El oficialismo busca discutir el pliego para licitar el servicio de colectivos en una comisión paralela y la oposición advirtió sobre un “limbo legal”. El Ejecutivo le dio al tribunal N°º3 competencia exclusiva para analizar las fotomultas.
Cruces por el pliego
Esta semana se retomó el debate sobre el pliego para licitar el servicio de transporte público y, una vez más, por pedido del oficialismo, se volvió a modificar la metodología de trabajo.
El presidente de la comisión de Movilidad Urbana, Guido García (Coalición Cívica), solicitó conformar una especie de comisión especial, o “área de trabajo” paralela, para analizar cambios al proyecto del Ejecutivo para concesionar por 20 años el servicio de colectivos.
Ese ámbito empezaría a reunirse el próximo lunes, con representantes de cada bloque legislativo y funcionarios del gabinete municipal.
La iniciativa fue rechazada por la oposición, que insistió en que los funcionarios asistan directamente a Movilidad Urbana para tener un ida y vuelta, sin dilaciones.
García defendió su idea al argumentar que este espacio paralelo generaría “un intercambio entre los bloques y el Departamento Ejecutivo”. Esto permitiría un trabajo más “dinámico”.
“A partir de la sistematización en el ámbito de esa comisión, luego se podría volver ya con un despacho consensuado a Movilidad Urbana para darle el tratamiento definitivo”, agregó el edil.
La propuesta incluso generó diferencias en el seno del propio oficialismo. Vilma Baragiola (UCR) abandonó el plenario tras la sugerencia de García, aunque quedó su compañero de bancada, Ricardo Liceaga Viñas, quien se mostró más conciliador.
En la oposición, una de las principales advertencias surgió de Mariana Cuesta, presidenta del bloque de Unión por la Patria. La edil señaló que conformar una comisión “especial” contradice la normativa vigente.
Según el artículo 51° del reglamento interno, la creación de una comisión especial debe establecerse mediante un decreto del Legislativo en el que se fijarán “clara y expresamente sus misiones y funciones”. De esta manera, no se puede mocionar para conformar esa área de trabajo sin ese paso previo.
“Planteamos un ámbito de trabajo colectivo”, retrucó García. Sin mayores definiciones, la creación de esa nueva comisión no fue votada, ni tampoco hubo hasta el momento un decreto desde la conducción del Legislativo, por lo que quedó dentro de la informalidad.
“Un limbo legal”, señalaron desde la oposición en los pasillos del Palacio Municipal tras el plenario. De esta manera, en medio de la confusión, el pliego de transporte será tratado, en principio, el próximo lunes.
Juzgado de Faltas
El Ejecutivo reorganizó la distribución de tareas en los cinco Juzgados de Faltas y determinó que el Nº 3 tendrá competencia exclusiva para las fotomultas.
La novedad se dio luego de que, en octubre de 2025, el Concejo aprobara los nombramientos de cargos vacantes desde hacía años.
Franklin Llan de Rosos, Paula Hernández y Leandro Gabás asumieron en los tribunales Nº 1, 2 y 5, respectivamente. Y se sumaron a Pedro Martucci y Fernando Mumare, que ya ocupaban los juzgados Nº 3 y 4.
A través de un decreto, el Ejecutivo determinó que los Juzgados N° 1, 2 y 5 se encargarán de las infracciones de transporte y tránsito constatadas en el distrito, con excepción de las fotomultas, aquellas detectadas mediante cinemómetros fijos y controladores de semáforos.
Estas faltas serán analizadas por el tribunal Nº3. El cambio ocurre a pocos meses de que expire el convenio entre el Municipio y la Universidad San Martín, que puso en funcionamiento el sistema de fotomultas en diciembre de 2021, con un plazo de cinco años.
Por otro lado, el Juzgado de Faltas N° 4 continuará abocado al juzgamiento y la aplicación de sanciones en materia de Defensa del Consumidor.