En los últimos diez días se registraron más de 70 amenazas en Mar del Plata en el marco de un fenómeno que se replicó en escuelas de todo el país. La Justicia investiga los casos y sanciona económicamente a los padres de los responsables, mientras que las instituciones activaron protocolos de seguridad y convivencia.
Por Juan Salas
Durante los últimos diez días, escuelas secundarias de todo el país atravesaron un clima de incertidumbre marcado por amenazas de tiroteos que comenzaron a circular en redes sociales y también aparecieron escritas dentro de los propios establecimientos. Lo que en algunos casos empezó como mensajes anónimos o inscripciones en baños terminó activando protocolos institucionales, denuncias judiciales y operativos policiales.
El fenómeno también tuvo su réplica en Mar del Plata. En ese mismo período se registraron más de 70 amenazas —entre advertencias de tiroteos y mensajes de bomba— que obligaron a activar dispositivos de prevención en distintos establecimientos educativos, incluyendo algunas escuelas primarias. La situación derivó en intervenciones del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y generó preocupación entre autoridades escolares, docentes y familias.
Las investigaciones quedaron en manos de los fiscales Marcelo Yanez Urrutia y Walter Martínez Soto, quienes trabajan para determinar el origen de los mensajes y establecer responsabilidades. En paralelo, desde la Fiscalía General de Mar del Plata se resolvió avanzar en un criterio que apunta a responsabilizar económicamente a las familias cuando se compruebe la autoría de este tipo de hechos.
La medida se apoya en lo establecido por el artículo 1754 del Código Civil y Comercial, que permite responsabilizar patrimonialmente a los progenitores por los daños ocasionados por sus hijos menores, incluyendo los costos derivados de operativos policiales, movilización de bomberos o interrupción de las actividades escolares.
Mientras las amenazas comenzaron a mermar en los últimos días, las autoridades buscan determinar si se trató de un reto viral, de un fenómeno de imitación —conocido como efecto copycat— o si algunos casos pueden estar vinculados a comunidades digitales que consumen y reproducen contenidos relacionados con ataques escolares.
Un caso que ayuda a entender el fenómeno
Uno de los episodios investigados en Mar del Plata permite dimensionar cómo se desarrollaron algunas de estas amenazas dentro de las escuelas.
La Justicia investiga a tres estudiantes de un colegio privado de la ciudad por presuntas amenazas de tiroteo escritas en los baños del establecimiento. La causa se inició a partir de una denuncia realizada por la representante legal del Colegio Nuestra Señora del Camino, ubicado en la zona de Marconi al 4000, luego de que el 16 de abril se detectara una inscripción en la puerta del sector de baños de la escuela secundaria (DIEGEP 7029) con la frase: “Lunes 20/4 tiroteo, los voy a matar a todos”.
Tras el hallazgo, el equipo directivo y preceptores recorrieron las aulas para dialogar con los estudiantes y advertir sobre la gravedad de la situación. En ese contexto, un alumno indicó que sabía quiénes podrían ser los responsables.
A partir de esa información y del análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento, las autoridades escolares detectaron que tres estudiantes se encontraban en el sector de los baños en el momento señalado.
La denuncia también dejó constancia de un episodio ocurrido el día anterior en la escuela primaria vinculada al mismo colegio (DIEGEP 198), ubicada en avenida Juan B. Justo al 5100, donde apareció otra inscripción que advertía: “Mañana habrá tiroteo”.
La causa quedó a cargo del fiscal Walter Martínez Soto, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Los tres adolescentes —dos de 17 años y uno de 16— fueron notificados de la formación de una causa por intimidación pública, mientras que durante el procedimiento se secuestraron tres teléfonos celulares que serán analizados en el marco de la investigación.
Según se informó, uno de los estudiantes reconoció su responsabilidad ante las autoridades del colegio, manifestó arrepentimiento y pidió que no se responsabilizara a sus padres por lo ocurrido.
El protocolo que bajó la Provincia
Frente a la aparición de amenazas en distintas escuelas, el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires difundió orientaciones específicas para que las instituciones educativas actúen ante mensajes intimidatorios o la eventual presencia de armas en el ámbito escolar.
El documento establece que las instituciones deben intervenir bajo los principios de celeridad, protección y corresponsabilidad, priorizando en todo momento el cuidado de la vida y la integridad física y emocional de estudiantes, docentes y personal educativo.
Entre las medidas previstas se indica que, ante la detección de mensajes con contenido amenazante —ya sea en cartelería, paredes, baños o soportes digitales—, el personal del establecimiento debe informar de inmediato al equipo directivo, que a su vez debe dar aviso a las inspectoras o inspectores de enseñanza y a las autoridades educativas distritales y regionales.
El protocolo también establece que el director del establecimiento debe radicar la denuncia correspondiente ante la fiscalía o la dependencia judicial del distrito para iniciar la investigación. En esa etapa inicial se recomienda evitar la identificación pública de estudiantes para proteger sus derechos.
En paralelo, distintos establecimientos educativos comenzaron a enviar comunicaciones a las familias para llevar tranquilidad y explicar las medidas adoptadas. En esos mensajes se advertía que este tipo de conductas, aun cuando puedan presentarse como “bromas” o desafíos, generan preocupación, activan dispositivos de seguridad y pueden acarrear consecuencias legales.
En algunos casos, incluso, las instituciones adoptaron medidas preventivas adicionales, como restricciones al ingreso con mochilas o controles más estrictos en los accesos, mientras se reforzaban los acuerdos de convivencia y las acciones de prevención.
La respuesta de la Justicia
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que la aparición de amenazas de este tipo en establecimientos educativos es investigada bajo la figura penal de intimidación pública, un delito que puede implicar consecuencias judiciales incluso cuando los responsables son menores de edad.
El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, explicó que el fenómeno generó preocupación en el sistema judicial.
“La preocupación es total. No solo de la Fiscalía General de Mar del Plata: los fiscales generales y la Procuración estamos en permanente comunicación porque este fenómeno se ha visto en distintos puntos de la provincia”, señaló.
Garello remarcó que, cuando los responsables son adolescentes, cada caso se analiza de manera particular.
En ese marco, la Fiscalía General resolvió avanzar con la aplicación del artículo 1754 del Código Civil y Comercial para responsabilizar económicamente a los progenitores por los daños ocasionados por sus hijos menores, incluyendo los costos de operativos policiales, movilización de recursos y suspensión de actividades escolares.
“Cuando hay un mensaje de estas características se ponen en marcha dispositivos que pueden involucrar personal policial, bomberos o brigadas especiales. Todo eso implica costos y también distrae recursos que podrían estar destinados a otras tareas”, explicó.
En ese sentido, señaló que uno de los objetivos del criterio adoptado por la Fiscalía es generar conciencia sobre las consecuencias de este tipo de conductas, incluso cuando son presentadas como bromas.
“Muchas veces los propios padres se acercan inmediatamente cuando se logra identificar a los responsables, porque también son los primeros sorprendidos por lo que ocurrió y quieren colaborar para reparar el daño”, sostuvo.
La mirada desde las aulas
Desde el ámbito educativo, la preocupación también existe, aunque con un enfoque distinto.
“La escuela refleja lo que está pasando en la sociedad”, señaló Bárbara Ochoa, secretaria general adjunta de Suteba (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires) y profesora de matemática en nivel secundario.
Según explicó, los docentes vienen observando desde hace tiempo distintas situaciones vinculadas a la violencia, pero advierten que el origen del problema no está necesariamente dentro de las instituciones educativas.
“Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que viven en este contexto social. En la escuela nadie te da ni un celular ni un arma”, afirmó.
Para la dirigente sindical, abordar este tipo de situaciones requiere una mirada más amplia y la participación de distintos sectores del Estado y de la comunidad educativa.
“La escuela sola no puede. Necesitamos trabajar con las familias, con salud, con cooperación escolar y con distintos organismos del Estado para poder abordar esta problemática de manera integral”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que los hechos recientes también generaron espacios de reflexión dentro de las aulas, donde docentes y estudiantes dialogaron sobre los límites de ciertas conductas que muchas veces comienzan como bromas.
Según relató, muchos alumnos manifestaron preocupación por lo ocurrido y participaron en actividades pedagógicas vinculadas a la convivencia escolar.
“Los chicos también están preocupados. En la escuela pasan muchas cosas buenas: vienen porque hacen amigos, porque quieren aprender y porque buscan un futuro mejor”, explicó.
Para Ochoa, uno de los desafíos actuales también pasa por comprender el universo digital en el que se mueven los adolescentes.
“Hoy los chicos habitan territorios digitales que muchas veces los adultos desconocemos. Ahí circulan mensajes, desafíos o contenidos que influyen en cómo se relacionan y en cómo interpretan ciertas situaciones”, planteó.
En ese contexto, consideró que las respuestas no pueden limitarse únicamente a sanciones o medidas de control dentro de las escuelas.
“Tenemos que preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo y qué está pasando con nuestros jóvenes. La escuela puede acompañar, puede trabajar pedagógicamente estos temas, pero no puede hacerlo sola”, concluyó.
El antecedente que encendió las alarmas
Para muchos especialistas y autoridades educativas, la ola de amenazas registrada en distintas escuelas del país no puede analizarse sin tener en cuenta el antecedente ocurrido el 30 de marzo en la ciudad santafesina de San Cristóbal: allí un estudiante de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal N.º 40 “Mariano Moreno” y abrió fuego contra sus compañeros dentro del establecimiento. El ataque ocurrió al inicio de la jornada escolar, cuando los alumnos se encontraban en el patio del colegio.
Como consecuencia de los disparos, Ian Cabrera, de 13 años, fue asesinado mientras que otros estudiantes resultaron heridos en medio del pánico que se desató dentro del edificio. El agresor fue reducido por personal de la institución hasta la llegada de la policía, que lo puso a disposición de la Justicia.
En los días posteriores comenzaron a multiplicarse mensajes y amenazas en redes sociales y dentro de establecimientos educativos, lo que llevó a investigadores a considerar la posibilidad de un efecto copycat, un fenómeno por el cual hechos de alto impacto pueden generar imitaciones o desafíos entre adolescentes.
True Crime Community
Este tipo de episodios fue analizado recientemente en un informe elaborado por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que estudia la llamada True Crime Community (TCC): una subcultura digital vinculada al consumo, análisis y, en algunos casos, la emulación de ataques violentos y homicidios masivos, principalmente en establecimientos educativos.
El documento advierte que dentro de estas comunidades digitales circulan contenidos que reinterpretan ataques violentos y a sus perpetradores como figuras admirables, heroicas o legendarias, lo que puede generar procesos de identificación psicológica y, en situaciones extremas, derivar en la planificación de nuevos hechos violentos inspirados en ataques anteriores.
La SAIT, a cargo de Juan Manuel Olima Espel y Armando Antao Cortez, detectó al menos siete investigaciones en curso en Argentina. En un pedido de acceso a la información pública realizado por BACAP las causas se encuentran en distintas jurisdicciones judiciales del país, incluyendo investigaciones radicadas en fiscalías federales de la Ciudad de Buenos Aires, Lomas de Zamora, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y una causa que también tiene intervención en Mar del Plata, pero que ocurrió en Miramar.
Las actuaciones incluyen investigaciones por amenazas, intimidación pública y análisis de actividad en entornos digitales, en algunos casos vinculadas con comunidades que glorifican ataques escolares o promueven conductas violentas entre adolescentes.
Cuando la escuela refleja lo que pasa afuera
Las amenazas registradas en los últimos días comenzaron a mermar y, en muchos casos, las investigaciones preliminares apuntan a bromas, retos virales o intentos de imitación entre adolescentes.
En las escuelas se cruzan hoy distintas dimensiones: el impacto de la violencia social, un contexto de crisis con un Estado en retirada, la influencia de las redes y comunidades digitales, el acceso temprano a contenidos extremos y la fragilidad emocional que atraviesa a muchos adolescentes.
Por eso, mientras la Justicia investiga cada amenaza concreta y las instituciones educativas refuerzan protocolos de prevención, el debate de fondo parece ir mucho más allá de un puñado de mensajes escritos en baños escolares o publicados en redes sociales.
La pregunta que atraviesa a docentes, autoridades y especialistas no es solamente quién escribió esas amenazas, sino qué está pasando en la sociedad para que esas ideas circulen entre adolescentes y encuentren eco en las escuelas.
Porque la escuela no es una isla: es el lugar donde terminan reflejándose las tensiones, conflictos y violencias que atraviesan a la sociedad. Pero también es el lugar donde están las respuestas para poder mejorarla.