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marzo 26, 2026

Proyecto que modifica la Ley de Glaciares: científicos y ONGs expresan su preocupación

glaciares
Tanto geólogos como organizaciones ambientalistas consideran que la nueva ley implicaría un retroceso en materia ambiental. Este miércoles y jueves se llevan adelante las audiencias públicas donde participan cerca de 300 de los más de 102 mil inscriptos para exponer su posición.

 

Este jueves se lleva adelante la segunda jornada de las audiencias públicas, convocadas por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, por el proyecto que busca modificar la Ley de Glaciares (26.639), impulsada por el Gobierno nacional, que ya recibió media sanción en el Senado.

Este miércoles se realizó una jornada presencial, donde participaron más de 90 oradores de diversas organizaciones y este jueves se estima que participarán 200 expositores de forma virtual.

En total, más de 102 mil personas se anotaron para participar de las audiencias públicas. Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), uno de los expositores de la jornada del miércoles, cuenta a Bacap que más del 99 % de los inscriptos no va a poder participar y, por lo tanto, no van a poder expresarse en la audiencia.

“Va a generar un conflicto, sin duda, no sé si presente, pero sí futuro a la Cámara de Diputados y a la propia sanción de la ley, porque va a haber muchos reclamos judiciales. Esto no se quiso hacer graciosamente, se hizo para cumplir con un acuerdo internacional, que es el Acuerdo de Escazú. Esto no tiene de abierto e inclusivo absolutamente nada y mucho menos de audiencia pública”, apunta Napoli. El Acuerdo de Escazú, que Argentina ratificó por ley, compromete a los países adheridos a llevar adelante procesos de participación pública en la toma de decisiones vinculadas a temas ambientales.

Una ley que implica un retroceso

Desde el Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario “Dr. Jorge E. Schnack” (IGCyC), de la UNMDP y la CIC, el pasado 19 de marzo enviaron una nota a las autoridades y vocales de las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y la de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en la que expresaron su preocupación por el proyecto que busca reformar la Ley N°26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

En ese documento, desde la institución marplatense advirtieron que “si esta se lleva adelante sería un grave retroceso en materia ambiental que afectaría la calidad del ambiente, impactaría negativamente en los procesos productivos que dependen del agua, la biodiversidad y en la salud de las personas”.

En diálogo con Bacap, el director del instituto, Daniel Martínez, destaca la importancia de la ley vigente, que fue alcanzada tras un consenso y luego de un trabajo meticuloso del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA), donde trabajan los principales especialistas en la materia del país.

“Se había alcanzado un acuerdo de protección de las zonas glaciares y periglaciares, como un acuerdo en la protección de reservas hidrológicas y de sistemas de agua congelada, pero que permiten regular también el comportamiento hídrico de cuencas hídricas y recarga de acuíferos y ecosistemas relacionados. Esta modificación abre diversas posibilidades de interpretación y pone en riesgo muchos ambientes, especialmente los periglaciares, que no están explícitamente considerados”, afirma Martínez, doctor en Ciencias Geológicas e investigador del CONICET.

La Ley de Glaciares estableció la realización de un inventario de glaciares y que no se pueden llevar adelante exploraciones mineras o hidrocarburíferas en aquellos lugares donde existan glaciares o ambiente periglacial.

El director del IANIGLIA, Pablo Villagra, durante las audiencias públicas expresó: “El inventario Nacional de Glaciares incluye todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombro, de más de una hectárea, a lo largo de toda la cordillera, incluyendo las islas del Atlántico sur. Se detectaron 16.078 glaciares en el área continental y casi 17.000 incluyendo las islas, y es casi el 0,8 % de la superficie de la cordillera, no del país, de la cordillera”.

La ley aprobada en senadores no representa una mejora respecto a la ley vigente, porque deja áreas con hielo sin proteger, no elimina las ambigüedades planteadas, sino que, por el contrario, genera nuevas ambigüedades, y porque desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina a decisiones políticas de las autoridades competentes de cada provincia”, expuso el especialista del IANIGLIA.

Napoli reclama que, en el nuevo proyecto, el inventario “ya queda en duda porque las provincias van a tener que constatar si los glaciares que tienen en sus territorios son considerados reserva hídrica estratégica”. En este sentido, destaca: “Vamos a pasar de un sistema científico, que lleva adelante el IANIGLIA, a un criterio de definición política. Van a ser las provincias las que van a decir si un glaciar es de reserva estratégica o no”.

En paralelo, el director de la FARN indica que el nuevo proyecto habla de la explotación minera en glaciares y en geoformas periglaciares. “Las geoformas periglaciares generalmente son los glaciares de escombro y son los que, en definitiva, necesitan tener liberados en este momento porque los proyectos que promueven están situados sobre glaciares de escombros”, apunta.

Por su parte, Martínez resalta que “la nueva normativa deja de lado algo que estaba implícito en la anterior y que, de alguna manera, está en la Constitución de 1994, que es una ley de presupuestos mínimos, una ley de preservación ambiental”. En este punto, comenta que “según eso, una vez definidos unos criterios de preservación del ambiente, las provincias pueden tomar acciones individuales y diferentes, pero siempre que sean aún más restrictivas que la propia ley, no para ser más permisivos”.

El “Indio” Solari se manifestó en contra de la modificación de la Ley de Glaciares en X.

 

Napoli agrega que el nuevo proyecto “altera la Constitución, porque la Constitución establece que, si bien las provincias son titulares de sus recursos naturales, la Nación fija el piso mínimo de protección”. Y continúa: “Acá se da vuelta, y son las provincias las que van a fijar el piso de protección, lo cual engloba una reforma constitucional encubierta. Por otro lado, también es una ley regresiva porque claramente va a proteger menos”.

Los glaciares y el valor del recurso hídrico

Todo glaciar, en tanto masa de agua congelada, tiene importancia hídrica. Martínez sostiene que “todos los glaciares, sea cual sea su tamaño, acumulan la nieve, se compactan y actúan como reservas de agua”. Asimismo, remarca: “El hielo contenido en los glaciares tiene desde algunos cientos hasta miles de años o décadas dependiendo del tamaño, es decir, no es algo que se pueda regenerar rápidamente, y esa agua, sobre todo en la base del glaciar, se funde, se deshiela y se infiltra recargando acuíferos o también forman las corrientes iniciales de montaña que luego terminan formando ríos, y algunos ríos muy importantes”.

Por ello, es fundamental el cuidado del agua dulce, ya que los glaciares funcionan como reguladores de agua y almacenan agua en regiones de menor altura. “Como no hace tanto frío, el clima es muy árido, el agua no se conserva, la liberan y proveen agua durante todo el año. Esa es la función fundamental que están cumpliendo los glaciares”, describe.

La mirada desde la Costa Atlántica

Las más afectadas por la explotación minera son las comunidades locales, ya que, como indica la nota del IGCyC, la actividad impacta de manera negativa en el recurso hídrico, en los procesos productivos, en la biodiversidad y en la salud de las personas.

Pero también es posible pensar en impactos en la costa atlántica. En este punto, para Martínez, la explotación minera podría acentuar los efectos del cambio climático en los glaciares andinos de Argentina. Esto es importante porque, según el geólogo, el retroceso de glaciares y la desglaciación por cambio climático va a producir aumento del nivel del mar con un impacto directo sobre nuestra costa”.

Martínez también afirma que el avance de la actividad minera sobre los glaciares podría impactar sobre la producción de energía hidroeléctrica en la Patagonia. “Todos los glaciares que están en la provincia de Neuquén, como el Piedra del Águila o la represa de El Chocón-Cerros Colorados, son represas destinadas a producir energía eléctrica que si, por retracciones a presión de esos glaciares, esa energía no se puede producir, esa energía nos abastece porque estamos interconectados al sistema eléctrico nacional, y recibimos energía eléctrica de esos lugares también. Eso puede ser un impacto que tengamos de manera más o menos directa o indirecta”, comenta.

Más allá de los próximos pasos en Diputados del proyecto que modifica la Ley de Glaciares -podría tratarse en el recinto a principios de abril-, la enorme cantidad de inscriptos a las audiencias públicas muestra la gran preocupación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones científicas y la comunidad general por esta normativa que implicaría un grave retroceso en el cuidado de los glaciares de nuestro país.

Foto: Glaciar Piedras Blancas (Santa Cruz). Crédito: Dra. Laura Zalazar.

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