El abogado César Sivo, representante de la ONG Mirada Ciudadana, cuestionó la decisión de la Fiscalía General de desestimar la denuncia por la concesión del estadio y el Polideportivo. Aseguró que la causa no está definitivamente cerrada y adelantó que evalúan solicitar que la investigación se traslade a otro departamento judicial.
La decisión de la Fiscalía General de confirmar la desestimación de la denuncia penal por la concesión del estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas abrió un nuevo capítulo en la disputa judicial. Después de que el intendente Guillermo Montenegro asegurara que la causa estaba cerrada, el abogado César Sivo, representante de la ONG Mirada Ciudadana, cuestionó la resolución y afirmó que todavía existen caminos legales para impulsar la investigación.
En diálogo con BACAP, Sivo sostuvo que la Fiscalía «no analizó adecuadamente» la presentación realizada por la organización, en la que se detallaban presuntos delitos y se solicitaban medidas de prueba. Además, adelantó que estudian la posibilidad de requerir que la investigación continúe en otro departamento judicial.
“No está cerrada. Para que estuviera cerrada debería tener dictado un sobreseimiento definitivo, que eso es lo que cierra una causa, o una sentencia definitiva”, afirmó el abogado.
La declaración responde directamente a lo expresado por Montenegro, quien había asegurado en conferencia de prensa: “La causa fue cerrada y eso no me preocupa. Tengo muchísima tranquilidad”.
El cuestionamiento a la Fiscalía
Uno de los principales argumentos de Sivo es que los fiscales habrían tomado como objeto de análisis la denuncia inicial presentada por el fiscal general federal Juan Manuel Pettigiani, basada en publicaciones periodísticas, sin incorporar adecuadamente la posterior presentación de Mirada Ciudadana.
Según explicó, la organización presentó un escrito en el que precisó los hechos que consideraba delictivos, identificó posibles figuras penales y solicitó distintas medidas de investigación.
“Nosotros presentamos un escrito dando detalles de los delitos, pidiendo que intervenga la Justicia Federal, marcando todas las pruebas que hay que hacer”, señaló.
Entre las figuras penales que mencionó se encuentran el libramiento de cheques sin fondos, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la malversación de caudales públicos. Se trata de hipótesis planteadas por los denunciantes, cuya existencia no fue acreditada judicialmente.
Sivo cuestionó que la desestimación se hubiera sustentado en un análisis anterior a esa presentación.
“Sin tener ese escrito a la vista, desestima la denuncia”, sostuvo, y agregó que, después de advertir la situación, la Fiscalía volvió a remitirse a las conclusiones iniciales.
Para el abogado, la investigación debió contemplar la totalidad de los hechos denunciados y las pruebas propuestas, en lugar de limitarse a los alcances de la presentación original.
¿Un conflicto administrativo o un posible delito?
La Fiscalía General sostuvo que las decisiones vinculadas con la concesión del estadio pertenecen al ámbito político y administrativo y que los eventuales incumplimientos contractuales deben resolverse mediante los mecanismos de control correspondientes.
En esa línea, consideró que la falta de cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria no constituye, por sí misma, un delito y que el Municipio dispone de herramientas para exigir su cumplimiento o eventualmente rescindir el contrato.
Sivo rechazó ese razonamiento. Su principal objeción es que remitir el conflicto exclusivamente a la vía administrativa supone dejar los controles en manos de los mismos funcionarios cuya actuación cuestiona la denuncia.
“Lo que acá se dice es que no hay voluntad de hacerlo cumplir justamente porque hay un montón de cosas irregulares. Entonces, el derecho administrativo no te va a solucionar esto, porque quien debe ejercer ese poder es el Poder Ejecutivo”, afirmó.
Desde esa perspectiva, el abogado considera que la actuación de los funcionarios municipales también debería ser objeto de investigación, en lugar de quedar excluida del análisis penal.
La Fiscalía General, por su parte, había señalado que no corresponde al Ministerio Público actuar como auditor de la gestión administrativa y que la existencia de incumplimientos no alcanza para demostrar responsabilidades penales.
La posibilidad de trasladar la investigación
Más allá de sus críticas a la resolución, Sivo aseguró que Mirada Ciudadana no considera agotadas las alternativas judiciales.
“Hay control de legalidad, hay posibilidades de intervención de tribunales superiores, hay posibilidades de pedir que se revise la conducta de los fiscales”, enumeró.
En particular, reveló que están evaluando solicitar un cambio de jurisdicción para que la investigación pueda desarrollarse en otro departamento judicial.
“Estamos analizando también la posibilidad de pedir traslado de jurisdicción, que esto es algo que se puede hacer y que se ha hecho en otros departamentos judiciales”, explicó.
Según el abogado, esa alternativa permitiría que los hechos fueran examinados fuera de Mar del Plata si se considerara que no existen garantías suficientes para llevar adelante la investigación en el ámbito local.
Por el momento, se trata de una posibilidad bajo análisis y no de una presentación judicial concretada, según lo manifestado por el propio Sivo.
Los fondos de la concesionaria y la investigación federal
Otro de los puntos que Mirada Ciudadana pretende mantener bajo investigación es el origen de los fondos vinculados con la concesionaria Minella Stadium.
En su resolución, la Fiscalía General reconoció que los cuestionamientos sobre el ingreso de REVEE Real Estate Venues & Entertainment SA como accionista mayoritaria y sus posibles vinculaciones con Banco Master y REAG excederían la competencia de la Justicia provincial.
Sivo insistió en que esas cuestiones deben investigarse en el fuero federal y vinculó sus interrogantes con los anuncios de obras realizados por Montenegro.
“Si de golpe apareció la plata después que no pagaban nada, habría que ver de dónde salió. Por eso hay que mirar las cuentas”, expresó.
El abogado también afirmó que existen actuaciones en el ámbito federal relacionadas con el origen de los fondos y con Brasil. Sin embargo, sus declaraciones no permiten establecer el estado procesal preciso de esos expedientes ni determinar si existe una investigación penal contra la concesionaria por lavado de activos.
Una disputa que todavía no terminó
La confirmación de la desestimación representa, por ahora, el cierre de la instancia de investigación penal provincial impulsada a partir de la denuncia, aunque Sivo sostiene que esa decisión no equivale a un pronunciamiento judicial definitivo sobre los hechos.
Mientras Montenegro celebra la resolución y anuncia el inicio de obras para recuperar la actividad del estadio, Mirada Ciudadana anticipa que continuará buscando alternativas para que se investiguen las presuntas irregularidades.
“Quedan muchos caminos por recorrer y muchas posibilidades”, afirmó Sivo, antes de anticipar que la organización pretende avanzar por esas vías.
El conflicto por la concesión del Minella continúa así en dos planos: el administrativo, donde el Municipio conserva la responsabilidad de controlar el cumplimiento del contrato y autorizar los cambios accionarios pendientes, y el judicial, donde los denunciantes todavía buscan revertir la decisión de no avanzar con la investigación penal.