La jueza Mariana Gulminelli ordenó corregir en plazos perentorios problemas edilicios, sanitarios y disciplinarios detectados en los establecimientos donde permanecen alojados adolescentes privados de su libertad. Advirtió sobre posibles sanciones e incluso denuncias penales en caso de incumplimiento.
La jueza de Garantías del Joven de Mar del Plata, Mariana Gulminelli, intimó al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia a implementar una serie de medidas urgentes para corregir las condiciones de alojamiento de adolescentes privados de su libertad en los centros de detención ubicados en Batán.
La resolución fue dictada luego de una visita institucional realizada el 12 de marzo al Centro Especializado de Aprehensión (CEA), al Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatoria (CSPLA) y al Centro Socioeducativo de Contención (CSC), donde se detectaron múltiples irregularidades que, según la magistrada, comprometen derechos fundamentales reconocidos por la legislación nacional e internacional en materia de niñez y adolescencia.
En su resolución, Gulminelli sostuvo que las falencias observadas afectan derechos protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de La Habana para menores privados de libertad y las leyes provinciales que regulan el sistema penal juvenil.
Jóvenes encerrados durante meses en un centro de alojamiento transitorio
Uno de los puntos más críticos señalados por la jueza corresponde al funcionamiento del Centro Especializado de Aprehensión (CEA), un dispositivo pensado para alojamientos breves, con un máximo legal de cinco días.
Sin embargo, durante la inspección se constató la presencia de adolescentes que llevaban 6, 27 y hasta 83 días alojados en el lugar. La situación más grave era la de un joven que al momento de la resolución acumulaba 109 días de permanencia, pese a que el establecimiento no está diseñado para estadías prolongadas.
La magistrada recordó que ya había intimado en varias oportunidades a la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil para regularizar esas situaciones, sin obtener respuestas satisfactorias.
Encierro las 24 horas y sin actividades
La resolución también describe condiciones especialmente preocupantes dentro del CEA.
Según el informe, los adolescentes permanecían encerrados las 24 horas del día dentro de sus celdas, sin acceso a espacios recreativos, actividades educativas ni visitas. Incluso recibían los alimentos dentro de las propias celdas.
Para Gulminelli, este régimen de aislamiento prolongado podría constituir un trato cruel, inhumano o degradante, contrario a los estándares internacionales de protección de derechos de niños y adolescentes privados de libertad.
Cuestionamientos al régimen disciplinario
Otra de las observaciones centrales recayó sobre el funcionamiento del Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatoria (CSPLA).
Durante la visita se detectó que los jóvenes desconocían el protocolo de sanciones y los derechos que les asisten frente a medidas disciplinarias. Además, se constató la utilización sistemática del denominado «engome» —aislamiento en celda— como sanción, sin procedimientos formales ni registros adecuados.
La jueza también cuestionó la práctica de retirar colchones a los adolescentes sancionados y señaló que las medidas disciplinarias no eran documentadas en los legajos personales. Según la resolución, estas prácticas incumplen tanto las normas internacionales como la normativa provincial vigente.
Problemas edilicios, sanitarios y de seguridad
El informe también detectó deficiencias comunes en los tres centros visitados.
Entre ellas se mencionan problemas de infraestructura, mantenimiento deficiente de sanitarios, falta de equipamiento médico de emergencia, dudas sobre la potabilidad del agua y falencias en los sistemas de prevención y combate de incendios.
Asimismo, la magistrada advirtió que en algunos establecimientos convivían jóvenes procesados y condenados, una situación que contraviene los estándares internacionales y la legislación provincial.
Las medidas ordenadas
Frente a este escenario, Gulminelli intimó al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia a regularizar en un plazo de diez días hábiles la situación de alojamiento en el CEA y a presentar, en un máximo de treinta días, un plan integral de adecuación.
Entre las medidas exigidas figuran la habilitación de espacios recreativos, la implementación de actividades educativas, la reparación de sanitarios, la instalación de equipos de climatización, cámaras de monitoreo, sistemas contra incendios, desfibriladores y la certificación de la calidad del agua.
También ordenó modificar el régimen disciplinario del CSPLA, erradicar el aislamiento sistemático como castigo, separar a jóvenes procesados de condenados y mejorar las condiciones generales de higiene y mantenimiento.
En el Centro Socioeducativo de Contención dispuso reparaciones sanitarias, cobertura médica, instalación de detectores de humo, mejoras en la iluminación perimetral y controles sobre la potabilidad del agua.
Advertencia de sanciones
La jueza ordenó que el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia informe el cumplimiento de cada una de las medidas y acompañe documentación respaldatoria. Además, advirtió que el incumplimiento podría derivar en sanciones conminatorias y denuncias penales contra los funcionarios responsables.
La resolución fue comunicada a los juzgados, fiscalías y defensorías del fuero penal juvenil, así como a los organismos de seguimiento encargados de monitorear las condiciones de encierro de adolescentes en la provincia.