocar a funcionarios del Ejecutivo para que defiendan la rendición de cuentas 2023, que contiene la ejecución presupuestaria de la Administración Central y todos los entes.

La decisión es singular, dado que va en contra de los usos y costumbres del Legislativo durante los últimos años, cuando se solía convocar a los secretarios de las principales áreas del municipio para que den explicaciones ante los ediles en forma presencial.

Pero los planes cambiaron y, en esta nueva dinámica, los representantes del Ejecutivo responderán preguntas por escrito.

“Es importante que puedan venir los funcionarios. Al menos hacer una presentación general. Una diferencia respecto a los otros años es que hay un gran déficit que, si sumamos la Administración Central y los entes, está cerca de los $9.500 millones. Eso amerita una explicación sobre cómo llegamos acá”, cuestionó Mariana Cuesta (UxP).

Del lado del oficialismo, que contó con el acompañamiento del bloque libertario también para avanzar con la medida, Agustín Neme (Vamos Juntos) esgrimió que el Ejecutivo ha buscado “la mejor alternativa para que los equipos de las áreas tengan el tiempo necesario para responder cada una de las cuestiones”.

De acuerdo al cronograma oficial, el objetivo es contar con las preguntas respondidas el 15 de mayo para poder someter a votación la rendición de cuentas de cada área. Luego, los proyectos se tratarán en sesión ordinaria, con el 31 de mayo como fecha límite, donde podrán ser rechazados o aprobados.

Como es sabido, el pronunciamiento del Legislativo es meramente político. Los expedientes serán luego enviados al Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia, organismo de contralor que, en caso de encontrar irregularidades, puede aplicar sanciones a funcionarios.

Sin avances en la paritaria

El gobierno se mantuvo firme en su oferta de aumentar solo un 10% el salario de los municipales, por lo que la nueva audiencia con el sindicato en el Ministerio de Trabajo no tuvo avances esta semana. 

Del otro lado, el gremio que conduce Antonio Gilardi exige un 35% de recomposición salarial. De cara a los próximos días, las partes seguirán negociando en un contexto de tensión en aumento y cuya resolución hoy parece distante.