El caso avanza con nuevas medidas de prueba, declaraciones de funcionarios y concejales, pedidos impulsados por la querella y cambios en la composición de la empresa Minella Stadium S.A. Las claves de una investigación que busca reconstruir cómo se adjudicó uno de los contratos públicos más importantes de los últimos años en Mar del Plata.
Por Juma Lamacchia
La investigación judicial sobre la licitación del Estadio Minella y Polideportivo Islas Malvinas suma un nuevo capítulo. Luego de las declaraciones de los concejales Horacio Taccone y Diego García, y el Secretario de Desarrollo Local e Inversiones e Integración Público Privada General Pueyrredon Guillermo Volponi, la querella impulsada por la ONG Mirada Ciudadana, solicitó nuevos pedidos de pruebas mientras crece el debate político por la falta de avances y plan de obras por parte de Minella Stadium S.A.
Bajo el rol de querellante, Mirada Ciudadana impulsó una serie de requerimientos probatorios enfocados en desentrañar la adjudicación y el estado patrimonial de la firma. Los pedidos incluyen informes de la IGJ y la Agencia de Recaudación sobre la sociedad, datos de Camuzzi y Edea sobre deudas y cortes de suministro, y el acceso a los registros del Concejo Deliberante relativos al pliego y la licitación.
Asimismo, se requirió a la AFA precisiones sobre el supuesto convenio con la empresa y si existió un acuerdo firmado para que el estadio Minella reciba partidos de las distintas selecciones nacionales. La solicitud se extiende al Banco Central para rastrear la operatoria de cheques rechazados y a tribunales locales y de Brasil por antecedentes de firmas ligadas a Eduardo Spinosa. Finalmente, se exige una inspección ocular inmediata del estadio y el polideportivo, junto al análisis de actas de infracción y planes de obra del Emder.
¿Qué busca probar la investigación?
En diálogo con BACAP, el abogado querellante César Sivo, explicó que la investigación busca verificar qué controlaron los funcionarios al momento de la preadjudicación, si hicieron todo lo que debían hacer teniendo en cuenta que el Municipio estaba cediendo bienes públicos durante 40 años, cuánto había de realidad y cuánto de ficción en la oferta presentada, cuáles fueron los niveles de incumplimiento del concesionario desde que tomó posesión y cuáles fueron las acciones u omisiones del Estado frente a esa situación. También habló sobre los riesgos reales que hay en ambos estadios, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran y los espacios de altura que tiene el Minella. En este sentido, la investigación no apunta únicamente a la empresa sino también al accionar del Municipio antes y después de la adjudicación.
Cambios en Minella Stadium S.A.
La reconfiguración interna de Minella Stadium S.A. tomó estado público el pasado 16 de julio tras su oficialización en el Boletín Oficial. Esta nueva etapa marca el desembarco de figuras ligadas a Fénix Entertainment, la firma de Marcelo Fígoli, desplazando de la cúpula a Eduardo Spinosa y Pablo Trevisán, caras visibles de la propuesta original durante la licitación. En tanto, la sociedad mantiene la participación accionaria de ProEnter dentro de la estructura de la actual concesionaria.
El arribo de directivos vinculados a Fénix Entertainment adquiere una dimensión estratégica dado el peso de la firma en el mercado del espectáculo. Recientemente, la compañía formalizó una unión con los gigantes AEG Worldwide y CMN con el fin de disputar la gestión de Tecnópolis, compitiendo directamente contra la alianza conformada por La Nación y Live Nation. Esta trayectoria posiciona a los actuales miembros de Minella Stadium S.A. como parte de un conglomerado líder en la producción de eventos masivos a nivel regional.
Para Sivo, la reestructuración societaria no constituye un hecho aislado, sino que podría aportar nuevos elementos a la causa. «Quizás, por un lado, sumen nuevos implicados y, por el otro, evidencien la desesperada actuación de funcionarios que, lejos de defender la cosa pública, se empeñan en regalarla ilegalmente. Dejar entrar a alguien sería casi la confirmación de la especie«, afirmó.
Por dónde avanza la causa judicial
Mientras la Fiscalía de Delitos Económicos avanza con el análisis de la documentación y el libramiento de los oficios solicitados, quienes impulsaron las denuncias consideran que esta etapa será determinante para establecer si existieron irregularidades durante la adjudicación y la posterior ejecución de la concesión.
Para César Sivo, el progreso en la recolección de pruebas es fundamental para la instrucción. “Todo lo que sea producir medidas, es un avance. Ya los oficios se están diligenciando. Con sus resultados podremos ver muchas cosas y posiblemente entendamos los serios problemas de liquidez de un supuesto grupo inversor que ni puede pagar los servicios y pretende hacer creer que están en condiciones de afrontar 40 millones de dólares de inversión.”, sentenció.
Bajo la órbita de la fiscalía, fueron citados a declarar los concejales Diego García (Unión por la Patria) y Horacio Taccone (Acción Marplatense), junto al funcionario Guillermo Volponi. En diálogo con BACAP, García evitó profundizar en los detalles de su declaración, aunque ratificó su postura pública sobre la ausencia de obras y la falta de presentación de cronogramas de inversión por parte de la firma. Ante este panorama, el concejal subrayó la necesidad de que el Estado municipal opte por dar por finalizado el vínculo contractual y convoque a una nueva instancia licitatoria.
Por su parte, Taccone confirmó a este medio haber ratificado en sede judicial los cuestionamientos vertidos en el recinto deliberativo, asegurando no tener “nada que omitir”. Al referirse al giro en la cúpula de Minella Stadium S.A., calificó de “una vergüenza” el silencio oficial del Municipio frente a modificaciones societarias que trascendieron únicamente por vía periodística.
El referente de Acción Marplatense también se inclinó por la rescisión, aunque planteó matices según el área. Mientras sostuvo que el Polideportivo y los sectores comunes deberían permanecer bajo gestión pública -a menos que surja una propuesta superadora para el interés local-, consideró necesario buscar un nuevo operador para el Estadio Minella, siempre que las condiciones resulten sustancialmente favorables para la comunidad.
BACAP también consultó a Volponi sobre su declaración y el avance de la investigación, pero no obtuvo respuesta. Tampoco obtuvo respuesta a las consultas realizadas al Gobierno local sobre la investigación judicial y la situación de la concesión.
Posible vínculo con lavados de activos
Además de las medidas vinculadas con la concesión, la querella solicitó incorporar al expediente una causa que tramita en la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Según explicó Sivo, el objetivo es que la Fiscalía pueda analizar la documentación de esa investigación y determinar si resulta relevante para el expediente que se sigue en Mar del Plata.
«Hay una causa de lavado muy grande en Brasil en la que está incluido Revee y otra en Argentina en la que está incluido Eduardo Spinosa, quien era director de Minella Stadium S.A. Por eso pedimos que la causa de Lomas nos envíe copia. En la imputación que le hacen a Spinosa aparece que la operación del estadio Minella era parte de una maniobra de lavado. Eso está específicamente en la causa de Lomas», afirmó.
Para Sivo, esa información también es relevante porque entiende que los funcionarios públicos tenían la obligación de extremar los controles antes de adjudicar una concesión de estas características. «Los funcionarios públicos tienen la obligación de evitar posibles maniobras de lavado. Eso los obliga a redoblar los esfuerzos para verificar el origen de los fondos, sobre todo cuando hay grandes montos, como una licitación por 40 años», sostuvo.
El abogado agregó que el expediente administrativo de la licitación ya fue remitido a la Justicia Federal de Lomas de Zamora. «La Municipalidad tuvo que mandar el expediente completo y hoy forma parte de esa causa», concluyó.
La causa comienza a buscar respuestas sobre un aspecto que atraviesa toda la investigación: no sólo qué ocurrió después de la adjudicación de la concesión, sino también qué controles realizó el Estado antes de entregar por 40 años uno de los bienes públicos más importantes de Mar del Plata y si verificó que el grupo empresario reuniera las condiciones necesarias para cumplir con el proyecto presentado.